A partir de las 10:00 de la mañana de este viernes comenzará la audiencia de cierre definitivo del caso Tomás Bravo, el menor de 3 años desaparecido el 17 de febrero de 2021 y que fue hallado muerto nueve días después en el sector de Caripilún, Región del Biobío.
Se trata de uno de los casos policiales más enigmáticos de los últimos años en el país, y que en ese entonces movilizó a decenas de funcionarios policiales, voluntarios de Bomberos, vecinos e incluso aviones especializados de la Fuerza Aérea para la obtención de imágenes de la zona donde desapareció Tomás.
Sin embargo, toda la investigación ha estado sometida a fuertes cuestionamientos, que van desde la real prolijidad de la búsqueda y las pericias, así como de la propia imputación de Fiscalía.
Y es que desde que se inició la indagatoria, el 2 de marzo de 2021, por parte del Ministerio Público y la PDI, la causa ha sido ampliada en cuatro oportunidades. La última fue el pasado 31 de enero de este año.
Reformalización de único imputado
En principio, se esperaba que al tío abuelo de Tomás se le imputara el delito de homicidio calificado, ya que era la persona que estaba a cargo del niño al momento de su desaparición.
No obstante, la Fiscalía consideró que no hay sustento para continuar esa arista, por lo que este viernes reformalizará al hombre, esta vez por "abandono de menor con resultado de muerte".
Este giro se conoció el 1 de marzo, cuando el ente persecutor recibió los últimos resultados de peritajes enviados al instituto de Ciencias Forentes "Luis Concheiro" de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
Dichos análisis "buscaban establecer o descartar la participación de tres sujetos de interés en la investigación por la muerte del niño T.E.B.G, entre ellos el imputado Jorge Escobar Escobar".
Los peritajes y un testimonio desconocido
Tras la primera formalización, en marzo del 2021, la Fiscalía había pedido prisión preventiva en contra del tío abuelo de Tomás, lo que fue rechazado por el tribunal. "No es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público", señaló la jueza Perla Roa en tal fecha.
En las cuatro oportunidades anteriores que se solicitó ampliar el periodo de investigación, el Ministerio Público solicitó más diligencias, la última fue un peritaje de pruebas con material genético a España, el cual difirió del realizado por el Servicio Médico Legal (SML), permitiendo conclusiones distintas, pero que no aludirían a responsabilidades.
En efecto, fue en diciembre de 2022 cuando la Fiscalía comunicó a los padres del menor el resultado de dicho peritaje, del cual se podrían desprender diligencias que necesitarían más tiempo, por ende, se debería solicitar un nuevo plazo de investigación por 30 días, lo que fue rechazado.
Durante esa ocasión, el abogado por la madre de la víctima, Pelayo Vial apuntó sin dar mayor detalles que las conclusiones del peritaje, "difieren de antecedentes que se tenían hasta ahora en relación al caso, (...) pero no creo que sean suficientes en principio".
Esta semana se conoció también la versión de un voluntario de Bomberos que encontró, el viernes 26 de febrero de 2021, el cuerpo sin vida de Tomás. Según reveló esta semana un reportaje de T13, el voluntario declaró el pasado 29 de abril de 2021 que hubo complicaciones relacionadas a los trabajos de búsqueda.
"Bomberos no sabía a dónde iba a salir a buscar. Todos siempre partían en el puesto de mando. Siempre iba un líder o dos líderes USAR y decían dónde buscar (…) pero no eran expertos en lugares abiertos con esta geografía", sostuvo el voluntario.
Cabe recordar que los restos del menor fueron hallados en una zona que no había sido periciada y próxima a un galpón del sector, ubicado aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde había desaparecido. Fue posterior a ese hallazgo cuando se ordenó la detención de Jorge Escobar Escobar, como sospecho de homicidio simple.
Las dudas y "errores" en el caso
Por cierto, el caso de Tomás Bravo -altamente mediático- es considerado "complejo" para quienes tienen experiencia en la persecución penal; tanto por lo que se consideran "errores" en una imputación "apresurada", como en la principal duda que queda abierta en esta causa: determinar la causa de la muerte del menor. Sin eso, no se puede atribuir un homicidio.
Así lo planteó a Emol Manuel Guerra, ex fiscal y académico de la Universidad San Sebastián, quien afirmó que "sin duda lo que pasó con el menor es un asunto que no es fácil para para ningún investigador, pero creo que además sin duda hubo errores desde el inicio, con una formalización muy temprana por un delito de homicidio, sin tener la causa de la muerte. Me parece a lo menos, aventurado".
"Creo que fue un error del Ministerio Público en ese momento el tomar esa medida de formalización que se debe hacer cuando existen antecedentes que dan cierta plausibilidad o cierta razón", complementó. A su juicio, fue esto lo que terminó por condicionar la investigación, "cuando pudieron hacerse las cosas de manera distinta".
Asimismo, Guerra cree que quizás la mediatización del caso, "la presión pública, haya jugado en contra del Ministerio Público y eso es lo que no debería ocurrir. Por eso emerge también la duda, ¿Por qué formalizaron con una prueba tan básica y luego empezaron a investigar?".
