Fue durante esta mañana, en su visita a la Región del Biobío para conocer de cerca el estado de salud del carabinero que se encuentra en riesgo vital tras ser atropellado este domingo en Concepción, que el general director de la institución, Ricardo Yáñez, envió un potente mensaje al poder legislativo.
"Ya basta, si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes entreguen las herramientas suficientes para que Carabineros salga a trabajar con tranquilidad", dijo el Yañez, quien además solicita que la labor de los uniformados no sea cuestionada por ninguna otra institución.
No es la primera vez que el general director ha instado a las autoridades civiles a cambiar las actuales condiciones y herramientas que tienen los Carabineros para el control del orden público, no obstante, el tenor ocupado este lunes fue más duro que en otras ocasiones.
Por ejemplo, en junio de 2022, en el contexto del asesinato del cabo David Florido en un operativo en Pedro Aguirre Cerda, en mandamás señaló: "Hace años que estamos solicitando que las penas para quienes agreden a carabineros sean más duras y efectivas, y se cumplan. Por eso hago un llamado al Parlamento, para que se tome cartas en el asunto y legisle en esta materia, es urgente y necesario".
¿Pero a qué apuntan las palabras de Yañez? En concreto se refiere a un proyecto de ley presentado por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Carlos Kuschel, Esteban Velásquez y Matías Walker, ingresado el 19 de octubre de 2022.
La moción legislativa que se encuentra en su primer trámite constitucional busca modificar diversos cuerpos legales con el objeto de agravar la sanción aplicable a los delitos que afecten a funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, incorporando la pena accesoria de expulsión del territorio si el hecho es cometido por un foráneo.
"En consecuencia, se propone como iniciativa de ley modificar el Código de Justicia Militar y las leyes orgánicas de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería con el objeto de agravar las penas aplicables ante los delitos de homicidio y lesiones de sus funcionarios, incorporando asimismo una pena accesoria por la cual el condenado por estos mismos delitos, en caso de ser una persona de nacionalidad extranjera, sea expulsada del territorio nacional", señala el escrito ingresado por los parlamentarios.
Básicamente, el proyecto busca sustituir en los artículos 416, 17 y 15 A, la expresión "mayor en su grado máximo" por "perpetuo".
"La institucionalidad en general no puede tolerar que se produzcan ataques a la autoridad en un contexto en que la inseguridad y las estadísticas delictivas arrecian o, en otras palabras, en momentos en que el trabajo policial es apremiante", justifica la iniciativa.
Actualmente, dicho proyecto se encuentra desde su ingreso en la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja a la espera de su discusión.
Uno de los integrantes de esa instancia, el diputado UDI Jorge Alessandri, tras las palabras del general director de Carabineros señaló: "Tiene todo nuestro respaldo. La oposición no se siente interpelada por el general sino motivada".
"Desde la Comisión de Seguridad le hemos puesto acelerador a fondo a normas importantes como la Ley Retamal, la Ley Naín, y también aquella norma que busca cambiar el concepto de proporcionalidad de las fuerzas por el de razonabilidad de la fuerza", señaló el legislador gremialista.
En tanto, el senador Matías Walker manifestó que "tiene razón el general Yáñez. Carabineros requiere más respaldo político, no basta el respaldo legal. Estamos hoy día legislando respecto de las reglas del uso de la fuerza, no solamente para las Fuerzas Armadas, también para Carabineros, y esto va a ser parte de un proyecto de ley que tiene que ingresar ahora en marzo el Gobierno, respecto a un protocolo que suscribimos en enero".
