A tan solo dos días de haber cerrado uno de los nudos más difíciles de su gestión, al llevar a cabo el esperado cambio de gabinete, el Presidente Gabriel Boric y su ministra del Interior, Carolina Tohá, nuevamente tuvieron que prepararse para apagar un nuevo incendio para el Gobierno, esta vez relacionado a la crisis de seguridad en el país.
Todo comenzó debido al delicado estado de salud del cabo primero Alex Salazar, quien fue atropellado por en Concepción durante un procedimiento policial. Ello motivó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a emplazar al Parlamento y exigir más herramientas para que las policías puedan combatir el crimen.
"Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajamos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad", dijo este lunes la máxima autoridad policial.
El llamado fue recibido con molestia por Tohá, quien consideró que Yáñez emitió comentarios de carácter político. Por ello, citó al general a las 08:30 horas del martes para que le diera explicaciones por esa intervención, que aparte de apretar al Congreso, dejó en entredicho la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad pública.
Fue así como el uniformado llegó hasta La Moneda a la hora pactada, pero con nuevas noticias: El estado de salud de Salazar había empeorado y se aproximaba lo peor. Sin embargo, y pese a que la situación del funcionario fue el primer punto de la cita, la secretaria de Estado igual reprendió al general por sus dichos.
La oportunidad escogida para llamar la atención a Yáñez fue cuestionada por la oposición. De hecho, a la misma hora, la alcaldesa de Providencia y principal figura de la centroderecha, Evelyn Matthei, tenia una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la sede del Ejecutivo, donde criticó la decisión de Tohá.
"Lo que requiere Carabineros es respaldo y no llamados a dar explicaciones", dijo la jefa comunal. A ello se sumó que minutos después del encuentro, el cabo Salazar murió producto del traumatismo encéfalo craneano que sufrió, lo que aumentó la presión sobre el Gobierno y el Mandatario.
De hecho, la situación provocó un desajuste en la postura del Ejecutivo, ya que en la noche del lunes, el jefe de Estado apareció en una entrevista televisiva en la que reafirmó el apoyo a la institución y al día siguiente su jefa de gabinete estaba reprendiendo a la máxima autoridad de la policía uniformada.
En medio de todo ello, este miércoles, la viuda de Salazar, Marly Victoriano, emitió una severa crítica hacia el Presidente. "Yo no confío en este gobierno y lo dije, se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia", indicó.
El gobernante evitó responder. Desde Tarapacá, dijo que "yo entiendo las palabras de dolor, frustración y de rabia que tiene la viuda (…) no puedo sino empatizar con ella, yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión", apuntando a la determinación de la familia de no recibir a autoridades del Gobierno en las exequias.
Despliegue y análisis
En ese contexto, Tohá activó una serie de gestiones para revertir la situación. Primero, el mismo martes de la cita con Yáñez, otorgó un punto de prensa desde el Congreso Nacional en el que explicó los detalles del encuentro, siendo enfática en que este sirvió para recordar que se debe evitar que la opinión de Carabineros “se confunda con el debate político”.
"Eso es lo sano en una democracia", agregó. En paralelo, inició gestiones con el propio general director para que intercediera ante la familia del cabo para permitir a algún representante del Ejecutivo acompañarlos en el velorio o funeral del funcionario. Hasta la mañana del ayer, la negativa se mantenía en pie.
"Lo que va a hacer (el Gobierno) es respetar las decisiones de la familia", dijo este miércoles el subsecretario Monsalve, quien aparecía como la figura con más posibilidades de llegar a Cañete, dado que estaba en La Araucanía y por la cercanía que posee con esa comuna, la cual representó en el Congreso cuando era diputado.
No obstante, el despliegue de Tohá rindió frutos y de forma sorpresiva viajó junto a Yáñez a Concepción para estar presente en el velorio institucional de Salazar, en donde pudo entregar las condolencias del Ejecutivo a Victoriano y a sus dos hijas. Con ello, cerró de alguna forma el flanco abierto dos días atrás.
Ahora, ¿qué impacto tendrá el hecho en la evaluación del Gobierno? Entre los analistas políticos existe coincidencia en que el efecto será marginal en la aprobación de Boric, la cual había evidenciado un alza luego de la actuación de su administración ante la catástrofe de los incendios forestales ocurridos en la zona centro-sur en febrero.
Según el analista político y profesor de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, "el episodio del general Yáñez tiene dos aristas. La primera es que la forma y el tono utilizado no fue el adecuado ni se ajusta a la democracia y desde ese punto de vista, se entiende la citación de parte ministra del Interior".
"El problema fue que ella no pondero las circunstancias y oportunidad. Entonces, la acción política tuvo un efecto no considerado que vuelve a colocar los temas de seguridad en alta preocupación pública y además lo introduce al interior de la Moneda.
Podría tener algún efecto, pero no importante, dado bajo nivel de aprobación", indicó.
En la misma línea, el cientista político y profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, recordó que "lo más probable es que este episodio no genere un incremento en la desaprobación estadísticamente significativo ni un descenso en la misma, porque el Gobierno ha tenido posturas muy ambivalentes en materia de seguridad pública".
"Primero, Boric señaló que sería un perro contra la delincuencia y a renglón seguido indulta a delincuentes comunes . Posteriormente, enfatiza que Carabineros cuenta con todo el respaldo político del Gobierno, pero ocho horas después la ministra del Interior cita al general director de Carabineros", apuntó.
En esa línea, Morales aseguró que "eso se entiende desde una perspectiva institucional, pero desde un punto de vista político, genera un efecto contradictorio. En consecuencia, esto no va a afectar positivamente la aprobación, probablemente tenga un efecto negativo, pero está la duda si esto va a ser estadísticamente significativo".
En tanto, el ex subsecretario de Carabineros,
Neftalí Carabantes, destacó en EmollTV que el episodio no tendrá consecuencias: "Lo doy absolutamente por superado. Son materias de común ocurrencia que la ministra del Interior se coordine con el general director. Son altas autoridades de la República, por lo demás".
A su juicio, la actuación de Tohá "está de acuerdo a las facultades de la ministra, de acuerdo a su responsabilidad. No existe un mejor minuto para convocar a un general para preguntarle si es que sus declaraciones tuvieron un ribete político. Ella cumplió en el momento oportuno con su obligación".
Una mirada distinta planteó el académico de la Universidad Central, Marco Moreno, quien aseguró que "en un tema sensible como lo es el orden público y seguridad, y al que la gente cada vez más le asigna valor, todo lo que el gobierno haga o comunique influye en la evaluación que los ciudadanos hacen de su gestión en el tema".
"El monitoreo cada vez es más estricto por la ciudadanía. Ya sea por acción u omisión en relación con la problemática, las personas premian o castigan lo que el gobernante y su equipo hagan en esta materia. Dada la mediatización de la con Carabineros
esto puede influir en los niveles de aprobación al Mandatario", dijo.
En tanto, la senadora de RN, Paulina Núñez, advirtió que si el Gobierno "sigue actuando de manera ideologizada, esperando que no se moleste su sector político o que incluso no sea capaz de cambiar de opinión a propósito de cómo actuó cuando era diputado o varios de los ministros, entonces derechamente la ciudadanía e incluso aquellos que votaron por él, le van a seguir quitando el apoyo".
