Una reacción coordinada fue la que mostró este lunes el Gobierno ante la polémica que generaron los dichos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró ayer que el Presidente Gabriel Boric si conoció los antecedentes e informes negativos de Gendarmería sobre los presos del estallido social a los que les dio un indulto.
El comentario de la autoridad contradijo lo expuesto en enero por la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, quien en esa oportunidad señaló que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta", apuntando a que el gobernante no conocía esos detalles.
Dicha situación motivó al ministro de Justicia,
Luis Cordero, a salir a aclarar la postura del Ejecutivo sobre la materia, a solo horas de que el Tribunal Constitucional (TC) de a conocer su sentencia respecto del recurso de inconstitucionalidad presentado por la oposición para objetar la legalidad de los decretos que liberaron a los reos.
Fue así como tras sostener una reunión en la sede del Ejecutivo, el secretario de Estado manifestó que "yo voy a hablar en detalle mañana una vez que sepamos la decisión del TC. Por ahora, solo quiero recordar lo que ya he dicho sistemáticamente: Los antecedentes obran en los expedientes administrativos asociados a indultos".
"Pido que revisen las declaraciones del 15 de enero, aproximadamente, donde ya hubo claridad sobre este punto. Existen todos esos antecedentes en los expedientes asociados, por tanto, no está comprometida ni su constitucionalidad ni su legalidad, que es lo que ahora nos importa de cara a lo que decida el TC mañana", agregó.
En esa línea, Cordero recalcó que "lo que yo dije, y eso entiendo fue a lo cual se refirió el subsecretario Monsalve, porque me han escuchado siempre, los antecedentes obran en los expedientes de indultos. En esto he sido muy claro siempre, cada vez que me han preguntado y lo hice ayer, lo vuelvo a repetir".
"Los antecedentes obran en el expediente respectivo sobre el cual se basa la emisión de los decretos", reiteró, junto con recordar que "los procedimientos se tramitan en el Ministerio de Justicia, en la sección de indultos, cuando llegan al despacho del ministro,
el ministro es el que suscribe el decreto".
Junto con esa aclaración, Monsalve también explicó sus comentarios, ajustándose a lo que dijo el titular del Minjus, señalando que "no soy el ministro de Justicia, el Presidente de la República ha encargado el tema de los indultos de forma precisa y particular al ministro Luis Cordero".
"Me he referido a lo que el propio ministro ha reiterado y ha informado respecto a los indultos a la opinión pública. Que todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería y que el conjunto de antecedentes que se pondera para tomar la decisión del indulto además queda reflejado en los decretos", dijo.
Más tarde, fue el turno de Vallejo, quien siguió el camino señalado. "Tal como lo ha señalado el subsecretario y el ministro, y yo misma, el Presidente ha encomendado el tema de los indultos al Ministerio de Justicia. La discusión se radicó en el TC, donde el ministro podrá referirse en detalle".
"Todos los antecedentes obraron en los expedientes, sobre eso es bastante claro cómo se ha procedido. Me he referido y no voy a repetir lo mismo. Las consecuencias políticas están a la vista y lo que corresponde al tema en cuestión sobre el proceder, es algo que hemos defendido y está en el TC", reafirmó la titular de la Segegob.
Reacción en el oficialismo
La respuesta unitaria presentada por las autoridades generó dudas en la oposición, donde advierten una estrategia que apunta a no afectar el fallo que emitirá mañana el TC. Fuentes del sector aseguran que el Ejecutivo estaría dispuesto a pagar el costo de reconocer que Boric sabía de los antecedentes, para que el organismo no crea que el gobernante firmó los decretos sin saber lo que suscribía.
"Llama la atención que Monsalve y Cordero en la víspera del fallo intenten establecer como un hecho que el Presidente conocía los antecedentes para hacer los indultos. Ellos saben perfectamente el costo político, pero estarían dispuestos a sobrellevarlo para arropar la tesis en el TC de que habría ejercido esta atribución personalmente y no a través de terceros", aseguran desde ese sector.
En esa línea, agregan que "saben que el TC, en la eventualidad de que no se convenza de que ha actuado de manera unipersonal e indelegable,
podría impugnar los indultos. Por tanto, detrás de esta estrategia repentina de contradecir a Vallejo, lo que hay en realidad es una ofensiva por influir en el fallo".
En medio de ese debate, los partidos oficialistas también se cuadraron con el Gobierno. De hecho, la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, destacó que en este tema "el Gobierno tiene una sola voz, que ha sido el ministro de Justicia, quien lleva este tema y a quién está transferida esa competencia".
"Así que yo me quedo con lo planteado por el ministro Cordero", agregó , además de expresar su confianza en que la agenda de seguridad del Gobierno no se verá afectada por la polémica. "Es lo suficientemente robusta para que tenga luz propia y se saquen adelante los proyectos que van a tener urgencia en el parlamento", señaló.
Lo mismo comentó el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien planteó que "si se complica la agenda de seguridad, no va a ser por falta de voluntad política del Gobierno, sino que de una falta de disposición y de poder distinguir o que vaya por cuerdas separadas".
"Una cosa es la discusión política sobre los indultos y otra cosa son los proyectos de ley a los que el Gobierno ha puesto urgencia. Esperamos que la derecha tenga altura de miras y pueda enfrentar la materia de seguridad como política de Estado, más allá de los gobiernos de turnos y más allá de las legítimas diferencias que podamos tener respecto de los indultos", concluyó.
