Los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric ha generado una serie de coletazos políticos y nuevas dudas respecto a los procedimientos administrativos y de seguimiento de los beneficiados. Esta semana, por ejemplo, el Gobierno dio un "giro" en su versión, y el subsecretario Manuel Monsalve dijo que el Mandatario sí conocía los antecedentes de los indultados y los informes de Gendarmería.
Dichos informes, según reveló este martes El Mercurio, entregaba en sólo tres casos una evaluación favorable para poder acceder al beneficio; en los otros diez casos restantes no se recomendó que se otorgara el indulto.
Aquello suma, otra dimensión al ya intrincado escenario, considerando que estos 13 beneficiados, quienes accedieron a estos indultos particulares
tienen como control la firma mensual en algún centro de Reinserción Social, en este caso, en su domicilio, y también debieron fijar un domicilio.
Así lo comenta a Emol el ex subdirector de Reinserción Social de Gendarmería, Mario Varela, quien subraya que, en efecto, "la gracia de este indulto es cambiar el tipo de pena". En tanto, según comenta, los indultos conmutativos -que surgieron como normativa a raíz de la pandemia en 2020- implicaban "un arresto domiciliario y un control georreferencial que ocupa Gendarmería".
Seguimiento a los beneficiados con indulto conmutativo
El pasado 17 de abril de 2020, y luego de la publicación en el Diario Oficial, comenzó a regir en el país la Ley de Indultos Conmutativos, que en su primera instancia permitió que 1.860 internos pudieran acceder a continuar cumpliendo su pena con la figura del arresto domiciliario.
La normativa, apuntaba al beneficio para quienes habían cometido delitos menores y eran población de riesgo, que tenían permisos de salida, mujeres embarazadas o que tuvieran un hijo o hija menor de dos años. Por esos días, los primeros beneficiados fueron los reclusos y reclusas de la ex Penitenciaría y la cárcel de mujeres de San Joaquín.
Fue entonces cuando se les informó a los beneficiados que debían cumplir estrictamente el arresto domiciliario total, así como todas las medidas de control impuestas por Gendarmería.
Para ello, Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, los que contaban con un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados estuvieron obligados a contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control, a través de una aplicación, junto tener con la obligación de contestar cada llamada sorpresa que puedan recibir durante el día desde la institución.
Los indultados actuales
En el caso de los nuevos indultados, quienes hoy tienen firma mensual, el ex director de Reinserción Social sostiene que "el incumplimiento se informa al tribunal, el que, eventualmente, puede revocar la pena sustitutiva o el indulto, en este caso".
En tanto, detalla que si la persona indultada comete algún delito, puede perder el indulto, porque también es una causal de incumplimiento. "En el decreto del indulto no se les informó esto a los indultados, a mi juicio, se les debió haber informado, porque es la condición para la cual se les otorga el indulto", comentó Varela.
Según dijo el domingo el ministro de Justicia, Luis Cordero, los beneficiados "están sujetos a vigilancia y seguimiento de Gendarmería (...) esto se traduce en lo siguiente, si esas personas cometen un nuevo delito o incumplen las condiciones en las cuales se la ha impuesto, se deja sin efecto el indulto y deben volver a cumplir su condena".
