"El Ejecutivo da por cerrado el capítulo", dijo este martes el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó el recurso presentado por la oposición para impugnar siete de los trece indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric a los presos del estallido social y a un ex miembro del FPMR.
Sin embargo, pese a que el organismo declaró la legalidad del procedimiento, aún quedan aristas que no han sido aclaradas hasta ahora. ¿La principal? Saber si el Mandatario conoció o no los antecedentes de los reos, entre los cuales habían informes de Gendarmería que recomendaban no dar el beneficio en diez de los casos.
Hasta ahora, las explicaciones del Ejecutivo se centraron en la estrategia elaborada por Cordero, quien ha repetido en varias ocasiones que
"todos los antecedentes obran en los expedientes", dando a entender que estos fueron analizados y conocidos por el Gobierno, pero sin indicar si Boric tuvo acceso o no a ellos.
La duda se reabrió a horas de que el TC diera a conocer su decisión, luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconociera que el jefe de Estado tuvo a la vista esa información, señalando el domingo que "el Presidente tuvo a la vista los antecedentes obviamente de las personas que iba a indultar".
Dicha frase dejó en evidencia una contradicción con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, quien en enero, una vez que se produjo la renuncia de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, dejó entrever que el gobernante no ejerció algún rol en los indultos.
"Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta", dijo en esa oportunidad la vocera de La Moneda, frase que hasta ahora no ha sido aclarada suficientemente por las autoridades de Gobierno. Ayer, tras el fallo, Cordero reiteró: "En los expedientes administrativos constan todos los antecedentes".
No obstante, aún quedan instancias en las que ese detalle pueda ser aclarado, ya que el Ejecutivo está a la espera de la constitución de la
comisión investigadora que creó la Cámara de Diputados para evaluar las responsabilidades políticas que hayan surgido por las "desprolijidades" que el propio Boric reconoció en la entrega de los indultos.
Ante ello, Cordero admitió que si bien jurídicamente el caso está zanjado, aún queda resolver los cuestionamientos políticos. "En enero, la Cámara de Diputados votó a favor una comisión investigadora, entiendo que esta semana los diputados nombrarán a los integrantes de esa comisión", indicó a Radio Infinita.
"En el contexto de las atribuciones de la Cámara, probablemente se van a requerir una gran cantidad de antecedentes y nosotros tendremos que cumplir con las obligaciones que la Constitución encomienda para entregar esa información", agregó en relación a esa instancia, cuyo inicio se ha dilatado ante la falta de los integrantes del oficialismo.
En la oposición ya designaron a sus cartas: Sofía Cid y Diego Schalper por RN, Juan Antonio Coloma y Henry Leal por la UDI y Cristián Araya por los republicanos, quienes buscarán aclarar las contradicciones que aún genera el asunto y saber por qué no se consideraron los informes que advertían del alto riesgo de reincidencia de los reos.
