El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) de Chile, Francisco Bravo, se refirió a la decisión del Ministerio Público de abrir un sumario en contra del persecutor que facilitó información al municipio de La Florida respecto a un listado de narco-casas.
Dicha acción fue anunciada ayer por la Fiscalía Metropolitana Oriente, tras el cuarto proceso de demolición encabezado por el alcalde Rodolfo Carter contra este tipo de edificaciones.
Al respecto, Bravo expresó a través de un registro audiovisual que "la relación entre el Ministerio Público y las municipalidades son relaciones habituales y para nada inusuales, en las que se intercambia información tanto para la prevención de los delitos como para la persecución de los mismos".
"En este y en otros casos la información que se entrega a las municipalidades obviamente es una información que no es reservada, sino es información pública que se puede acceder por distintas fuentes", complementó.
En ese sentido, el presidente de la ANF indicó que la idea de esta colaboración es "lograr una mayor y una mejor coordinación entre las distintas entidades que están hoy día en una situación muy especial luchando contra el crimen organizado, las bandas delictuales y procurando una mayor seguridad para el país".
Por otro lado, en entrevista con Radio Biobío, Bravo profundizó sus declaraciones. "Entendemos que el Fiscal Nacional habría instruido esta investigación administrativa para determinar si la información que se entregó es reservada. Si ya es pública, no divisamos cuál es el problema e inconveniente", sostuvo.
Además, manifestó su preocupación "por la seguridad de los fiscales" y pidió que no se filtren sus nombre. "Lo que ha aumentado son los delitos más violentos, la tenencia de armas, el tráfico, los homicidios, eso requiere coordinación, prudencia y que todos de alguna manera actuemos desde el rol desde cada uno que sea mucho más eficiente", enfatizó.
