A raíz del revuelo generado por la demolición de "narco casas" impulsada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, diputados de la bancada RN presentaron un proyecto de ley busca institucionalizar el mecanismo por motivos de seguridad pública, obligando además a la Fiscalía a informar mensualmente a los jefes comunales de los inmuebles en sus territorios.
La iniciativa a la que tuvo acceso Emol, fue suscrita por los diputados Hugo Rey, Andrés Longton, Diego Schalper, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Jorge Durán y los jefes de bancada destaca la labor de Carter, sobre quien aseguraron que en empleo de dicha atribución, "ha logrado promover una innovación en su utilización para atacar el poder patrimonial del narcotráfico".
"Creemos que aquello debe ser reconocido e institucionalizado, puesto que se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de Derecho provee para aquello, al mismo tiempo que planteamos la necesidad de consagrar esta atribución de manera expresa para el problema del tráfico, consumo y conductas asociadas a sustancias ilícitas de manera de sortear eventuales impugnaciones de la medida por su legalidad", sostuvieron.
En concreto, la iniciativa propone una modificación a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, para habilitar a los alcaldes a instruir la demolición de aquellas edificaciones u obras que son un peligro para la seguridad comunal y que han sido llamadas como "narco casas".
"El alcalde podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra o edificación emplazada en bienes inmuebles que hubieren sido objeto de incautación o pena de comiso en aquellos casos en que la obra o edificación constituya un peligro para la seguridad de la comuna por ser destinada al consumo, elaboración, fabricación o comercialización de drogas u otras conductas sancionadas en esta ley", se señala en el texto.
Un aspecto importante que plantea la iniciativa, es el hecho de que el Ministerio Público deberá informar "mensualmente a los alcaldes del territorio donde tienen asiento sus fiscalías sobre los inmuebles afectos a tales medidas". Esto se hará en el último día hábil de cada mes.
Cabe recordar que esta semana se produjo una polémica luego de que la Fiscalía Nacional instruyera un sumario por la entrega de información que le ha permitido a Carter demoler propiedades de narcotraficantes. Aunque ayer, el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que seguirán entregando información a los alcaldes.
La demolición recaerá así sobre edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que han sido "previamente incautados o decomisados".
Esto una vez que el Consejo Comunal de Seguridad Pública, califique que representa un peligro para la seguridad y que se certifique que entra en este grupo. Sumado a otra certificación por parte del juez de garantía, tras lo cual se fijará un plazo para la demolición. El proyecto además norma el procedimiento.
