El asesinato de la sargento segundo de carabineros, Rita Olivares, ocurrido en Quilpué el domingo pasado, trajo consigo la preocupación por la cantidad de delincuentes y criminales condenados que están libres en la calle por distintos motivos, luego de que uno de los implicados en el homicidio era un prófugo de la justicia.
En efecto, el 23 de julio de 2021, uno de los detenidos por participar presuntamente del homicidio se fugó de la cárcel de Valparaíso junto a otros cinco reos, siendo parte hasta su detención del grupo de alrededor de 1.600 personas que no están cumpliendo su condena en la cárcel, burlando al sistema policial y judicial.
Dicha cifra es mayor si se suma a todas las categorías de sujetos que no se han presentado ante la justicia. Según el Registro Nacional de Prófugos elaborado por el Registro Civil,
31.558 personas no han concurrido ante los tribunales para resolver sus casos, que van desde no pago de pensión alimenticia hasta narcotráfico.
No obstante, de ese total, 2.144 casos son los más preocupantes para el Gobierno y las instituciones, ya que en ese grupo se encuentran delincuentes de amplio prontuario policial, de acuerdo a los explicado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien llamó este miércoles a “tener cuidado con esas cifras”.
Al respecto, el secretario de Estado recordó que "lo que existe es un Registro Nacional de Prófugos, que se implementó legalmente en Chile a partir del 2012 y donde se contemplan todas aquellas personas que tienen ordenes de detención pendientes por algún motivo".
"De esas 31 mil, 28 mil son en verdad personas que tienen ordenes de detención por lo que se denomina rebeldía procesal, que no comparecieron a alguna audiencia en el sistema de enjuiciamiento criminal y por lo tanto el tribunal ordenó su detención", agregó el titular de Justicia.
En esa línea, Cordero indicó que "sin embargo, los números más significativos están asociados a otro tipo,
que son aproximadamente 1.600 personas que han sido condenadas y que no se han presentado a cumplir condena y otras tantas vinculadas a quebrantamientos de condena o incumplimientos de sus medidas cautelares".
Entre ellas, mencionó "la prisión preventiva o bien el incumplimiento de aquellas obligaciones que provienen de su libertad condicional. Esto lo digo porque, del punto de vista de seguridad pública, el número que nosotros debiéramos atender son esos 1.600 aproximadamente", subrayó.
En ese contexto, el ministro explicó que esas 30 mil personas "han incumplido algún tipo de condición. Cuando se suma a aquellas personas que están sin ingresar a recintos penitenciarios, a aquellos que se han fugado de cárceles y aquellos que han incumplido su libertad condicional, aproximadamente podemos llegar a ese número".
"¿En qué debiéramos avanzar? En particular en este número de los dos mil y algo, nosotros debiéramos buscar mecanismos de integración que ya no dependan de Gendarmería, sino fundamentalmente del sistema de orden público y de investigación, de las policías, para tener foco en ese tipo de cosas", indicó.
Para logar reducir esa cifra, Cordero manifestó que "hoy día, una buena parte de eso tiene que ver con depurar esa información, generar acciones de coordinación con las policías y con el Ministerio Público. La información está, el registro entre otras cosas permite precisamente esa coordinación e integración".
En cuanto a qué hará el Gobierno para dar con el paradero de los prófugos, Cordero señaló: "¿Qué es lo que debiéramos avanzar? En tener probablemente focos más específicos en esas personas, pero eso es una decisión policial respecto de la cual el Ministerio de Justicia va a colaborar en lo que tenga que ver con esas estrategias".
