La directora del INDH, Consuelo Contreras.
El Mercurio (archivo)
Una serie de reparos planteó este miércoles el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), respecto del avance de la
"Ley Nain-Retamal", que tiene por objetivo aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y que busca instaurar la
"legítima defensa privilegiada" en favor de los uniformados.
La iniciativa -una fusión de ambos proyectos- fue aprobada en particular esta jornada en la Cámara de Diputados, por lo que ahora resta su discusión en el Senado.
Al respecto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, expresó a través de un comunicado su "profunda preocupación", ya que a su juicio "la delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos".
"Una futura ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza debe encontrarse en armonía con los principios sobre el uso de la fuerza establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos. Este entendimiento armónico en nuestro ordenamiento jurídico debe permear toda la actuación operativa de las policías, incluida la doctrina institucional", indica el escrito.
Agrega que "los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros. Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia".
Junto con esto, el comunicado plantea que "la nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley".
"Finalmente, los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos. No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación", acota el texto.
