"A nivel multilateral, no es necesario crear nuevas instancias, fortalezcamos las que tenemos", dijo el sábado pasado el Presidente Gabriel Boric a sus pares en la Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana, apuntando a la necesidad de enfrentar la crisis migratoria que afecta a la región con las herramientas existentes.
En su discurso, el Mandatario subrayó que "urge acelerar e intensificar la coordinación entre nuestras autoridades policiales y migratorias para contrarrestar redes de crimen transnacional organizado como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que, además, muchas veces, se asocian a tráfico de armas y tráfico de drogas".
"Porque es inaceptable, nos tiene que dar rabia que algunas pocas personas se aprovechen de esta crisis y lleguen a nuestros países con la intención de hacer de la migración un negocio o un camino para desconocer la legislación vigente. E
n Chile no lo vamos a aceptar", agregó.
En esa línea, el Mandatario hizo un llamado a los jefes de Estado y de gobierno que participaron en el encuentro a "ponerle más ñeque, más empeño a la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, los procesos consultivos regionales y el Proceso de Quito, el cual tendremos el honor de presidir este año".
Sin embargo, ambas instancias no aparecen en la retina de la opinión pública, desarrollando un trabajo predominantemente técnico y de bajo perfil. De hecho, en ambas nuestro país ha jugado un papel protagónico, marcando líneas de acción y buscando soluciones en su calidad de país receptor de inmigrantes.
Mientras la primera fue creada en 2018, con 11 países de América Latina que se reunieron para dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela, la segunda data de 2010 y cuenta con la totalidad de los países sudamericanos, abordando el asunto de manera más global a nivel subcontinental.
Proceso de Quito
Según explicaron desde Cancillería a Emol, esta instancia es un espacio diseñado "para desarrollar propuestas, intercambiar buenas prácticas y realizar el seguimiento a problemáticas comunes para la búsqueda de una respuesta regional articulada" ante la migración provocada por la crisis política, social y humanitaria de Venezuela.
Además de Chile, el grupo está compuesto por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En el también participan las agencias del sistema de las Naciones Unidas, la Plataforma R4V, y próximamente, la academia, la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado, según detallaron.
Tal como afirmó Boric el fin de semana, Chile recibió la presidencia pro-témpore del bloque en diciembre de 2022, posición que ya había tenido el 2020. Según destacaron desde el ministerio, el país fue repostulado por unanimidad gracias a su
“gran labor y liderazgo” en esta materia, haciéndose cargo de esa forma de la IX ronda de dialogo.
El 31 de enero de este año, nuestro país presentó su hoja de ruta, la cual conta de cuatro líneas de acción: Desarrollo Sostenible de las Comunidades Locales e Inserción Socioeconómica; Regularidad Migratoria y Regímenes de Permanencia y Residencia; Enfoque de Protección y Acceso a Derechos; y Cooperación Internacional y Regional”.
Durante este periodo en la presidencia, Chile ha desarrollado dos actividades: El Primer Encuentro Presencial sobre Gobiernos Locales y Comunidades de Acogida, que se desarrolló entre el 1 y 2 de marzo de 2023 en Santiago con representantes de todos los países miembros y que reunió a más de un centenar de personas.
En ese evento, intercambiaron "desafíos, experiencias y modelos de solución" y se definieron "líneas de trabajo común para fortalecer las capacidades para la integración socioeconómica de personas migrantes en sus comunidades de acogida". También se identificaron experiencias exitosas y prioridades de cooperación internacional.
El antecedente más reciente es del 16 y 17 de marzo, con la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes de Venezuela, sus Países y Comunidades de Acogida, se desarrolló en Bruselas, Bélgica, donde Chile participó como líder del Proceso de Quito y también como país de destino migratorio en la región.
"Esta instancia fue coorganizada por la Unión Europea y Canadá, y tuvo como objetivo rearticular y reforzar los esfuerzos de la comunidad internacional para la cooperación técnica y financiera, para abordar la crisis de movilidad humana en América Latina y el Caribe", indicaron desde Teatinos 180.
En mayo próximo, en tanto, comenzarán las rondas de dialogo de las áreas temáticas del Proceso de Quito, el Taller sobre Reunificación Familiar, que se desarrollará en mayo de 2023 en Costa Rica, reuniones de altas autoridades migratorias, y la Reunión Plenaria de la IX Ronda, que será en noviembre de 2023 en Chile.
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
Esta instancia es una plataforma no vinculante en la que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela buscan construir, promover y desarrollar programas, iniciativas y políticas migratorias a partir de su relación con el desarrollo y la integración regional.
Chile ejerció la presidencia en el periodo 2021-2022 bajo el lema "Migración, Integración y Cooperación: Hacia una Agenda Migratoria Regional". Su objetivo fue "profundizar la integración e inclusión de los migrantes en los países miembros, en un marco de política pública y diálogo con las comunidades de acogida", dicen del Minrel.
La última reunión plenaria se realizó entre el 12 y el 14 de octubre del año pasado en Santiago, donde Chile traspasó el cargo a Perú. Dentro de los principales resultados de la gestión chilena, desde la Cancillería destacan
seis aspectos que detallamos a continuación:
a) Posicionamiento Internacional de la Conferencia, para no duplicar esfuerzos y a través del fortalecimiento de la cooperación y coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas, y la participación en instancias internacionales como el Foro de Examen de la Migración Internacional; la COP27, entre otros.
b) Consagración de los ejes para la Agenda Migratoria Regional, aprobados en la Declaración de Santiago, y que instauran lineamientos para la gobernanza migratoria.
c) Fortalecimiento de las redes de trabajo, a través del desarrollo de productos que guiarán las políticas públicas migratorias en los países miembros, en áreas como trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, niñez y adolescencia migrante; género; gestión integral de fronteras; movilidad humana por cambio climático; e integración sociolaboral.
d) Instalación de temas prioritarios para la gobernanza migratoria en Suramérica, entre ellos, acceso a la justicia, gobernanza de los flujos migratorios irregulares, levantamiento de información y estadística para la gestión migratoria, el rol de los gobiernos locales y las comunidades de acogida en los procesos de integración migratoria, y el fortalecimiento y desarrollo sostenible de la diáspora suramericana.
e) Actualización del Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones (PSDHM), conformando el Grupo de trabajo de los países miembros para la Actualización del PSDHM.
f) Participación de la sociedad civil, a través de reuniones con organizaciones, la academia y gobiernos locales, reconociendo su rol para la gobernanza de la migración.
