Una serie de propuestas y medidas para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país plantearon este jueves parlamentarios y alcaldes de la oposición. Esto tras el asesinato anoche del cabo de carabineros Daniel Palma Yáñez, en medio de un procedimiento policial.
Hasta el Palacio de La Moneda llegaron esta mañana, diputados de RN y el presidente del partido, Francisco Chahuán, para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, pidiendo una serie de medidas para combatir la delincuencia.
"Le hacemos un llamado a que tome esta situación con la máxima gravedad, esto ya no es un problema, es una emergencia nacional. Por eso, dentro de las medidas que solicitamos también le hacemos un llamado a que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, para que todas las instancias formales del Estado de Chile, participen pero en un espíritu de unidad", dijo el diputado Eduardo Durán (RN).
El timonel de RN fue un paso más allá, al señalar que "yo le quiero pedir la renuncia en el día de hoy al subsecretario de Prevención del Delito. Presidente en el día de hoy tiene que hacer cambios en su equipo político y la primera es la salida del subsecretario de Prevención del Delito", Eduardo Vergara, añadiendo de paso que al Gobierno "le falta convicción, le falta sacar adelante la agenda antidelincuencia".
Desde la sede de la UDI, el presidente del partido, Javier Macaya, apuntó que "el Presidente Gabriel Boric tiene hoy la responsabilidad, el deber de sacudirse, de aislar, de la toma de decisión en materia de seguridad al PC. No es posible que tengamos que seguir lamentando muertes de Carabineros para avanzar en materia de seguridad". Esto ante la postura contraria del partido a la Ley Nain-Retamal, recordando que los diputados de esa partido "tuvieron que ser llamados al orden" para no recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
"Nosotros hoy podríamos estar haciendo un punto político en otro lugar, exigiendo que rueden cabezas, renuncias de ministros y no nos parece que es lo que necesita el país hoy", acotó,
Aún sí, el jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, planteó que "cómo es posible que el Presidente crea que sus medidas contra el crimen organizado y para proteger a Carabineros son creíbles si la encargada de comunicarlas es Camila Vallejo. Camila Vallejo no es el problema, no me mal interpreten, es un símbolo del problema, porque ella representa una facción que hace que el gobierno en materia de orden público esté con freno de mano y con tres carabineros asesinados en tres semanas no puede haber freno de mano".
A eso del mediodía llegaron a La Moneda un grupo de diputados de Republicanos para realizar algunas solicitudes en materia de seguridad. Esto, explicó el jefe de la bancada, Benjamín Moreno, para que "respalde con hechos y no con palabras el accionar de nuestros Carabineros, el actuar de la PDI, policía marítima, Gendarmería, y para que de una vez por todas la demos un combate frontal a la delincuencia y al poco respeto que hoy existe por nuestras instituciones".
"Nosotros como Partido Republicano pedimos al Presidente la remoción inmediata del subsecretario de Prevención del Delito, no puede ser que hoy los delitos no se estén previniendo, no puede ser que hoy todos los días estén atacando a nuestros Carabineros (...) la remoción del subsecretario tiene que ser inmediata, implacable, para dar señales reales y verdaderas para la ciudadanía y también para Carabineros", recalcó la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, coincidiendo con Chahuán.
Dese Republicanos también pidieron recular al menos 400 Carabineros anuales en los próximos 3 años, aumentos de sueldos y asignaciones de riesgo con cargo al Estado, entre otras cosas.
2% constitucional
A través de un comunicado, en tanto, los diputados de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma, además de los alcaldes de Providencia y Puente Alto, Evelyn Matthei y Germán Codina, exigieron al Presidente disponer -a la brevedad posible- del 2% constitucional asignado en el Presupuesto de la Nación de este año, para así mejorar de forma inmediata las actuales herramientas y recursos físicos con los que cuentan los efectivos policiales.
Según detallaron, el 2% constitucional de este año equivale a unos US$ 1.500 millones, los que están disponibles para ser utilizados cuando el país enfrenta una "calamidad pública", tal como lo hizo la anterior administración pasada para enfrentar la pandemia por covid-19.
"Si el Gobierno quiere evitar que todas las semanas haya un nuevo mártir de Carabineros, como lamentablemente nos está ocurriendo durante el último mes, tiene la obligación de anunciar durante esta misma jornada la destinación del 2% constitucional para enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. Y que esos recursos, además, se vayan en su mayoría a mejorar las herramientas, los recursos físicos y todos los elementos de protección con los que cuentan los funcionarios policiales", señalaron.
Más tarde, alcaldes de la Asociación de Municipalidades, encabezados por el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, entregan carta al Mandatario, solicitando que se decrete estado de excepción en todas aquellas regiones donde la tasa de homicidios y los delitos de mayor connotación pública aumentó de manera significativa en el último año.
Concurrieron los alcaldes Matthei; de Colina, Isabel Valenzuela; de Las Condes, Daniela Peñaloza; de Papudo, Claudia Adasme; de Vitacura, Camila Merino y los alcaldes de La Reina, José Manuel Palacios; de Los Andes, Manuel Rivera y de Lo Barnechea, Cristobal Lira.
