"Es algo que no decide el Gobierno, lo decide el Poder Judicial, porque es un juez el que va a tener que determinar si lo que solicita el fiscal, que es la prisión preventiva para un ciudadano que no tiene documento de permanencia regular en el país, opera como una medida permanente, o sea, que siempre se tome. Eso es algo que tienen que decidir los jueces", acotó.
La autoridad de igual forma dejó una problemática a la luz: "Las cárceles en Chile, que si mal no recuerdo son 88, tienen un nivel de ocupación que se acerca al 98%, o sea, tenemos limitaciones desde el punto de vista de la capacidad para el ejercicio de la sanción de prisión".
Javiera Robledo, docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins (UOH), aclaró en primer lugar que "una cosa es que el fiscal anuncie esto como una medida, lo que académicamente se llama como populismo penal, porque es como darle un tenor como de algo que va a empezar a ocurrir a una cosa que simplemente es una organización del procedimiento (...) y otra lo que dice en el fondo, que los fiscales en cualquier caso de tener estas condiciones de detenidos que sean indocumentados extranjeros, van a solicitar la prisión preventiva, pero eso no significa que se las van a dar".
En esencia, de acuerdo a lo que comentó, los fiscales siempre han tenido la facultad de pedir prisión preventiva. Entonces, ahora lo que existe es una coordinación para pedirlo en los casos antes mencionados. Sin embargo, aseveró que la decisión final dependerá de lo que responda la defensa y de lo que el juez dictamine, sobre si cumple con los requisitos del proceso penal esa prisión preventiva o no.
En una profundización, Robledo dijo que esa medida cautelar es de las que más requisitos tiene: "El más relevante es por riesgo de fuga, pero también procede cuando cualquier otra medida cautelar que ya haya sido solicitada de las que son menos gravosas, fueran insuficientes para asegurar la finalidad del proceso".
"Entonces, básicamente los tres elementos son: asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo bien, que sea importante para la seguridad de la sociedad y la otra es la seguridad del ofendido", agregó.
Un efecto que previó es que la respuesta de la Defensoría Penal Pública probablemente será "alinearse" para defender de la prisión preventiva que van a pedir los fiscales en esos casos.
Manuel Guerra, profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián, también sostuvo que el que sea acogido o no, dependerá de la postura de cada juez. "Cuando se pide la prisión preventiva se pide ante un juez de garantía y el juez de garantía tiene en vista una serie de elementos: el tipo de delito, gravedad de la pena, si la persona tiene o no antecedentes penales", manifestó.
En el caso de extranjeros, dijo que lo que se pide normalmente por los tribunales para no dejarlo preso es que tenga algún vínculo que demuestre arraigo, trabajo, domicilio estable o familia constituida, entonces, "cuando eso ocurre si anda sin carnet, yo diría que es difícil que lo dejen en prisión preventiva".
Ahora, afirmó que si se trata de una persona que no tiene trabajo en Chile, que está en una condición irregular, que no sabe quién es en su país respectivo y que existe sospecha de que puede tener delitos previos en su país, "yo diría que es más posible es que la medida prospere".
Guerra valoró el anuncio porque a su juicio "puede controlar mejor este tipo de situaciones relativas a extranjeros que están cometiendo delitos graves". Pero también, puntualizó que "es muy bueno porque unifica un criterio entre los fiscales, es decir, frente a una misma situación, los fiscales van a proceder de la misma manera y eso es uno de los fines que se busca que tenga la fiscalía".
Déficit carcelario: Una problemática que aparece
Los entendidos en el tema también se refirieron a la situación carcelaria en Chile. Si bien coinciden en que existe un "déficit", uno de ellos apuntó a que de ese tema se debe preocupar el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y no el Poder Judicial.
"Chile ya tiene un problema grave de hacinamiento en las cárceles, tiene un problema grave de que muchas cárceles no dan abasto para recibir a las personas que están en prisión preventiva o que están cumpliendo pena, porque hay un déficit carcelario enorme, pero eso es un tema de del cual no se tiene que hacer cargo la fiscalía", aseveró Guerra.
Agregó que "la fiscalía se tiene que hacer cargo de su parte del trabajo que es asegurar que los imputados puedan comparecer a los procedimientos y asegurar que en los casos que corresponda estén presos, no tiene por qué preocuparse de si hay espacio o no en Gendarmería, eso es preocupación del Gobierno, especialmente el Ministerio de Justicia, y de eso tendrá que preocuparse por ver de qué manera se hace cargo del déficit carcelario".
Por otro lado, el profesor expresó que es necesario construir más cárceles -y de mejor calidad también- para segregar a los presos. "No es lo mismo alguien que tiene hartos delitos, con alguien que es primerizo", comunicó.
Robledo, en tanto, se centró en las cifras: "La cantidad de migración irregular supera con creces las posibilidades de tener -y en buenas condiciones- a todas esas potenciales prisiones preventivas. Entonces, también habría que ver si económicamente es viable. Los jueces, al ver si procede, tendrán que tener en cuenta el factor económico".
Asimismo, en una línea similar a Guerra, advirtió que "hay que tener un espacio especial (para quienes quedan en prisión preventiva), por temas de contaminación criminológica. No se puede poner a delincuentes peligrosos que ya están condenados, con personas que no han pasado por su proceso penal".