En siete días, el Congreso despachó cuatro proyectos de ley en materia de seguridad. Celeridad legislativa que se desencadenó producto del homicidio de la carabinero Rita Olivares en Quilpué.
Y el viernes, a primera hora, luego de la muerte del cabo Daniel Palma en un operativo policial en Santiago Centro, el Presidente Gabriel Boric los promulgó.
Se trata de la ley que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión; las modificaciones que agravan la pena del delito de secuestro; además de los cambios que aumentan las penas del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
Entre ellas también se encuentra el proyecto que generó más diferencias entre las fuerzas políticas: la "Ley Nain-Retamal", que busca fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y Gendarmería. Asimismo, se establece la legítima defensa privilegiada para los funcionarios en ciertos casos.
Había otros proyectos que estaban en tabla en el Congreso, pero que no lograron salir de ahí. Por ejemplo, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, más conocido como "antisicariato"; también, la iniciativa que amplía las facultades de control policial para efectos de migración y extranjería.
El primero, pasó a comisión mixta, luego de que la Cámara de Diputados rechazara las modificaciones aplicadas en el Senado, mientras que el segundo, pasó a tercer trámite constitucional en la Cámara Alta.
La agenda en materia de seguridad no quedará ahí. El viernes, los presidentes de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL) y del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, su par de Justicia, Luis Cordero, y la titular (s) de la Segpres, Macarena Lobos, para priorizar los próximos proyectos.
En esa línea, las autoridades adelantaron que en los "próximos días" se darán a conocer los siguientes diez proyectos.
Según constató El Mercurio, se trataría de iniciativas vinculadas a las normas de usurpación, delitos económicos, cambios en las libertades provisionales para los reincidentes, modificaciones administrativos para la notificación de la expulsión de inmigrantes indocumentados, la ley de ciberseguridad y otros que buscan que los municipios y gobiernos regionales puedan participar en la prevención del delito.
Asimismo, estaría considerado el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) y la creación del Ministerio de Seguridad. Este último aún se estaría evaluando si se será parte del primer plan o de los proyectos después de los 90 días de "fast track".
Así lo confirmó este sábado Raúl Leiva (PS), miembro de la comisión de seguridad, tras una reunión que sostuvo con el Gobierno este sábado. "Se partirá por las Reglas de Uso de la Fuerza que son fundamentales en la persecución criminal y protección de las policías y también de las FF.AA. en infraestructura crítica cuando cumplan un rol de orden público y eso debería tramitarse ahora".
