"Frente a una actuación desviada de un órgano jurisdiccional civil que causa daño a un particular, sólo existe una posible alternativa: el afectado puede perseguir la reparación de los perjuicios soportados, respecto del Estado de Chile, invocando como título de imputación de la falta de servicio", estableció un fallo de la Corte Suprema, que ordenó al fisco a pagar una indemnización de $80 millones por concepto de daño moral al dueño de un inmueble ubicado en Talca. La propiedad salió a remate debido al excesivo tiempo que tardó el secretario del 13° Juzgado Civil de Santiago en acoger y resolver la excepción de pago de una deuda hipotecaria. Con esto, la máxima instancia determinó que en este caso hubo una tramitación negligente del proceso por parte del funcionario, ya que no realizó oportunamente la certificación de pago que habría evitado la pérdida patrimonial del demandante.
