"Tenemos una situación penitenciaria que ha cambiado muy radicalmente en los últimos años, y por lo mismo, estamos proyectando en este régimen especial, la construcción de más módulos de alta seguridad, pero también eventualmente
estamos evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad que nos permita tener ahí, de forma debidamente aislada y segregada, a los líderes de las bandas criminales".
Esas fueron las palabras con las que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la mañana de este martes, en Radio Pauta, el escenario penitenciario del país; un tema que no sólo arrastra un historial de déficit de recintos, sino que hoy también agudiza sus necesidades de modernización a raíz del cambio en el tipo de delincuencia que se viene experimentando en los últimos años.
Y es que el crimen organizado ha obligado a las instituciones a mirar con un nuevo prisma los desafíos para su combate, en todos los niveles: desde la primera línea, con las policías; la inteligencia e investigaciones; y las herramientas tecnológicas asociadas. Y también, poner especial atención a lo que ocurre en los recintos penitenciarios, otro terreno fértil para los miembros de estos grupos.
"No sólo tenemos delincuentes que han cometido delitos más peligrosos, sino que también tenemos presencia de bandas organizadas, de crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y para ello, se requiere tener una infraestructura que nos permita separar y segregar adecuadamente a esas personas", dijo Gajardo.
De todas formas, la autoridad dijo estar consciente de que para avanzar en este tipo de proyectos, se requiere aprobar una solución legislativa que permita construir recintos penitenciarios "en plazos más breves", porque actualmente, construir una cárcel tarda entre ocho y diez años.
"Lo que queremos hacer es establecer una política de Estado en esta materia, y efectivamente, el día de ayer logramos una muy buena recepción por parte de los parlamentarios, que son los incúmbetes en las comisiones en la materia; y en segundo lugar, avanzar para enfrentar esta crisis, con el fin de dejar en este Gobierno las bases de un sistema penitenciario que nos permita tener la capacidad para la población penal que está aumentando, pero también las condiciones para el nuevo tipo", subrayó.
La política de Estado, un eje clave
"Cuando hablamos de cárceles en Chile, hablamos de estar muy atrasados en la política carcelaria", dice Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab. "Todavía tenemos a los reos compartiendo recintos, a los más peligros con los menos peligrosos y a los primerizos con los más experimentados. Por eso necesitamos una mirada integral, más allá de una respuesta única para el crimen organizado", agrega.
Por eso, y recogiendo las palabras del subsecretario de Justicia,
Olga Espinoza, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, considera que "es un acierto que el Gobierno piense en elaborar una política penitenciaria integral". Esto, porque, según subraya, no se debe responder exclusivamente a un problema por separado -como el crecimiento del crimen organizado como actividad delictiva y su presencia en el sistema carcelario-, sino que observarlo desde una forma integral.
¿Cómo diseñar esa política? A juicio de la académica, "es necesario tomar conciencia del cambio en los perfiles de las personas que se encuentran recluidas en los últimos años, además de la estructura en general: hay un aumento de la población, por qué tipo de delitos llegan a la cárcel, etc. Además, debe ponerse atención a cuáles son los objetivos finales de las penas, los que están en directa relación con garantizar que éstas se cumplan de manera integral -incluyendo el evitar las fugas-, y de tal forma de que se garantice el bienestar de quienes están recluidos".
En tercer lugar, Espinoza plantea que todo lo anterior debe estar siempre en el marco de una promoción permanente "de programas y actividades de reinserción social". En el mismo punto hace hincapié Lizana, sobre todo en el caso de reclusos primerizos, a quienes si no se pueden rehabilitar y reinsertar, "sus opciones para mantener a sus familias van a terminar siendo volver a cometer un delito".
Pero el desafío no termina allí, puesto que también es clave que estas políticas consideren a quienes cumplen penas en libertad, con el respectivo acompañamiento post penitenciario, "porque las personas regresan a los barrios, y es allí donde se puede quebrar toda la inversión que se ha hecho a nivel intracarcelario, puesto que el crimen organizado está controlando el escenario o no existe una oferta adecuada para continuar con lo 'logrado' durante el tiempo de reclusión".
El dilema: dónde instalar una nueva cárcel
Otro de los desafíos al momento de planificar la construcción de una nueva cárcel es el lugar donde se instalará. Esto, por las posibles externalidades negativas que pueda generar en una determinada zona, lo que incluye el traslado de los reos, los riesgos de fuga, sumado al tipo de reclusos que tendría.
"Esto es un problema, porque si pones una cárcel en la mitad de una ciudad tienes todo el riesgo asociado del traslado de los presos de alto riesgo y tienes impacto en la comunidad. Pero si la instalas en una isla, lejos, en el sur, también tienes variables que analizar; no es tan sencillo como decir que se va a construir este centro penitenciario", comenta Lizana.
En la misma línea, Espinoza sostiene que "no existe barrio o vecindario que reciba feliz la instalación de una cárcel, sin embargo, estas son parte dentro de las políticas que nos deben llevar a integrar lo urbanístico con las políticas de combate al crimen, de manera de generar incentivos que puedan promover la colocación de una cárcel en determinados sectores, pero siempre va a haber un costo, pero ¿cuánto de ese sector puede observar algún aspecto positivo?".
La académica recoge el caso que se registró en Uruguay, donde un hospital se transformó en una cárcel, y para poder instalarlo, que tenía mucho rechazo inicial de la población, "se generaron una serie de espacios de intercambio con las personas locales, para identificar cuáles eran sus necesidades, y en función de ese levantamiento, se fueron haciendo adaptaciones para que la cárcel también respondiera a parte de esas necesidades y se comprometieran incluso algunos servicios para la población".
¿Reunir a los líderes del crimen organizado?
Una de las preocupaciones de Lizana es que crear este tipo de planteles penitenciarios pueda, eventualmente, convertirse "en un lugar de reunión para el crimen organizado; porque si los ponemos a todos juntos, y ya sabemos que operan desde las cárceles que hoy existen, me preocuparía mucho el cómo se estaría manejando esa población carcelaria en particular".
Espinoza toma algunos casos que se registran en otros países, asociado a la progresividad del cumplimiento de las penas. "Cuando las personas tienen mayor compromiso delictual, están recluidos en contextos de mayores restricciones, como las cárceles de máxima seguridad; pero cuando estas personas van reduciendo este riesgo delictivo, van pasando a contextos de mayor flexibilidad".
"Esta progresividad permite graduar el acceso a la libertad en función de los cambios del comportamiento, sin embargo, abordar el crimen organizado debe ser visto desde una perspectiva que conecte todos los niveles de la política criminal: que incluya políticas de control, de prevención y ejecución de la pena o reinserción social", agrega.
En esa línea, plantea que la idea por si sola no le parece "descabellada", pero es necesario considerar que estos recintos son "extremadamente costosas".
A ello, se suma la necesidad de que existan mecanismos de contrapeso, es decir, "que instancias a cargo de fiscalizar el respeto y los estándares mínimos de derechos humanos estén permanentemente monitoreando, para que estos formatos de cumplimiento de pena, no restrinjan los derechos fundamentales".
El debate parlamentario
El conversación con Emol, el diputado Jorge Alessandri (UDI) reconoció que efectivamente construir una nueva cárcel "se demora mucho, y ampliar también es difícil", sin embargo, dijo estar de acuerdo en que "tienen que haber cárceles especiales según el nivel de peligrosidad".
"Ayer hablamos en el Ministerio de Justicia, en una larga reunión, con el subsecretario Gajardo y con el ministro Cordero, acerca de infraestructura pequeña, quizás para quienes están por primera vez privados de libertad. Me parece bien la idea, pero me gustaría saber con qué plata se construye, cuánto se demora, qué vamos a hacer con la sobrepoblación", subrayó.
Por su parte, el diputado Cristián Araya (Republicanos) planteó que "la próxima crisis que se viene es la de las cárceles. Un dato preocupante es que en Alto Hospicio, el 45% de la población penal es extranjera. Por tanto, nosotros esperamos que se actúe en dos niveles: respecto a las cárceles que hoy pueden ser renovadas y mejoradas, y respecto del plan de nuevas cárceles, que se tomen rápido las decisiones".
"Hay una idea del Ejecutivo de acelerar la puesta en marcha del Penal de Talca y de Concepción, lo que podría descongestionar un poco los penales, y del anuncio que se hizo de eximir del trámite de normativa del uso de suelo para las cárceles, porque el problema es que todos quieren más de estos recintos, pero no como vecinos", agregó el parlamentario.
En cuanto a la segregación de la población penal, el diputado dijo estar de acuerdo con que existan "penales especializados" para líderes de bandas criminales. "La especialización de los penales debe estar directamente relacionada con la segregación carcelaria, mientras mayor población carcelaria hay, menos posible es la segregación, y el contagio criminógeno que representan estos sujetos tiene que ser cortado de raíz, creo que eso no es incompatible con el respeto a los derechos humanos de los imputados".
Por su parte, el diputado RN, Diego Schalper, también tildó como una "buena noticia" la propuesta del Gobierno, "debido a la sobrepoblación penal; porque desde 2012 no tenemos un aumento de las plazas carcelarias; y porque hoy día, las bandas criminales de alta peligrosidad requieren cárceles de alta seguridad, donde haya una persona por celda, con custodia adecuada, con gendarmes especializados. Apoyamos al Gobierno en esta iniciativa, al ministro Luis Cordero y todo lo que tenga que ver con respuesta al crimen organizado va a contar con el respaldo de la oposición", subrayó.
