A una semana del anuncio hecho por el fiscal nacional,
Ángel Valencia, ayer se ordenó la primera prisión preventiva para un ciudadano venezolano indocumentado que intentó atropellar a un carabinero el pasado 7 de abril, en Maipú.
Según explicaron desde la Fiscalía Nacional, este se transformó en el "primer caso del 'criterio Valencia' acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago: fallo unánime deja en prisión preventiva por peligro de fuga a sujeto sin RUT provisorio y con DNI venezolano aparentemente trucado". Criterio que desde el lunes ha sido también replicado en regiones, aunque con distintos resultados.
La medida apunta a fortalecer las investigaciones y aumentar el control de las personas indocumentadas en el país. Tema que sin duda ha sido motivo de debate en los últimos días.
Ante las diferentes reacciones que han tenido los tribunales, la titular del Interior, Carolina Tohá, planteó el martes que "quizá el día de mañana se puede establecer por ley, para que no sea a criterio del juez o del fiscal solicitarlo"
Sin embargo, Tohá destacó que "el hecho que estemos avanzando sin esperar ese debate legislativo es muy significativo", pues explicó que "cuando hay una persona con un aparente compromiso en un delito y no tenemos elementos de identificación, todo hace pensar que va a ser difícil después ubicarlo y que podamos tener muchos vacíos. Es muy razonable el criterio".
Opiniones divididas
El asunto sin duda ha generado diferentes opiniones, así en entrevista con Radio ADN, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, Mariela Hernández, comentó hoy que "el Ministerio Público y el Poder Judicial, los fiscales y los jueces, somos instituciones completamente distintas, en ese sentido los jueces estamos para aplicar la ley y los fiscales del Ministerio Público, ellos llevan adelante las investigaciones de los hechos constitutivos de delitos".
En esa línea, Hernández indicó que aunque exista este instructivo de la Fiscalía Nacional, "para nosotros no hay cambio, nosotros aplicamos la ley y aplicamos la ley vigente (...) y en ese orden de ideas esta ley vigente se aplica sobre la base de casos concretos y sobre la base de antecedentes que los fiscales nos exponen en las audiencias. Y en esas audiencias determinamos si proceden los requisitos materiales que establece la ley, para acreditar el hecho y la participación, y luego de ello nos pronunciamos si hay necesidad de cautela para medidas cautelares, no solamente la prisión preventiva, sino que otras" contempladas en la ley.
En la misma línea, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, planteó esta mañana que esto "no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público y eso implica tres cosas: Primero, que cada una de las causas tiene una resolución individual y en consecuencia, en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias, por ejemplo, el tipo de delitos y su eventual peligrosidad, etc. Un primer criterio es que estos son soluciones de caso a caso".
"Efectivamente, hay una diferencia importante, cuando un criterio, un lineamiento de esta especie es establecido legalmente. Entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir, cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso", sentenció Vivanco.
Sobre el tema, el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), destacó la decisión del fiscal nacional y afirmó que "espero que esta postura sea replicada en todo Chile y si hay discrepancias de criterios, vamos a tener que legislar al respecto".
"Es razonable y de sentido común que el fiscal nacional haya instruido a los fiscales para que pidan prisión preventiva o amplíen el plazo de detención en casos donde hay migrantes irregulares indocumentados que han cometido graves delitos", acotó el diputado Longton.
Ya en agosto del 2022, diputados de RN y de otros partidos presentaron un proyecto de ley modifica el Código Procesal Penal en materia de plazos de detención y permite realizar diligencias de investigación por el Ministerio Público en el extranjero. Iniciativa a la cual el diputado José Miguel Castro (RN), anunció el ingreso de una indicación,
"Lo que estamos haciendo rápidamente es legislar para enmarcar a los jueces y que no dejen nunca más a una persona, cualquiera sea el documento que ellos entreguen, si es que no es emitido por una autoridad chilena, lo dejen en prisión preventiva. Vamos a sacar este proyecto rápido para que ningún juez deje libre a un delincuente, sino tiene cómo comprobar, por ejemplo, un domicilio", sostuvo Castro.
El "criterio Valencia" también ha recibido críticas, por ejemplo, días atrás la Fundación Defensoría Migrante, anunció una denuncia contra la Fiscalía, por una medida que acusaron que "criminaliza" a distintos sectores.
Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Jaime Vera, señaló en El Mercurio de Valparaíso que "puede haber incluso problemas de constitucionalidad en una decisión de ese tipo, teniendo en cuenta que la Constitución señala que la libertad de las personas se puede limitar en los casos y en la forma que establece el ordenamiento en general la ley; entonces, no hay un tratamiento particular en la ley respecto de personas extranjeras. Y desde ese punto de vista se estaría creando por la vía de esta orden un estatuto diferente".
Y agregó que "a partir de lo que acabo de decir, uno podría entender que podría estar implícita una discriminación en este tratamiento que se va a dar", ya que "respecto del delito que va a justificar la procedencia de la prisión preventiva podría haber situaciones de trato diferente de nacionales y personas extranjeras".
Por otra parte, el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Provincial Valparaíso, Pablo Araya, indicó al mismo medio que ante la capacidad del recinto que es para 1.919 reos, aunque cuenta con 2.600, sumado a tres módulos cerrados, advirtió que "la infraestructura actualmente no nos acompaña en Gendarmería, en Valparaíso hoy en día tenemos hacinamiento y sobrepoblación".
Ante esto, precisó que si la orden del fiscal nacional fuese acogida masivamente por los jueces, "sin duda va a provocar un desajuste con la internación de estas personas, porque en Valparaíso ya no es factible hacer segregación con la población penal, dado que no hay donde dejarlos, y las unidades más chicas de la región también están con sobrepoblación".
En tanto, el presidente de Anfup Provincial Marga Marga, Mario Brito, sostuvo que "a nosotros, como provincial Marga Marga, nos parece bien la resolución del fiscal nacional en relación a ingresar a prisión preventiva a todos aquellos extranjeros indocumentados, pero en el mismo tenor creemos que también es correcto que se vayan incrementando en los recursos necesarios para poder ejecutar esa labor. Eso implica, mayor infraestructura, mayor recurso humano y todo el apoyo logístico necesario para poder enfrentar la situación que ha resuelto el fiscal nacional".
