En tela de juicio se encuentra, por estos días, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, tras enfrentar distintas solicitudes de remoción a raíz de tres casos que, pese a encabezarlos directa o indirectamente, han provocado duras críticas a su gestión en el Ministerio Público.
Si bien su trayectoria no ha estado exenta de polémicas -desde que en agosto de 2018 fue investida por ex fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de una terna en que compitió con Pablo Fritz y el fiscal Juan Yáñez-, por estos días las indagatorias marcadas por el alto interés público han vuelto a poner su nombre en el ojo del debate.
El caso más reciente es el que involucra a Luis Lugo Machado, investigado por el homicidio del sargento mayor póstumo, Daniel Palma. Sin embargo, el caso del menor Tomás Bravo -cuyo segundo intento de formalización al tío abuelo fue anulado por la Corte Suprema-, profundizó los cuestionamientos hacia la persecutora, los mismos que emergieron desde la primera imputación -por homicidio calificado- que se hizo a Jorge Escobar.
Pero a ello, se suma el malestar de la familia de Sergio Mardoff, un joven desaparecido en 2005 y encontrado por casualidad en 2018 en el Servicio Médico Legal (SML). Pese a las solicitudes que se hicieron al Ministerio Público, el caso fue cerrado, sin determinar su causa de muerte y sin determinar la existencia de algún delito.
Así las cosas, tanto los familiares de Sergio Mardoff como la madre de Tomás Bravo han planteado la intención de que se logre remover a la fiscal, peticiones que han encontrado eco en parlamentarios como el diputado Leonidas Romero (RN) y Marlene Pérez (Ind-UDI). Esto, pues si bien Cartagena no es titular en todas las causas, recae sobre ella la responsabilidad de todas las indagatorias que se realizan en la región que lidera.
En conversación con Emol, la diputada Pérez sostuvo que "es el fiscal regional, Ángel Valencia, el que debe asumir el liderazgo que le corresponde y evaluar la mala gestión que ha realizado la fiscal Marcela Cartagena. Pero si el fiscal regional, hace oídos sordos, evidentemente que voy a firmar para crear una instancia política para poder presionar".
La parlamentaria -quien busca reunirse la próxima semana con la persecutora para comentarle sobre el descontento-, comenta que "hay muchas investigaciones sin resolver, y sumado a eso, la guinda de torta es uno de los involucrados en la muerte del cabo Palma, que tenía dos causas en el Biobío y en una de ellas no se presentaron los antecedentes para dejarlo detenido".
Según confirmó el diputado Romero, ya cuenta con el compromiso de los 10 parlamentarios que se necesitan para impulsar la remoción de la fiscal. El documento, que ya está siendo confeccionado por el equipo del parlamentario, se presentaría entre lunes y martes de la próxima semana.
"El fiscal nacional es el que tiene que tomar conocimiento, pero quien resuelve es la Corte Suprema, y esperamos que actúe en consecuencia y saque del cargo a la fiscal Cartagena, porque no ha estado a la altura de las necesidades de la región", sostuvo el parlamentario.
Los "cabos sueltos" del historial de Lugo Machado
El crimen del sargento mayor póstumo Daniel Palma abrió una serie de cuestionamientos al trabajo previo que había realizado la fiscalía del Biobío. Esto, porque en 2021, el Luis Lugo fue arrestado en el terminal de buses Concepción por porte ilegal de arma de fuego.
Lugo primero quedó con arresto domiciliario, sentencia que incumplió en reiteradas ocasiones, y luego pasó al régimen de arresto domiciliario nocturno. Posteriormente, la fiscal a cargo del caso ofreció al imputado cerrar la causa con una procedimiento abreviado con una pena baja de 3 años y un día si él reconocía su responsabilidad en el delito. La defensa aceptó y solicitó que se
cumpliera con libertad vigilada intensiva, por lo que se dictó sentencia en esos términos el 6 de mayo de 2022.
En tanto, el 24 de enero de 2023 el Centro de Reinserción Social solicitó revisión de la pena por incumplimiento de la sentencia de mayo. De esta forma, se fijó audiencia para aquello para el 30 de marzo de este año, y como Lugo no se presentó, se despachó orden de detención. Cinco días después, el sujeto resulta involucrado en el asesinato del carabinero Palma.
En una segunda causa, si bien detuvo a Lugo por microtráfico -durante el régimen de libertad vigilada intensiva-, la fiscalía no presentó antecedentes que permitieran seguir avanzando con la causa, por lo que tuvo que ser sobreseída.
Si bien el caso es responsabilidad directa de la fiscalía local de Tomé, cuya encargada es la persecutora Sandra Véjar. De hecho, para dilucidar las causas por las que no se solicitó una audiencia de formalización contra Lugo Machado por microtráfico, es que el Ministerio Público inició un sumario interno.
Caso Mardoff
El nombre de la persecutora Véjar se repite en el caso de Sergio Mardoff, el joven desaparecido en 2005 en el sector del Recodo de Santa Juana y hallado 13 años después en el Servicio Médico Legal (SML), luego que la propia familia se enterara que sus restos estaban en dichas dependencias. Hasta ahora, su causa de muerte se desconoce, así como también la vía por la cual llegó a dicho recinto en 2015.
El 8 de octubre de 2018, previo a que se confirmara que el cuerpo encontrado en el SML era precisamente de Sergio Mardoff, su padre sostuvo que "
aunque la fiscalía diga que no, mientras no tenga científicamente las pruebas, estamos absolutamente seguros de que es él, por sus vestimentas, por sus placas dentales, su grupo de sangre, por muchas más cosas".
Indagatorias de la época descartaron la presencia de sangre en la casa que cuidaba el joven, así como la participación de terceros. La fiscal a cargo, en ese entonces Sandra Véjar, explicó que tanto el perfil psicológico, los informes médicos y el testimonio de terceros apuntaban a que el estudiante tenía una personalidad depresiva.
Respecto al problema en la notificación de los restos, la fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena, explicó entonces que "el sistema Codis está vigente desde el 25 de noviembre del año 2008, y señala dentro de su disposición legal que debe ser aplicado a hechos acontecidos con posterioridad a esa fecha. Es de conocimiento público que la desaparición de Mardoff está establecida el día 30 de marzo del año 2005, por eso no se incluyó en el sistema".
El lunes de esta semana, la familia anunció que reunirán las firmas de 10 diputados para que se pida a la Corte Suprema la destitución de la fiscal Cartagena, y de la entonces fiscal jefe del caso, Sandra Véjar, producto de lo que califican una "cadena de errores", en su gestión.
"La fiscal Cartagena nombró de fiscal jefe a Sandra Véjar en Tomé, y dejo sin efecto la detención de la persona que mató al carabinero en Santiago. Tenemos que reunir 10 firma, yo pido a la mamá de Tomasito que nos reunamos y podamos pedir a todos los legisladores 10 firmas, para la destitución de estas personas", subrayó Sergio Mardoff padre a Cooperativa.
Caso Tomás Bravo
El caso del pequeño Tomás Bravo es uno de los que más revuelo ha causado en la opinión púbica, no sólo por que involucró la muerte de un menor de sólo tres años, sino porque a dos años de la investigación, no se pudo hallar un culpable.
Fue el 3 de marzo de 2021 cuando el ex fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró a la fiscal Marcela Cartagena a cargo de la indagatoria. Esto, luego que juzgado de garantía de Arauco rechazara la prisión preventiva del tío abuelo de menor, formalizado por homicidio calificado, medida cautelar que había sido solicitada por el persecutor José Ortiz.
"La designación se funda en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, debido a la gravedad y complejidad de la investigación, así como también a nuevos antecedentes incorporados a la causa que harían necesaria la designación de la fiscal regional", señalaba entonces un comunicado del Ministerio Público, justificando la decisión.
Pero la indagatoria no logró dar con un resultado contundente, y luego de cuatro solicitudes de plazo para investigación, se cumplió el tiempo y no se logró determinar responsabilidades. El último intento del ente persecutor fue el 10 de marzo de este año, al imputar a Escobar el delito de "abandono de menor con resultado de muerte", sin embargo, la Corte Suprema lo anuló y solicitó al Tribunal de Garantía de Arauco "fijar a la brevedad posible" una audiencia para discutir el cierre de la investigación.
"¡Necesito de la ayuda de todos! Les comento, existe una iniciativa propuesta por el Diputado, el Sr. Leonidas Romero Sáez, la cual consiste en reunir 10 firmas de Diputados, esto con el objeto de remover a Marcela Cartagena Ramos. (Fiscal del caso de mi hijo) Agradezco y me adhiero a la iniciativa propuesta por el Sr. Leonidas Romero, mi razón es muy obvia, y de alguna manera, ella debe ser sancionada por su ineficiencia e inoperancia", escribió ayer en su cuenta de Instagram la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez.
En el texto, la mujer agrega que "en lo personal, no tengo nada en contra de ella, simplemente porque no la conozco, pero en lo que respecta a su desempeño profesional, sólo me ha demostrado que ocupa una responsabilidad que no merece".
