La
Contraloría General de la República objetó este jueves la compra de la ex clínica Sierra Bella por el Municipio de Santiago, encabezada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), por
"precio injustificado".
Junto con aquello, el organismo fiscalizador anunció que realizará un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el hecho, y por "incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa".
La resolución detalla que en abril de 2022, el municipio solicitó tasaciones de un primer inmueble ubicado en calle Carmen 35, recibiendo precios entre 86.440 UF y 87.500 UF. Posteriormente, al no concretarse dicha compraventa, se solicitó a los mismos profesionales tasar el inmueble de calle Sierra Bella 1181, las cuales fluctuaron entre 232.843 UF a 235.600 UF.
Fue entonces cuando el municipio ofertó 234.124 UF ($8.252.873.341), monto que fue aceptado por la inmobiliaria dueña de la ex clínica.
Al respecto, y según la resolución de Contraloría, el ente fiscalizador evidenció "una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora" y que dichos antecedentes habrían sido tenidos en cuenta por el municipio.
Además, se estableció que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio, "superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal".
Asimismo, la CGR detalla que logró constatar que el 9 de abril de 2021, el inmueble había sido ofertado a través de un aviso (en Portalterreno.com) con un monto de 95.000 UF, "precio notoriamente inferior al propuesto a pagar por el municipio".
Sumado a lo anterior, se advirtió que las tasaciones encargadas, presentan inconsistencias como falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros aspectos.
En conclusión, el ente contralor determinó que "no es posible tener por fundamentado el gasto, debiendo el municipio adoptar las medidas que garanticen la correcta administración y resguardo de los recursos municipales en un plazo de 15 días hábiles. Por este hecho, la Contraloría llevará cabo un sumario".
"No procede la implementación de una 'clínica municipal'"
La resolución de Contraloría también puntualiza que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud "que excederían del nivel propio de la atención primaria", cuestionando que la autoridad alcaldicia aludiera al proyecto como la "primera clínica municipal".
"El municipio recientemente informó que los inmuebles cubrirían necesidades de contingencia y mitigación del Cesfam Padre Orellana y que las instalaciones se ofrecerían en convenio al Servicio de Saluyd Metropolitano Central -SSMC- (mediante el programa 'Santiago Innova Salud') para que éste opere servicios de atención cerrada. Al respecto, la CGR verificó que la decisión no fue sometida 'al conocimiento del concejo municipal ni tampoco fue invocado como fundamento para justificar su adquisición'", señala el documento.
En paralelo, la Contraloría advierte que, aunque el municipio propone este convenio, no consta "el inicio de diligencias tendientes a recabar el consentimiento" del SSMC.
En conclusión, la CGR determinó que "no resulta procedente" que la municipalidad otorgue "prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud", y recalca que "si el municipio insiste en implementar este proyecto reformulado deberá someterlo a una nueva aprobación del concejo municipal".
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