Un duro golpe para la alcaldesa de Santiago,
Irací Hassler (PC), significó ayer el fallo de la Contraloría objetando la compra de la ex clínica
Sierra Bella por parte del municipio, debido a un "precio injustificado" por el inmueble.
La resolución gatilló una serie de efectos y consecuencias, cuyos alcances finales están aún lejos de poder determinarse.
El organismo fiscalizador anunció además que realizará un sumario para determinar responsabilidades administrativas por este hecho y, además, por incumplir la instrucción de congelar acciones para materializar la compraventa.
Además, según consignó hoy El Mercurio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), designará a un abogado, quien debería llevar el tema al comité penal para examinar si hay antecedentes suficientes para estimar la existencia de algún delito y, eventualmente, presentar una acción penal.
Cabe recordar que ya la Fiscalía indaga el caso, buscando determinar si hubo sobreprecio en la compra del inmueble y por ende, fraude al fisco o algún otro delito relacionado.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, opinó que "acá lo importante es transparentarlo todo, que se sepa todo. Acá hay muchas cosas raras, muchas piezas que no calzan. Y no solamente es importante por las sanciones y por las responsabilidades que puedan existir, sino para que la gente, todos los chilenos y chilenas podamos tener confianza de que nuestras instituciones funcionan, y que son capaces de llegar a las últimas consecuencias y de aclarar este tipo de situaciones".
Las medidas de Hassler y peticiones de salida
El dictamen de Contraloría también llevó a la alcaldesa de Santiago a tomar varias medidas. De hecho, hoy al referirse al tema, al jefa comunal anunció que le pidió la renuncia del director jurídico, Jean Pierre Chiffelle y al secretario de planificación del municipio, Luis Mayorga Salces, apuntando a las responsabilidades políticas y técnicas del caso.
Asimismo, reiteró que no se perseverará en la compra de la ex clínica Sierra Bella por parte del municipio, a la vez que se querellarán contra los tasadores que les prestaron servicios para determinar el valor del inmueble.
Pero también hay quienes creen que la responsabilidad debe recaer en la propia jefa comunal. Al respecto, los diputados Republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, pidieron que se formalicen cargos contra la alcaldesa por el delito de fraude al Fisco.
Para el diputado Kaiser, "la alcaldesa no se puede desentender del mandato que ella entregó a su abogado, a los abogados de la municipalidad para que actuaran en su nombre en una compra que claramente es irregular y que habría causado un daño por casi ocho millones de dólares a la Municipalidad de Santiago".
"Vamos a pedir la formalización de la alcaldesa de Santiago en la causa criminal que ya presentamos en la fiscalía, porque lo que pasó ayer es solo un paso para detener este fraude", dijo el diputado Irarrázabal.
Por su parte, el concejal Juan Mena (IND) planteó -de acuerdo a La Tercera- que "una idea que llega luego de que se realicen los sumarios correspondientes y así ver la posibilidad de pedir la renuncia o destitución de la autoridad ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)".
