No han sido días fáciles para el oficialismo. En pocas semanas, el Presidente Gabriel Boric, los miembros de su gabinete y los partidos políticos que lo apoyan han aparecido en varias ocasiones enfrentados entre sí, debido a las diversas posturas que han marcado en los principales asuntos que preocupan al país.
La tensión permanente que existe entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad desde el comienzo de la administración del Mandatario ha permeado en la mayoría de los temas que marcan la agenda. Las divergencias han ocurrido a todo nivel: Desde el Mandatario a los líderes de las colectividades, pasando por ministros y parlamentarios.
La situación ha obligado al jefe de Estado marcar el rumbo del sector en reiteradas oportunidades e incluso ha motivado a las dos coaliciones a solicitar un nuevo cónclave
para revisar el programa y unificar posiciones respecto a cuestiones diversas, como la crisis de seguridad, la política del litio o migraciones, entre otras.
La preocupación del Ejecutivo ante las dificultades para actuar coordinadamente ha sido tratada en consejos de gabinete y en las reuniones semanales de los partidos con el comité político. Sin embargo, el problema ha persistido y en algunos casos se ha profundizado. Acá el compendio de los principales choques internos.
Las tensionadas semanas por la crisis en seguridad
Este ítem es el que ha generado mayores problemas para la alianza de gobierno, dada la gravedad de la crisis que enfrenta el país. La muerte de tres carabineros en menos de un mes ha empujado a La Moneda a acelerar una serie de iniciativas en las que no hubo acuerdo entre los dos bloques oficialistas.
El mayor ejemplo se dio en el debate de la Ley Nain-Retamal. Mientras el Socialismo Democrático apoyó decididamente la iniciativa, en Apruebo Dignidad se opusieron a votar a favor de una norma que establece la legitima defensa privilegiada de las policías, amenazando incluso con recurrir al Tribunal Constitucional.
La discusión fue acompañada por una postura ambigua del Ejecutivo. Mientras por un lado la
ministra del Interior, Carolina Tohá, sostenía que el objetivo de la medida no era dar “gatillo fácil” a Carabineros y la PDI, por otro estaba presionado por sacar adelante una iniciativa que no era de su autoría.
El asunto decantó con una división entre el PS y el FA De hecho, ambos sectores exigieron explicaciones a la jefa de gabinete por la estrategia en materia de seguridad. Mientras los socialistas llamaron a actuar sin complejos en la materia, en la coalición de Boric pidieron más "liderazgo" e impulsar medidas propias en esta materia.
El fantasma de un sexto proyecto de retiro
"Es pan para hoy y hambre para mañana", dijo el jefe de Estado el 23 de marzo al plantear por enésima vez su rechazo hacia la idea de algunas diputadas y diputados de insistir con un sexto retiro de los fondos de pensiones. Sin embargo, el gobernante aún ve con preocupación la opción de que parlamentarios oficialistas se cuadren con la iniciativa.
Por ejemplo, el independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, ya ha mencionado que respaldará el proyecto liderado por Pamela Jiles, mientras que los legisladores del Partido Liberal plantearon hace algunas semanas que estaban en reflexión respecto a la postura que asumirán en este tema.
Otros votos que se le podrían escapar al Ejecutivo estarían en el Partido Radical o en el PC, donde varios de sus diputados han votado invariablemente a favor de los retiros pasados. De hecho, la diputada Marisela Santibáñez ya advirtió hace algunos días que su voto dependerá de
"lo que me pidan mis votantes".
Migración: Dos miradas en el mismo Gobierno
Una de las diferencias que más han llamado la atención en las últimas semanas es la que se produjo al interior del propio Gobierno en materia de migración, luego de que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, evidenciara una posición totalmente distinta a la expuesta por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer,
"La estadía ilegal en Chile no constituye, por sí misma, un riesgo para la seguridad interior", dijo Thayer el pasado lunes en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, provocando severas críticas en el Congreso Nacional. Sus dichos fueron objetados desde el Minjus.
En una entrevista con Radio Pauta, la autoridad indicó que "lo relevante a nuestro juicio en esta materia tiene que ver con que la inmigración irregular es un problema para el país, es un problema importante. Y en ese sentido,
podría ser un riesgo para nuestro orden y la seguridad de nuestro país".
Los comentarios de Gajardo llegaron pese a la aclaración que Thayer realizó respecto a sus dichos, en la cual intentó matizar sus argumentos. Según él, con la indicación opositora que fue rechazada en el proyecto sobre expulsiones de migrantes, el subsecretario del Interior "iba a estar obligado a expulsar personas que constituyeran un riesgo para la seguridad interior del Estado".
Litio: La pelea por el rol de los privados
"El corazón de esto es una alianza público-privada para desarrollar esta industria", dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre la esperada política nacional para la explotación del litio, marcando una posición que ha sido cuestionada desde los sectores de izquierda del oficialismo, que esperan un rol exclusivo del Estado en este tema.
Su visión ha sido respaldada desde el Ministerio de Minería, donde el subsecretario de esa cartera, Willy Kracht, subrayó que para la conformación de la Empresa Nacional del Litio se incluirá la participación de privados y que se iniciarán proyectos de explotación mediante "licitaciones".
Los anuncios de la autoridad fueron criticados con dureza por el senador del PC,
Daniel Núñez, quien acusó a Kracht de impulsar la "privatización" del mineral. "Parece subsecretario de Sebastián Piñera y no de Gabriel Boric", dijo, junto con recalcar que ello "es contradictorio con la política propuesta en materia de litio en su programa".
En tanto, el senador del FRVS, Esteban Velásquez, expresó su molestia por el anuncio, señalando que "le he manifestado a la ministra de Minería que este tema debe ser muy socializado y conversado, porque nosotros somos partícipes de una política nacional y de una empresa nacional del litio, y el diseño debe consensuarse al máximo".
Impuestos verdes: El rayado de cancha de Marcel
Otro tema que ha generado públicas divergencias al interior del Gobierno ha sido el de los impuestos verdes, el cual ha enfrentado al ministro Marcel con su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, cuyas carteras buscan, en algún momento, instaurar esa política en el país.
Todo comenzó luego de que Rojas afirmara que la reforma para llevar a cabo la medida estaba "prácticamente lista", lo cual tuvo que ser corregido inmediatamente por el jefe de las finanzas públicas, quien incluso pidió a los medios de comunicación que cualquier anuncio sobre gravámenes fuera consultado con él directamente.
"Es importante que tratemos de que la información sobre impuestos, cuando se comente y, sobre todo, cuando se reacciona de parte de los parlamentarios, ojalá sea a partir de la información que viene desde el Ministerio de Hacienda y
no algo que se lee entre líneas de lo que señala, en este caso, una ministra sectorial", dijo.
No obstante, Valenzuela se sumó a Rojas y recordó que la medida "está en el programa y me parece del todo sensato para las ciudades", junto con remarcar que "como dice Nicanor Parra, hay que hacerse cargo, no hacerse los lesos y actuar en concordancia".
Isapres: La línea roja marcada por el oficialismo
Dentro de las tareas pendientes del Gobierno está la elaboración de un plan que permita abordar la crisis financiera que enfrentan las Isapres, el cual se ha estado trabajando sigilosamente en el Ministerio de Salud en medio de las presiones del oficialismo para evitar que este implique un salvataje a esa industria.
En los partidos que respaldan al Ejecutivo existe inquietud en esta materia, sobre todo por la postura cauta que ha asumido la titular de la cartera, Ximena Aguilera, quien ha sostenido que se buscará un acuerdo que implique atenuar el golpe que significaría que miles de afiliados queden sin protección ante una eventual quiebra del sector.
Por ejemplo, la diputada
Karol Cariola (PC) ha advertido que "el rol del Estado es resguardar a los usuarios y no generar un salvataje a las isapres, que han sido un negocio que ha lucrado por años y que ha dejado claro que no está hecho para tratar a los enfermos, sino solo a personas sanas, jóvenes y sin problemas".
En la misma línea, la diputada Danisa Astudillo (PS) indicó que "por supuesto que no debe haber salvataje del Estado a las isapres, de lo que el Estado se debe preocupar es de los afiliados que hoy día podrían quedar sin cobertura (…) lo que nos convoca a los parlamentarios, es resguardar a los afiliados, a las personas, a los chilenos".
