Crear una comisión investigadora por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la municipalidad de Santiago, es la solicitud que hicieron un grupo de diputados al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL). Esto luego de que la Contraloría objetara la adquisición del inmueble, argumentando un "precio injustificado".
El hecho llevó a que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunciara que no perseverará en la compra del recinto y que se querellarán contra los tasadores que contrataron para determinar el precio del mismo. Asimismo, confirmó que pidió la renuncia de dos importantes funcionarios municipales, aludiendo a las responsabilidades políticas y técnicas.
A través de una carta liderada por el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, se le pide al presidente de la Cámara "la creación de una comisión especial investigadora a fin de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con la adquisición de inmuebles de la denominada 'Clínica Sierra Bella' por parte del Municipio de Santiago, impulsado por su alcaldesa Irací Hassler".
Junto con describir la cronología de los hechos y dar cuenta del fallo de Contraloría, en la misiva a la que tuvo acceso Emol se señala que el objetivo es "reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno en relación al proceso de adquisición de los inmuebles correspondientes a la clínica Sierra Bella y determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la compraventa en cuestión".
Con ello, esperan indagar "si el concejo municipal contó con todos los antecedentes previos a su adquisición; los motivos por los cuales la entidad comunal no solicitó tasaciones bancarias; si existe perjuicio al patrimonio municipal, y si el municipio realizó negociaciones con otros oferentes de inmuebles, para el eventual destino de la clínica municipal, entre otros".
Al respecto, el diputado Schalper comentó que "nos parece que lo de la comuna de Santiago y en particular la municipalidad es tremendamente grave. Sin perjuicio de lo que pueda hacer la Contraloría en el ámbito administrativo, nos parece que nosotros además políticamente tenemos que indagar hasta las últimas consecuencias el problema de gestión que tiene tantas expresiones en esa municipalidad. La tares de los diputados es en parte velar en parte también por los recursos públicos y vamos a preocuparnos de fiscalizar, a través de una comisión investigadora a la señora Irací Hassler".
Con ello, Schalper agregó que "también hay una responsabilidad política por parte de aquellas autoridades de Gobierno, que estuvieron disponibles a prestar apoyo a una cosa que claramente nunca estuvo ni está de manera regularmente concedida".
Asimismo, la diputada Paula Labra (IND-RN) comentó que "es evidente la irregularidad que cometió la alcaldesa, una desprolijidad administrativa con recursos municipales que pudieron ser destinados a controlar la delincuencia".
"Es ella la mandatada por sus vecinos, a transmitir seguridad y confianza en una buena gestión. Tenemos que determinar con premura las responsabilidades tanto administrativas, como políticas; no basta con cortar el hilo por lo más delgado, despidiendo funcionarios e instruyendo sumarios, es ella quien debe responder", sostuvo Labra.
La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) expresó que "las conclusiones de Contraloría son de tal gravedad que ameritan establecer responsabilidades políticas, por lo mismo, estamos impulsando esta comisión investigadora, es importante conocer por qué un sector político estaba tan interesado en este negocio que a todas luces parece irregular".
Una vez constituida, la comisión investigadora se extenderá por un plazo de 60 días para realizar su cometido. La acción podría ser suscrita por otros parlamentarios de la oposición.
