Una serie de reacciones ha dejado a su paso el anuncio del plan "Calle sin Violencias". Y es que después de algunas confusiones, finalmente se confirmó que serán 46 las comunas intervenidas por las policías a nivel nacional, las que fueron elegidas en base a dos criterios: ser capital regional y haber reportado al menos 10 homicidios durante 2022.
Los alcaldes y alcaldesas de las comunas que fueron consideradas manifestaron sus agradecimientos y valoraciones. Aunque de igual manera, hubo quienes hicieron hincapié en que la estrategia debería ser pensada de una forma más macro.
Por otro lado, algunos ediles de cuyas comunas no fueron estimadas en la iniciativa, fueron consultados por Emol al respecto y mostraron, en cambio, lamentos y molestias.
"Lamentamos profundamente que el plan' Calles sin Violencia' no sea un plan a nivel nacional. Así como nosotros estamos siendo excluidos, también otras comunas, y solidarizo con los alcaldes y alcaldesas que no son parte", dijo Paulina Bobadilla (IND), alcaldesa de Quilicura.
Según detalló, en el último mes hemos han tenido más de 14 heridos con armas de fuego, por lo que señaló que "si se usa el criterio de homicidio, tenemos que esperar que esos heridos hayan fallecido para ser parte del plan y creemos que ese no es un buen punto. Las estrategias en seguridad tienen que llevarse a cabo de una forma sustancial y no privilegiar a una por sobre otra comuna".
René de la Vega (IND), alcalde de Conchalí, resaltó en primer lugar que saben "que es un plan que se está modificando y evaluando constantemente", por lo que esperan "ser parte en algún momento".
Ahora bien, sí mostró preocupación en que "la redistribución de Carabineros nos perjudique. Hoy tenemos una escasez significativa y el hecho de la redistribución y sacar los carabineros para estos planes, puede perjudicarnos al momento de tener que actuar y no tener la dotación necesaria".
Es por esa razón que llamó a que la redistribución de Carabineros "sea de forma justa y oportuna y no debilitar, con los diferentes planes que hoy se están mencionando por parte del Gobierno central, en la redistribución y en desmedro puntualmente de las comunas en que hoy día ya tenemos escasez".
"Nos siguen viendo solo como un puerto de fierro y cemento necesario para los negocios que rentan en Santiago. Nos tratan como un lugar por donde pasa la riqueza y queda la pobreza, inseguridad y el abandono".
Alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana
El jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos (IND), señaló que no entiende por qué no está considerada su zona dado que "las cuatro comunas que la rodean sí están incluidas, por lo que creemos que si va a haber un reordenamiento de las fuerzas policiales, es decir, sacar carabineros de un lugar y llevarlos a otro distinto, esto va a producir un traslado de los delitos a aquellas zonas de menor control, en este caso La Cisterna".
En ese marco, aseveró que "nos parece que debiera existir una comunicación sobre los criterios que se ocupan para este tipo de políticas, ya que según vimos en las últimas cifras criminales entregadas la semana pasada por Carabineros a través del STOP policial, La Cisterna tiene un 40% de aumento de delitos violentos".
Así, llamó a "seguir fortaleciendo otras instancias que han tenido bastante éxito como la implementación de la patrulla mixta" y envió un mensaje a la comunidad indicando que "reforzaremos la presencia de seguridad ciudadana en las calles a través de motos y camionetas, y la patrulla mixta con una mayor presencia en conjunto con Carabineros".
Desde la región de Valparaíso, Constanza Lizana (IND), alcaldesa de San Antonio, entregó una opinión mucho más molesta. "Desde que asumimos la alcaldía, en el Gobierno de Piñera primero y luego el Presidente Boric, hemos planteado con claridad la necesidad de terminar con el abandono de San Antonio, lamentablemente, la respuesta ha sido más abandonos".
"Albergamos el puerto más importante que conecta a Chile con el mundo para el comercio de mercancías. Sin embargo, para nuestras familias no hay nada. Hemos planteado con claridad los problemas de violencia e inseguridad que afectan a nuestras comunidades en los barrios hace mucho tiempo (...) Nos siguen viendo solo como un puerto de fierro y cemento necesario para los negocios que rentan en Santiago. Nos tratan como un lugar por donde pasa la riqueza y queda la pobreza, inseguridad y el abandono", aseveró.
Agregó que "hemos señalado la necesidad de una inversión fuerte en nuestra comuna y no hemos tenido respuesta. La gota que rebalsó el vaso es la exclusión de San Antonio en el plan de 'Calles sin Violencia'. Claro que molesta, pues las necesidades son nacionales y solo se incluyeron las 16 capitales regionales como criterio, y en el caso de nuestra región, aparte de la capital, nos llama la atención que solo se incluyen tres comunas las cuales son dirigidas por autoridades de partidos de gobierno anunciando comunas por Twitter, sin transparentar los criterios al respecto".
"Molesta y da rabia, pues a propósito de los últimos acontecimientos, las autoridades y representantes de todos los partidos han hablado hasta por los codos de San Antonio. Sin embargo, a la hora de ponerse con nuestra comuna nos dan la espalda. Al parecer sólo fueron lágrimas de cocodrilo", reveló.
Por último, quien abordó la situación fue el alcalde de Chiguayante y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, José Antonio Rivas (PS), quien manifestó estar inquieto. "Quedar fuera no sólo significa que no nos asignan protección, sino que nos afectan con mayor desprotección, y estoy tremendamente preocupado por eso".
"Nosotros estamos convencidos que lo que se va a producir no es la detención y el control real del delito, sino que se van a construir sensaciones de seguridad, como ha sucedido desde que se anunció este plan. El constructo está orientado para tranquilizar, para pasar de una sensación de inseguridad a una de seguridad; eso es lo que uno ve a primeras y a buenas", informó.
En la misma línea, añadió que "el Gobierno aumentó en 16 comunas su plan inicial, sin embargo, queda en evidencia que el resto del país está disponible para que las bandas delictuales puedan trasladarse y operar, y sobre todo, mantener sus negocios en otros lugares donde no existe tanto alcance comunicacional que evidencie los delitos. Hay muchas comunas periféricas y, por lo tanto, están propensas a que el narcotráfico se instale ahí, y que de ahí operen".
Rivas igual valoró y dijo entender "la necesidad de partir por algo", pero reiteró que "esto debe ser fortalecido con mayor presupuesto y recursos para abordar los delitos. No se trata sólo de las facultades, las que ya hace años entregaron a los municipios, finales del 2016 para ser exactos; se trata de los presupuestos con que se cuenta para enfrentar estas responsabilidades".
Una de las implementaciones dijo que "es potenciar las fiscalías", lo que en su opinión es "correcto". No obstante, sostuvo que "al sectorizar el plan por comunas entrampas su labor, ya que ellos trabajan por áreas específicas, no por comunas. Lo que se intenta hacer es algo extraordinario, pero con los mismos fiscales, Carabineros y PDI (...) No basta con el reforzamiento de las protecciones a policías en sus equipamientos, y el mejoramiento de planes operativos para reducir riesgos, lo que debemos hacer es evitar que los delitos ocurran".
Con todo el análisis hecho, acotó que "lo que uno dice es que este plan fue más bien una medida comunicacional, que una medida eficaz".
La mañana de este domingo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la situación de los alcaldes cuyas comunas no fueron consideradas asegurando que "nosotros entendemos a los municipios como aliados para el combate a la delincuencia (...) El plan 'Calles sin Violencia' es mucho más integral, más intensivo y más robusto del punto de vista operativo y de coordinación interinstitucional, pero no es el único. Tenemos otros planes, tenemos el que tiene que ver con la recuperación de barrios, por ejemplo el de Barrio Meiggs o la plaza de Maipú. Está el plan 'menos armas más seguridad' que ha permitido destruir armas de fuego ilegales, más de 17 mil en lo que va de nuestra administración, y se está hablando con los alcaldes".
Tras ello, aseveró que a los jefes comunales "no se les cierra (la puerta) y tenemos, además, siempre otros tipos de operativos y planes de intervención. Esto no es lo único (...) Pero lo que significa el plan de 'Calles sin Violencia' por ahora cuenta con 46 comunas y eso responde a una definición de criterios".
