Quedan casi dos semanas para que el 7 de mayo la ciudadanía escoja a los integrantes del Consejo Constitucional, órgano elegido por la ciudadanía para redactar la propuesta de la Constitución.
Los 50 consejeros no partirán desde cero, pues cuando se vean las caras por primera vez en junio, tendrán en sus manos el anteproyecto de nueva Constitución que están elaborando los 24 miembros de la Comisión Experta.
En los pasillos del ex-Congreso se ha instalado el debate sobre cuánto podría influir la elección en esta etapa del proceso. Aunque públicamente se expresa que los comicios no deben incidir en la redacción del anteproyecto, asesores y expertos están en alerta, pues la conformación del Consejo será clave para saber qué sectores podrían dominar las futuras votaciones y, con ello, cuánto del texto de los expertos se podría mantener o modificar.
Además, esta será una elección con voto obligatorio —la de convencionales fue con sufragio voluntario— y hasta ahora las encuestas prevén distintos escenarios.
A fines de marzo, el analista político Pepe Auth proyectó que los pactos Chile Seguro (UDI, Evópoli y RN) y Unidad para Chile (Apruebo Dignidad, PS y PL) obtendrían un 27% de los votos cada uno, el Partido Republicano lograría un 19% y el Partido de la Gente (PDG), un 10%.
Según la encuesta Panel Ciudadano-UDD de abril un 15% de los consultados en la Región Metropolitana votaría por Chile Vamos; un 14%, por el pacto de Apruebo Dignidad con socialistas y liberales; un 11% votaría por republicanos, mientras que un 7% iría por el pacto Todo por Chile (DC, PPD y el PR) o por el PDG.
En tanto, la encuesta Criteria de marzo apunta a que un 41% estaría dispuesto a votar por el PDG; un 37%, por los republicanos; un 38%, por Chile Seguro; 35%, por Todo por Chile, y 33%, por Unidad para Chile.
En ese escenario de incertidumbre, desde sectores de la centroizquierda hay preocupación, pues reconocen que será difícil que se repita en el Consejo la integración de la Convención, en que hubo una mayoría de convencionales de centroizquierda e izquierda. Por eso, de manera informal ya hablan de una estrategia para dejar sentadas algunas normas ahora, en el anteproyecto de la Comisión Experta.
También en el otro bloque el tema es materia de discusión, ya que hay incertidumbre sobre qué sector de la centroderecha y derecha obtendrá una mayor representación: una más cercana a Chile Vamos o a la facción del Partido Republicano.
Todo lo anterior, sin considerar la incógnita del Partido de la Gente (PDG) que, al menos en el Congreso, no ha tenido un comportamiento predecible, pero que tal como ocurrió en las últimas parlamentarias, podría ser una sorpresa en la elección.
Así como la Comisión Experta, el Consejo Constitucional deberá aprobar normas por tres quintos de sus miembros, es decir, 30 consejeros. Si un sector o bloque obtiene 21 representantes, estos podrían bloquear cualquier votación.
Impacto en la discusión
Al interior de la Comisión Experta se da por sentado que recién en la semana del 15 de mayo el pleno se pronunciará sobre los temas cruciales del anteproyecto, es decir, después de conocida la conformación del futuro Consejo.
El lunes ingresaron alrededor de 900 enmiendas al texto aprobado en general, las cuales serán primero debatidas y luego votadas en las cuatro respectivas subcomisiones: Sistema político; Función jurisdiccional; Principios y la de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Sebastián Soto (cupo Evópoli), de la subcomisión de Sistema político, señala que "después (de ingresadas las enmiendas) vienen dos o tres semanas de trabajo de subcomisión. Creo que, como es común en estos procesos, no se va a votar inmediatamente, sino que más cerca del final". Tras la votación en las subcomisiones se establecerán informes que serán votados en particular por los 24 expertos.
Natalia González (cupo UDI), también de Sistema político, sostiene que "sin duda, el tema de que haya una elección entremedio del trabajo de los expertos es algo complejo. Pero en principio esa elección no nos debiera inhibir de tener estos debates, estas discusiones, en buena lid". Coincide Sebastián Soto: "Obviamente tenemos presente la elección del 7 de mayo, es algo a lo que debemos prestar atención, pero el resultado de aquella no debe definir la dirección de los acuerdos de las comisiones", afirma.
Pese a esto último, una persona que participa en el proceso asegura que aunque "por ahora existe cierta intención de desvincular la conversación de las enmiendas respecto de la elección, la verdad es que ello es ineludible". Y asesores reconocen que "lo que está en mente de algunos es tratar de armar un texto lo más redondo posible".
Sebastián Soto cree que "las comisiones tienen conciencia de lograr un texto que se baste a sí mismo, completo, que no tenga vacíos, lo que no quiere decir que no pueda ser modificado, pues el Consejo tiene toda la legitimación, atribuciones y la autoridad para hacer los cambios que estime".
Catalina Lagos (PS) considera que "en lo personal, me gustaría que quedara bien resuelta una norma de democracia paritaria. Un buen mandato robusto para asegurar la participación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos órganos colegiados del Estado y ciertos mandatos adicionalmente para el legislador y para los distintos poderes públicos para asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso sería un buen avance para efectos de que el Consejo pueda debatir sobre ello", explica.
Los comisionados coinciden en que una cosa es el anteproyecto y otra lo que decidan los consejeros, que pueden introducir cambios en este (ver recuadro). "No puede ser una aspiración el que la Comisión Experta cierre debates", concluye Lagos.
Temas a zanjar
De todas formas, hay interés en ambos sectores en avanzar ahora en acuerdos respecto del sistema electoral y el catálogo de derechos sociales.
Así lo resume Francisco Soto (cupo PPD), de la subcomisión de Sistema político: "Anticipo que los grandes acuerdos deberían estar asociados al sistema electoral, a poder fortalecer un sistema de partidos que pueda dar gobernabilidad al país; a generar mecanismos de participación que reconcilien la relación entre los órganos representativos y la ciudadanía. Ojalá poder establecer un catálogo de derechos sociales que pueda pacificar a la gente que se siente excluida (...); en la medida en que podamos dar una señal de algún grado de acuerdo sobre esos dos temas en tensión, se va a generar una mayor gobernabilidad para el país y una sociedad reconciliada", afirma.
Leslie Sánchez (cupo PL-PPD), quien integra la subcomisión sobre Función jurisdiccional, la cual presentó varias enmiendas apoyadas en forma transversal, señala que podrían surgir debates que provoquen una "gran discrepancia" y no quedar resueltos entre los expertos. En caso de no lograr consenso, afirma, "tenemos la alternativa de que lo resuelva el Consejo o mandatar al legislador, es decir, al Congreso, a que lo resuelva. Recordemos que un texto constitucional no tiene por qué decirlo todo".
El proceso
Comisión Experta. Integrada por 24 personas designadas por las fuerzas con representación parlamentaria. Deben redactar el anteproyecto de Constitución para remitirlo, posteriormente, al Consejo Constitucional. Para aprobar las normas necesita tres quintos de los votos (14).
Consejo Constitucional. Son 50 personas elegidas por la ciudadanía para redactar la propuesta a partir del 7 de junio. Ese trabajo lo harán sobre la base del anteproyecto de los expertos. La Constitución vigente señala que el Consejo podrá “formular enmiendas para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución o solicitar votación separada de sus normas”. En esta etapa los expertos podrán participar del debate del Consejo con voz, pero sin voto. Se requerirá un quorum de tres quintos (30) del Consejo para aprobar normas.
Comisión mixta. Terminado el texto del Consejo, los expertos deberán entregar un informe con observaciones para mejorarlo. Los consejeros deberán votarlo y las normas que se rechacen o no consigan el quorum de aprobación deberán ser revisadas por una comisión mixta con expertos y consejeros que deberán formular una redacción alternativa.
El Consejo deberá votar la nueva propuesta.
