Presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.
El Mercurio/Archivo
Una nueva arista se abrió esta jornada en el caso de la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, encabezada por el Municipio de Santiago, luego del tajante informe de Contraloría. Esto, luego que ahora la inmobiliaria San Valentino, dueña del inmueble, anunciara acciones legales contra la administración de Irací Hassler (PC), por forzar la compraventa del recinto.
Respecto al proceso de venta con el municipio, la inmobiliaria recalcó que nunca ofrecieron el recinto y que tampoco tuvieron contacto previo con la alcaldía, afirmando que fueron estos últimos los que se acercaron.
Según detallaron a través de un comunicado recogido por La Tercera, fue la propia alcaldesa quien se reunió con ellos en sólo una instancia de negociación, en una reunión presencial desarrollada el 20 de diciembre de 2022, donde habrían sido citados por Hassler, y en la que "ella personalmente llevó esta negociación". En la instancia, según dicen, la edil ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedieron. Por ello es que la alcaldesa ofreció el valor que sí aceptaron, de 234.124 UF.
Asimismo, la inmobiliaria señala que dada la relevancia de la instancia donde discutieron los montos, sugirieron la suscripción de un acta "
que señale los participantes y las tratativas ahí abordadas", pero el municipio habría dicho que no era necesario. Según la empresa, la invitación se habría realizado por teléfono, pero esto no aparece constatado en la sección de Transparencia Activa del Municipio.
CPLT: "Reuniones de lobby no registradas son muy difíciles de pesquisar"
Frente a este último punto y respecto a las implicancias que el presunto actuar de la alcaldesa Hassler pueda significar para un eventual incumplimiento de la ley del Lobby, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, sostuvo a Emol que "en Chile lo que llamamos ley de lobby es en realidad una ley de registro de audiencias. Tiene tantas falencias, que no permite dejar trazabilidad y transparencia de los operativos, llamados y reuniones realizadas y los intereses en juego".
"El problema de estas reuniones de lobby no registradas es que son muy difíciles de pesquisar, porque generalmente los propios partícipes desean mantenerlos en reserva, en la opacidad. Generalmente las conocemos cuando uno de ellos mismos decide denunciarla, como en este caso".
Francisco Leturia, presidente CPLT
"Además, sólo establece sanciones para las autoridades que no registran, no para los lobistas. Y en la práctica, esas sanciones no han existido,
lo que hace que la ley más parezca un consejo o recomendación que una ley. Y nadie en su sano juicio va a decir que en Chile no hay lobby. O que el órgano que más audiencias reales tiene sean municipios como el de San Esteban, que es lo que muestran las cifras oficiales", agregó.
En ese sentido, subrayó que "lo más probable es que muchas gestiones de lobby se hagan, pero sin dejar registro. Ya sea en flagrante incumplimiento de la ley (con bajísimo riesgo de sanciones) o porque la ley deja afuera llamadas por teléfono, reuniones por Zoom o gestiones hechas por autoridades u otros operadores".
De todas formas, Leturia recordó que en este caso particular, Contraloría está investigando el caso, "y si se verifica lo que ha denunciado el vendedor, podría terminar aplicándose sanciones".
"El problema de estas reuniones de lobby no registradas es que son muy difíciles de pesquisar, porque generalmente los propios partícipes desean mantenerlos en reserva, en la opacidad. Generalmente las conocemos cuando uno de ellos mismos decide denunciarla, como en este caso. Por eso son tan difíciles de pesquisar. Además la ley es muy blanda, y en general los únicos que la cumplen siempre son quienes no tienen nada que ocultar", zanjó.
