"El decreto alcaldicio 9837 del 16 de agosto de 2022 firmado por la alcaldesa Ripamonti dispuso el pago de $300.422.031 a la empresa Global Link Chile Telecomunicaciones S.A. por el servicio de cámaras de vigilancia prestado durante el año anterior". Así lo planteó en una querella interpuesta contra la propia alcaldesa el director municipal de Programas Estratégicos, Jorge Cafena, y que el Tribunal de Garantía de Viña del Mar admitió a trámite. Cafena, un funcionario de 37 años de carrera en el municipio, pide en el escrito investigar un eventual fraude al municipio, dado que la misma empresa, a la que la actual administración comunal puso término a su contrato al poco tiempo de asumir, adeuda a la municipalidad $1.000 millones en multas que no se le han cobrado por diferencias en su servicio, por lo que tal pago (los $300 millones) sería improcedente ante la deuda.