El nivel de participación en la elección de consejeros constitucionales, será sin duda motivo de análisis para expertos y políticos durante la jornada del 7 de mayo. Ese día deberían concurrir a las urnas un total de 15.150.572 personas y quienes no lo hagan arriesgan sanciones, pues votar será obligatorio.
Sin embargo, el desinterés de la ciudadanía ante el proceso, un escaso ambiente de campaña y las múltiples urgencias sociales, entre otros factores, generan dudas respecto a cuántos serán finalmente los electores que llegarán a los locales de votación.
El tema causa preocupación en partidos y candidatos, quienes han puesto énfasis en la falta de información sobre el proceso, criticando desde la oposición -al menos- la campaña levantada por el Gobierno hace pocos días. Mientras en paralelo, el Servicio Electoral (Servel) hace lo propio para llegar a la ciudadanía, a través de distintos soportes.
Quienes no voten serán denunciados por el Servel ante los juzgados de policía local. Allí serán citados por el juez, arriesgando multas entre $31 mil a $187 mil.
A una semana del 7 de mayo, Emol consultó a cinco expertos sobre las expectativas de participación para dicha jornada. Algo que dada la particularidad del cargo que se elige y la obligatoriedad del voto, coinciden, en que es difícil de predecir.
Pepe Auth: La segunda elección más concurrida de la historia
El ex diputado y experto electoral Pepe Auth, reafirmó el pronóstico que hizo a seis semanas de los comicios, señalando que "la falta de pasión por el proceso no se correlaciona con la disposición a participar. Cuando las encuestas dejan de preguntar por interés en el proceso y comienzan a preguntar -como lo hicieron varias en las últimas semanas-, por disposición a participar, ésta es bastante alta. Por lo tanto, yo creo que vamos a superar los 10 millones de personas concurriendo a votar".
"Yo apostaría que ésta se convierte en la segunda elección más concurrida de la historia. La segunda elección más concurrida fue la segunda vuelta presidencial de 2021, la primera que batió todos los récord es el Plebiscito de salida, pero esa cifra no se va a repetir jamás, porque corresponde a un momento muy excepcional de polarización y está precedida por una campaña que duró un año y medio de cobertura mediática (...) La participación siempre es más alta cuando se trata de elecciones con decisiones binaras: Sí o No, Apruebo o Rechazo", explicó Auth.
Junto a ello, Auth insistió en que "si en el Plebiscito hubo 80 mil votos nulos y blancos, en esta elección yo creo que se van a empinar al millón de todas maneras, gente que va a a ir a votar y que no tiene una opción". Así sentenció: "Yo estimo todavía un poco más de 10 millones de participantes y poco más de 9 millones de votos válidos".
Morales: El piso en torno al 55% y el techo en 86%
Según el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, en esta ocasión "es imposible hacer un pronóstico. Es la primera elección con inscripción automática y voto obligatorio en que los chilenos escogen candidatos, pues si bien en el Plebiscito de 2022 también rigió este sistema, los chilenos debían escoger entre las opciones Apruebo y Rechazo".
Sin embargo, Morales cree que "se puede estimar un piso y un techo. El piso corresponde a la participación promedio que se registró en la etapa histórica en la que se utilizó el régimen de voto obligatorio, junto con los datos internacionales de participación electoral bajo este mismo sistema. Es decir, voto obligatorio con sanciones efectivas para quienes no votan. Visto así, el piso debiese estar en torno al 55%, y el techo es el 86% registrado en el Plebiscito 2022", cuando sufragaron más de 13 millones de personas.
Sánchez Staniak: Por debajo del 70%
La académica de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la Red de Politólogas, Federica Sanchez Staniak, coincidió en lo complejo que es hacer una predicción, pues consideró que el Plebiscito y la votación actual, "no es comparable por la magnitud de la importancia que tenía el Plebiscito de salida (...) Obviamente el hecho de que haya voto obligatorio y que hayan supuestas penalidades, genera más incentivos para que la gente vaya a votar. Pero también sabemos que las personas que incumplieron la obligación el año pasado todavía no fueran notificadas, ni pagaron ninguna multa. Eso también genera un indicio (...) es muy posible que no pase" nada.
Además, la docente cree que "la participación electoral va a estar por debajo del 70% en esta elección. Y tiene que ver con que la gente no está ni ahí con entender para qué están votando de nuevo, qué va a hacer el Consejo Constitucional y de qué manera va a ser diferente a la contribución de la Comisión Experta (...) Este proceso está pasando todo muy por debajo del radar de la ciudadanía". En cambio, añadió, "todo esto está muy contaminado por una agenda de coyuntura" y no por los temas constitucionales.
Callis: En torno al 72% o 73%
Además, el sociólogo y director de Tuinfluyes.com Axel Callís, planteó algunos parámetros que servirían de guía: "Los chilenos que habían votado antes del Plebiscito eran cerca de diez millones, no al mismo tiempo, sino que en varias elecciones, por lo tanto, uno esperaría que ese fuera el piso".
Asimismo, Callís indicó que en "los países que tienen voto obligatorio en América del Sur (...) en general la participación en este tipo de elecciones, más que de consejeros constitucionales, sino que de alcaldes u otros cargos, está en torno al 72% o 73%, y eso nos da diez millones y medio a once millones. Entonces la participación comparada, más el piso que tiene Chile, debería estar entre 10 y 11 (millones), de ahí todo para arriba es una ganancia" y normal para un sistema con voto obligatorio.
Implicancias de la participación
Entre el 15 y 26 de abril, un total de 10.412.250 personas (Rut únicos), habían consultado sus datos electorales en el portal del Servel, dato que el año pasado por lo menos fue un buen indicador de participación.
"Tengo la esperanza de que, a pesar del cansancio electoral y político de la ciudadanía, haya una alta votación. Es primera vez que tenemos este tipo de elección, una elección de candidatos con inscripción y voto obligatorio, y por mucho que exista desinterés o desinformación, me parece que Chile es un país que cumple ese deber ciudadano si tiene que hacerlo. En este sentido, lo relevante es una mayor campaña de información para las elecciones", opinó la directora de Estudios de IdeaPaís, Magdalena Vergara.
De acuerdo a Vergara, "un alto o bajo nivel de participación, dice más sobre la mayor o menor desafección de la ciudadanía con la política, con el cansancio electoral o el interés de quiénes salgan electos. En este sentido, una baja participación, no debiéramos identificarla con la falta de voluntad de esos ciudadanos a que se escriba una nueva Constitución. Una baja participación, sí puede afectar los pesos políticos dentro del Consejo Constituyente, en el sentido de su baja representatividad. Incluso para quienes terminen siendo minoría, puesto que valida de mejor forma su posición".
Aún así, la directora de Estudios de IdeaPaís apuntó que "los niveles de participación no afectan la legitimidad del proceso. El proceso es legítimo, porque se hace conforme a la ley. Sin embargo, desde un punto de vista más sociológico si se quiere, mayores niveles de participación entregan mayores grados de legitimidad, en el sentido que permite a quienes salen electos tomar decisiones con mayor certeza respecto de la opinión ciudadana y también de respeto por esa misma votación, en cuanto a las opciones ciudadanas".
Por su parte, Callís sostuvo que "obviamente que si llegan a votar cinco millones hay un tema de legitimidad, sería un tercio del padrón. Pero es difícil que lleguen menos de eso", reiterando que "diez o once millones (de electores) sería un buen piso para este tipo de elecciones".
"Recordemos además que el padrón no es uno donde estén reflejadas verdaderamente todas las personas que puedan votar. Hay como un millón que vive fuera de Chile, que están en la cárcel o postradas, que no pueden votar. Por tanto, la participación de septiembre pasada de un 85%, pero fue casi de un 90% o más, porque uno tiene que sacar a las personas que no pueden efectivamente votar", precisó Callís.
Sobre la legitimidad, Sanchez Staniak aseveró que "si la decisión final respecto a quiénes van a escribir la nueva Constitución la tomó sólo la mitad de la ciudadanía, hay un argumento respecto a esa legitimidad (...) Es un argumento, yo no comparto esa idea de que si el porcentaje de votos es bajo, entonces el proceso es menos legítimo, no, el hecho de que el proceso sea dirimido, a través de una elección, es la que le da la legitimidad, no necesariamente el resultado".
Morales coincidió en que "la legitimidad se consigue cuando los electos lo hacen en comicios abiertos, libres, transparentes y con voto secreto. Otra cosa es el apoyo político que son capaces de conseguir, pero como en democracia 'el que calla, otorga', entonces el volumen de participación no es un indicador tan relevante para esos efectos".
Junto con recordar el momento complejo en que se dan estos comicios, Morales piensa que "una baja participación sólo reflejaría el escaso interés en el proceso y, además, una baja percepción de sanciones por no votar. Hay que recordar que para la elección de convencionales- que fue concurrente con la de alcaldes, concejales y gobernadores regionales- la participación sólo fue del 43%, aunque con voto voluntario. Si en estos comicios la participación superar el 50% o el 55% o incluso si bordea el 70%, será interpretado como un éxito para la clase política".
Finalmente, Auth recalcó que "la legitimidad no tiene que ver con el número de personas que concurren a votar, la legitimidad la va a dar el Plebiscito de salida, la da el hecho de que se hace la votación y que esos consejeros electos desarrollan un trabajo y hacen una propuesta. La legitimidad del proceso no está en cuestión, lo que es una tarea y un desafío, es conseguir que la propuesta sea aprobada por la mayoría de los chilenos".
Pensando en los siguientes pasos, Auth agregó que "mientras con mayor distancia gane el Apruebo, uno podría decir que lo que está en juego es la durabilidad de la Constitución, pero no su legitimidad".
