Sesenta días de plazo dispone una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que busca aclarar las responsabilidades políticas en la situación que experimenta el nuevo estadio de San Antonio, terminado de construir en abril de 2021, a un costo de $12 mil millones y entregado en forma forzada a la municipalidad en enero de 2022, sin que hasta ahora haya podido ser abierto a su uso. Fue el martes pasado que la sala aprobó su creación y de acuerdo con lo que explicó la diputada Camila Rojas (Comunes), que impulsó la instancia, su objetivo es abordar las anomalías en su diseño, ejecución y entrega. "Ya contamos con un informe de Contraloría y hay sumarios en el Ministerio de Obras Públicas en marcha que han establecido fallas. Veremos las responsabilidades", puntualizó. La comunidad organizada en una Mesa Ciudadana en Defensa del estadio de San Antonio está proponiendo que la investigación parlamentaria se extienda también a "la mantención que en un minuto fue nula y permitió que se acrecienten los daños", según planteó el ingeniero Jorge Gortari ante la Comisión de Deportes de la Cámara.
