Ángela Vivanco explicó que "nosotros no vamos a hacer de oficio un análisis del proyecto de ley" que el Gobierno ingresará al Congreso para hacer cumplir el fallo.
El Mercurio
Tras el dictamen de la Corte Suprema que ordenó a las isapres aplicar la tabla de factores de 2019 a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso, "la pelota" se encuentra por ahora en manos del Ejecutivo, que se alista a enviar un proyecto de ley corta al Congreso para hacer cumplir el dictamen.
Sin embargo, la ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, no descarta que el tema pueda volver al terreno judicial, ya que recaería en los tribunales establecer si con dicha ley se cumple o no con el fallo. Aunque esto ya no recaería en la Suprema, sino que en las Cortes de Apelaciones.
Consultada si al enviar esta iniciativa legal el Gobierno estaría cumpliendo con el dictamen de la Suprema, Vivanco aclara que la "valoración de ese proyecto de ley no nos corresponde a nosotros", por lo que "no vamos a hacer de oficio un análisis del proyecto".
"Nosotros, cuando dictamos un fallo, no especificamos cuál es la forma exacta en que la autoridad tiene que cumplirlo; para cumplirlo, la autoridad tiene que analizar sus propias atribuciones y determinar cuál es la manera en que va a cumplir. A veces, el cumplimiento de un fallo judicial genera la iniciativa de legislar en esa materia; y compete directamente a los legisladores analizar qué tan necesaria y pertinente es esa ley", señala.
Respecto del cumplimiento mismo del fallo, explica que esto "le pertenece a las Cortes de Apelaciones". "El cumplimiento mismo del fallo queda entregado en el juez de la instancia que conoció de ello, que en este caso es la Corte de Apelaciones respectiva. Recordemos que éstos son varios casos, así que hay diversas Cortes de Apelaciones que, eventualmente, pueden tocar este tema, y podría analizarse en esa etapa de cumplimiento si la ley se aviene con la totalidad de lo que nosotros hemos mandado en esa sentencia", comenta.
Al respecto, explica que, "las Cortes de Apelaciones, según el mérito y según eventuales presentaciones que hagan los interesados, tendrán que determinar, en definitiva, si éste es el modo en que se está cumpliendo el fallo".
"Se ha completado ya la función de la Corte Suprema, de ese punto de vista, se produce el deshacimiento; y lo que es cumplimiento, los recursos de protección, queda en manos de las Cortes de Apelaciones", aclara, y señala que "que si hay alguna vía recursiva específica, tendremos que pronunciarnos nosotros".
"Por ahora, el tema está en manos de las Cortes de Apelaciones y ellos tendrán que hacer un análisis de cómo se condice el fallo con el proyecto de ley o cómo el proyecto de ley conversa con el fallo (...) Nosotros no hemos hecho ese análisis, tampoco se nos ha pedido una opinión en esta materia. Y, desde ese punto de vista, por ahora somos simplemente espectadores del proceso", concluye.