Durante las últimas semanas se han conocido algunos casos que comprometen a los municipios respecto al uso de sus recursos, como el que enfrenta Santiago con la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, o el llamado "caso Torrealba", donde estaría involucrado el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el supuesto desvío de dineros a su favor a través de las corporaciones "Vita".
La lista sigue: en marzo, la PDI
allanó la casa del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por delitos de corrupción al interior del municipio, por lo que se abrió una indagatoria por parte de la fiscalía por fraude al fisco y negociación incompatible. A fines de abril, cuatro funcionarios públicos de la Municipalidad de San Ignacio -incluyendo al alcalde, César Figueroa, quien se encuentra en prisión preventiva-, y otro del municipio de Ñiquén, fueron formalizados por distintos delitos en una investigación por corrupción que inició el Ministerio Público.
Esto casos se suman a aquellos que han quedado en la memoria colectiva, como el llamado "caso luminarias", que desde 2018 ha involucrado a distintos municipios, o el "caso basura", que data de 2012 y que involucró a ex alcaldes de Cerro Navia, Maipú, Colina y Ñuñoa.
Durante su primera cuenta pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no sólo hizo hincapié en el problema del crimen organizado que enfrenta el país, sino que también reservó un apartado para anunciar que "el Ministerio Público diseñará estrategias especialmente dirigidas a perseguir y potenciar los apoyos en los casos de corrupción municipal", a través de una unidad especializada.
Así las cosas, la Sala del Senado aprobó el miércoles el proyecto de ley que crea un nuevo royalty minero, que podría dotar de más recursos a los municipios, lo que abre el debate sobre las fórmulas que se tendrían que fijar para la fiscalización de estos ingresos. Esto, mientras que desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidenta, la alcaldesa Carolina Leitao, llama a dejar que los alcaldes administren estos recursos, y que "la ciudadanía juzgará" el uso de los mismos.
Los bordes del proyecto del royalty minero
El proyecto de royalty minero -despachado a la Cámara en su tercer trámite- busca mejorar la recaudación fiscal y distribuir de forma más equitativa los recursos hacia las regiones. Se estima que dichas zonas reciban un tercio (US$450 millones) de los US$1.350 millones que recaudará en régimen el proyecto.
En concreto, el royalty minero consiste en un impuesto específico para las grandes empresas del rubro en consideración a que explotan recursos naturales escasos y no renovables. La idea, es que los recursos generados por la gran minería retornen de manera importante a las localidades de origen, de manera de promover la inversión, el desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias de más de 300 municipios de Chile.
Los
US$ 450 millones en recursos que serán destinados en total a gobiernos regionales y los municipios de todo el país contemplan la creación de tres fondos: Fondo a Comunas Mineras (32 fijadas hasta ahora, con US$55 millones), Fondo de Apoyo de Equidad Territorial (para 302 comunas, con $170 millones), y Fondo Regional de Producción y Desarrollo (para los gobiernos regionales, distribuido según las reglas del Fondo regional de Desarrollo Regional, con US$225 millones).
Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país. También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año. En tanto, la recaudación total estimada equivale a 0,45% del PIB.
De todas formas, no hay certezas de que en la Cámara la iniciativa sea respaldada tal como está, puesto que deben ser aprobadas cada una de las enmiendas ingresadas por los senadores. El jueves, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo esperar que los cambios introducidos en el Senado sean ratificados, "porque mientras antes se apruebe esta ley, mejor para el país y sobre todo, porque de esta forma se van a generar ingresos adicionales que van a permitir impulsar iniciativas en beneficio de todas las chilenas y chilenos".
Sin mecanismo de fiscalización del gasto
El miércoles, el senador Manuel José Ossandón (RN), y el gobernador de la RM, Claudio Orrego, compartieron los ingresos que recibirían algunas comunas de la región por concepto de royalty minero, correspondientes al fondo de equidad territorial, que llegaría a los US$ 170 millones.
US$170 millones serían destinados a los municipios, de aprobarse el royalty
Sólo por mencionar algunas,
Cerro Navia recibiría más de $2.132 millones;
Conchalí, sobre los $874 millones;
Curacaví, más de $349 millones;
El Bosque, $2.254 millones;
La Cisterna, $529 millones;
La Granja, $1.514 millones;
La Pintana, $2.801 millones;
Lo Espejo, más de $1.332 millones;
Maipú $3.100 millones; y
Puente Alto, más de $6.881 millones.
¿Cuál es el criterio detrás de la repartición de estos recursos? En base a las mismas consideraciones del fondo común municipal, es decir, según su población. Este tema abre algunos reparos, puesto que algunos apuntan a que finalmente con este criterio, recibirán más recursos las zonas no mineras que las mineras, puesto que estas cuentan con un fondo de US$55 millones.
Pero hay otro tema que preocupa, o que al menos podría sumarse al debate en el la Cámara de Diputados, puesto que tal como salió el proyecto visado por el Senado, no se estableció un mecanismo de control de gasto de estos recursos que llegarían a los municipios.
Según comenta a Emol la senadora Ebensperger, "Hacienda no quiso poner (es ítem) acá en el Senado; pero para mí eso es básico, porque es harto dinero. Nosotros queríamos poner una indicación que apuntara a la inversión, que no se pudiera ocupar en gastos operacionales o que los municipios paguen deudas, pero no se puso nada en el Senado; ni para las comunas ni para los gobiernos regionales".
De todas formas, aunque la parlamentaria espera que este ítem se agregue en la Cámara, igualmente se puede hacer en la Ley de Prespuesto, "porque hay que recordar que esto, de aprobarse, comenzará a regir en enero de 2024. Creo que en esa ley podemos poner algunas normas de control o fiscalización para la transparencia de estos recursos".
¿Cómo se podría fiscalizar el uso de los recursos?
Así las cosas, y en el actual escenario, la forma en que los municipios utilicen los eventuales recursos que recibirían, quedarían bajo las normas generales de fiscalización, como por ejemplo, vía Contraloría General de la República (CGR), al tratarse de fondos públicos.
A juicio de María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, hay al menos cuatro maneras, todas complementarias, de aumentar el control de gastos de los municipios.
El primero tiene que ver con una mayor
"intensidad de transparencia y rendición de cuentas". Es decir, que "debieran haber obligaciones periódicas de rendir información a distintas entidades, como al concejo comunal, la comunidad, el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), y la Contraloría".
Además, plantea que se debieran implementar mayores estándares de transparencia presupuestaria, publicable en sus respectivos sitios web, "sobre cuánto se recibió, cómo se utilizó, etc; una suerte de FECU municipal, con informes de los estados financieros en un formato estandarizado a ser entregados y publicados de manera periódica para dar a conocer su desempeño en dicho periodo".
En segundo lugar, Jaraquemada propone "asegurar la existencia de las unidades de control con personas capacitadas y que tengan las competencias para ejercer este cargo, pero además, que tengan cierta independencia de las autoridades de turno para no ser cooptadas por ésta o impedidas de ejercer su rol adecuadamente por temor a represalias o desvinculación".
Como tercer punto, recalca la importancia del rol del concejo municipal, en su rol de contrapeso y fiscalizador, y para esto debe tener las herramientas suficientes para ejercerlo pero también las responsabilidades en caso de no hacerlo adecuadamente".
Por último, el rol de la Contraloría, "más fiscalizador, por ejemplo en contrataciones o licitaciones sobre determinados montos, pero tampoco podemos esperar que esté sobre todos los municipios, no es posible ni deseable, por eso es clave que esto vaya de la mano de lo anterior".
En efecto, la CGR puede actuar a raíz de una denuncia, que puede emanar desde un concejal, de parlamentarios o particulares; y en el caso de que exista un gran número de denuncias sobre un mismo caso, el ente contralor evalúa si se realiza una investigación especial o una auditoría.
Sin embargo, el organismo también puede actuar en base a su plan anual de auditorías -por ejemplo, para analizar los contratos que celebran los municipios o el uso de bienes fiscales-, es decir, puede oficiar a las administraciones comunales del proceso que realizará.
Leitao pide que no los traten como "niños chicos"
La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, parte de una premisa: "suponer que porque le faltan recursos a los municipios y hay denuncias de corrupción es como decir que es lo mismo que pasa en las empresas públicas, en el Estado, en los ministerios o en salud. ¿Por qué suponer que pasarles recursos a los municipios requiere de una fiscalización distinta de la que hoy día se tiene?".
"Suponer que porque le faltan recursos a los municipios y hay denuncias de corrupción es como decir que es lo mismo que pasa en las empresas públicas, en el Estado, en los ministerios o en salud. ¿Por qué suponer que pasarles recursos a los municipios requiere de una fiscalización distinta de la que hoy día se tiene?".
Carolina Leitao, alcaldesa y presidenta de AChM
En ese sentido, la alcaldesa plantea que "los casos de corrupción son en los municipios donde sobran los recursos, no donde faltan. Vitacura no es precisamente uno de los que recibiría; de hecho, ni a Peñalolén nos toca".
Junto con precisar que estos recursos por concepto de royalty minero no llegarán de una sola vez a los municipios, la alcaldesa plantea que son los propios alcaldes los responsables de determinar en qué los van a gastar, "ya sea para inversión pública, para contratar más profesionales, espacio público, seguridad, etc., pero no partiría suponiendo que porque les van a pasar más plata, se la van a robar. Hay que suponer que la van a administrar bien y serán los vecinos los que juzgarán lo que pasó con esa plata, porque se va a notar, son hartos recursos".
Por eso, Leitao descarta por completo que sea necesario que en el texto se agregue una indicación que establezca un mecanismo de fiscalización del uso de recursos por concepto de royalty minero o que se destine un porcentaje exclusivo para inversión, puesto que los dineros, dice, pasarán a ser parte del erario municipios.
"Creo que basta con las cuentas públicas que tenemos que hacer los alcaldes y con los concejos municipales, que es donde se fiscaliza. Basta con que ahí, en la discusión presupuestaria, se explicite en qué van a ser invertidos esos dineros", subrayó la alcaldesa.
De hecho, comenta que a veces los parlamentarios desconocen cómo funciona el sistema (municipal), recordando que "cada vez que se entregan recursos nuevos, vienen 'calzados'. Hoy día, por ejemplo, tienes dineros para contratar un planetario, pero no para pagar sueldos de los profesores; es un absurdo. Para eso existe el el accountability y que cada municipio rinda cuentas (...) eso de estar tratándonos como niños chicos, donde nos tienen que decir en qué gastar la plata, es meterse en la administración financiera de los municipios, sin entender como funcionan", cerró.
