El emblemático Instituto Nacional (IN) amaneció hoy miércoles en toma, luego de que el Centro de Estudiantes del establecimiento educacional realizara una votación resultando ganadora la opción "cese forzado de actividades académicas", con 1436 votos (51%).
Esto ocurre luego de que el lunes la nueva rectora del establecimiento, Carolina Vega, quien fue designada por Alta Dirección Pública (ADP) la semana pasada, asumiera sus funciones y que la comisión redactora de estudiantes electa en el Consejo de Delegados de Curso (Codecu) presentó el nuevo petitorio estudiantil.
El documento fue presentado formalmente a la rectora en un Codecu extraordinario, que comenzó cerca de las 11:00 horas,
instancia en que los alumnos expusieron los 15 puntos.
Así, la solicitud incluye 12 puntos de carácter interno y 3 externos. Entre los primeros están tener permisos para organizaciones estudiantiles, de salud mental, temas relativos a la infraestructura, comodidad para personas neurodivergentes, mejoras en insumos básicos, aumento de docentes, opciones vegetarianas y veganas en las comidas entregadas por la Junaeb, flexibilidad en el uso de uniforme, entre otros.
También se consideran demandas externas, que incluyen "educación sexual integral, junto con educación cívica y filosofía", cambios al sistema de admisión a la educación superior y la "derogación" de la Ley Aula Segura.
La concejal Rosario Carvajal (IND.) le comentó a Emol que "es un petitorio que reitera petitorios históricos, y eso es lamentable". "Quiere decir que son temas que se mantienen y que son heredados a esta nueva administración, pero uno esperaría que ya, cercano a los dos años que va a cumplir esta gestión, se hubiese cumplido".
Eso sí, reconoció que la municipalidad ha aprobado varios proyectos enfocados a la infraestructura del establecimientos educacional, aunque "todavía no son suficientes". Por lo mismo explicó que el diseño de compras a través licitación provoca que tomen "años la ejecución" de las obras o que "las constructoras se declaran en quiebra y dejan el trabajo" suspendido.
Destacó las demandas en torno a la salud mental. "Es un tema súper importante, porque han sido comunidades violentadas. Pero, además, la post pandemia, la crisis social y económica es algo que les afecta a niños y niñas. Para mí es una de las centralidades del petitorio".
Asimismo, la autoridad comunal comentó que "hay cosas que no dependen de la municipalidad". "Como la derogación de la Ley Aula Segura (...) eso depende del Congreso. Lo mismo con los menús, que dependen de Junaeb", dijo.
"El petitorio contiene cosas que le corresponde al municipio y que tiene facultades poder mejorar o tratar de incidir en mejoras", señaló e Emol por su parte el concejal Juan Mena (RN).
Ejemplificó diciendo que "si se tiene a algún alumno que pueda estar teniendo algún problema en torno a salud mental, que exista la voluntad por parte del establecimiento de cooperar en entregarle diferenciaciones o mejores para que pueda superar ese diagnóstico".
"Hay que mejorar la infraestructura, las condiciones, el mobiliario para que los alumnos cuenten con lugares dignos y se sientan cómodos en el día a día", agregó.
Mena coincidió con Carvajal en cuanto a la solicitud de la "derogación" de la Ley Aula Segura "escapan de los temas del municipio". Eso sí señaló que "es una ley no se debería aplicar de no haber motivos (...) todos tenemos el derecho de manifestarnos, pero cuidando el modo y no perjudicar a quien está al lado, al vecino, al comerciantes".
"Al no lanzamiento también de bombas molotov o de piedras que, finalmente, pueden herir a cualquier persona. Ante eso, la fuerza policial tiene que actuar".
En tanto, Carvajal advierte que "la Municipalidad de Santiago tiene un año y medio para hacer el traspaso de la mejor manera". "Ojalá que la alcaldía y la nueva rectora asuman esto con carácter de urgencia, entendiendo que hay muchas cosas que no se podrán realizar durante este año y medio pero sí, al menos, se dejen avanzadas", completó.
