La embajada dijo que "es muy lamentable que algunos chilenos hayan hecho mal uso de la oportunidad de viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa con el fin de realizar actividades delictivas".
El Mercurio (Imagen referencial)
En medio del revuelo que se ha generado en Chile luego de que el fiscal Todd Spitzer, del distrito de Orange County, California, acusara al país de negarse a entregar los antecedentes penales de quienes utilizan el programa Visa Waiver y liego son detenidos por delinquir en Estados Unidos, la embajada del país norteamericano en Chile se refirió al tema.
Mediante una declaración, la entidad sostuvo que "es muy lamentable que algunos ciudadanos chilenos hayan hecho mal uso de la oportunidad de viajar los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) con la finalidad de realizar actividades delictivas".
Agregó que "éste es un problema que hemos abordado públicamente en el pasado y continúa siendo uno de los principales problemas y desafíos que hemos identificado que requieren ser resueltos para que Chile mantenga su condición en el programa Visa Waiver".
En esa línea, informó que "estamos trabajando con el Gobierno de Chile para poner en marcha un sistema, muy necesario, que permita intercambiar los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que solicitan viajar a los Estados Unidos a través del Sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), de modo de combatir este tipo de actividad delictiva y garantizar que Chile continué siendo miembro del Programa de Exención de Visa".
A esto último es precisamente a lo que apunta el reclamo del fiscal de California, quien afirmó que "los acusados de Chile han planteado un desafío excepcionalmente frustrante, porque el Gobierno chileno se ha negado a proporcionarnos los antecedentes penales de los ciudadanos que utilizan el Programa ESTA (Sistema electrónico para la autorización de viaje) para ingresar a los Estados Unidos".
El fiscal sostuvo que "ESTA requiere que se proporcionen antecedentes penales antes de que los residentes puedan ingresar a los Estados Unidos" y explicó que, sin estos antecedentes, se han visto limitados al tratar de probar que esos acusados representan un mayor riesgo para la seguridad pública que haber cometido un solo delito en Estados Unidos.
