"¿Por qué tan ansiosos?". La pregunta, entre risas, era hecha el martes por el vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, ante consultas de la prensa sobre si comenzarían a votar ese día las cerca de 900 enmiendas al texto aprobado en general.
Había expectación. En un primer momento se esperaba que las cuatro subcomisiones (Sistema político, Función jurisdiccional, Principios, y Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) votaran el sábado, pues el lunes terminaba el plazo original para tramitar las indicaciones. Luego se dijo que sería el mismo lunes hasta total despacho, más tarde, el martes y miércoles. Al final, fue el miércoles, pasado el mediodía, que se sentaron a sesionar.
Una de las principales razones de la dilación, comentaron al interior de la Comisión, fue que los expertos apuntaban a lograr enmiendas de consenso, "desde republicanos al PC". Esto, según el experto Jaime Arancibia (cupo RN) "en aras de lograr un acuerdo incluso mejor, y que las materias que hoy nos dividen sean las menos posibles".
Pese a estar en el mismo edificio, la relación entre oficialismo y oposición por momentos fue "epistolar", con intercambios de documentos de lado y lado sobre sus posturas. "Esto es un debate político", comentó un comisionado de centroderecha.
El martes el oficialismo y la DC enviaron a sus pares un texto de seis páginas llamado "Protocolo de acuerdo Comisión Experta", con la finalidad de exponer sus propuestas y apurar las negociaciones en temáticas de derechos y libertades (como libertad sindical, derechos de propiedad, aguas, seguridad social). El documento fue analizado por la oposición e hicieron modificaciones.
Para destrabar gran parte de las diferencias se apeló a las indicaciones de "unidad de propósito": medida de excepción en el reglamento que permite "introducir enmiendas durante la votación, con la única finalidad de salvar posibles incoherencias o errores de estilo, o de concordar una redacción que concite unidad de propósitos". El acuerdo sobre ellas en algunas subcomisiones fue incluso a minutos de iniciar las votaciones y los secretarios debieron solicitar suspender las sesiones para que estas "enmiendas amistosas" pudieran cargarse en el sistema electrónico de votación.
Precedente para el Consejo
Para los comisionados, la insistencia en lograr acuerdos en esta etapa, cuando todavía queda la discusión en el pleno, era importante para enviar una señal al Consejo Constitucional que comenzará su trabajo el 7 de junio con el anteproyecto de la Comisión como punto de partida.
Es que con el debate y negociaciones previas a las votaciones en subcomisiones, esperan que el trámite en el pleno sea expedito y sin mayores contratiempos. Como ya varios de los grandes nudos se desataron, prevén que buena parte de las próximas votaciones sean unánimes.
"El acuerdo de la Comisión Experta para el anteproyecto de nueva Constitución es inédito. Esta es la primera vez que hay un acuerdo constitucional suscrito por representantes de todos los sectores políticos. Espero que este diálogo democrático continúe en el Consejo Constitucional para poder lograr una NC", tuiteó ayer el comisionado Gabriel Osorio (PS).
La noche del miércoles, la subcomisión de Función jurisdiccional terminó de votar sus enmiendas. En su intervención al cierre, Paz Anastasiadis (DC) expresó que los acuerdos "nos eleva el estándar. Acá, detrás de este trabajo, de este nuevo proceso constitucional hay un Acuerdo por Chile (...). Este acuerdo fue suscrito por parlamentarios que se hicieron cargo de un compromiso, y ese mismo norte esperamos además verlo en el siguiente proceso que ya viene".
Esa misma noche, Alejandra Krauss (DC), presidenta de la subcomisión de Derechos, agradeció a los comisionados "por decirle a la ciudadanía que es posible dialogar, que es posible tener confianza a pesar de nuestras diferencias".
Cuando se ingresaron las indicaciones, a mediados de abril, hubo declaraciones desde ambos lados respecto de que las enmiendas presentadas por el bloque contrario no respetaban los acuerdos ya pactados.
Luego vinieron las elecciones de consejeros el 7 de mayo que dejó al futuro Consejo Constitucional (de 51 personas) con tres grandes bloques: republicanos, Chile Seguro y Unidad para Chile, además de un representante mapuche. Si los elegidos en la lista de republicanos se unen a Chile Seguro tienen más de los tres quintos para aprobar normas y los dos tercios para rechazar las propuestas de corrección que haga al final del proceso la Comisión Experta.
Se trata de una distribución distinta a la de la Comisión, con 24 profesionales designados por las fuerzas políticas con representación en el Congreso (12 expertos de centroderecha y 12 de centroizquierda), que incluyen sectores que no estarán en el Consejo como la DC, el PPD y la FRVS.
Dentro de la Comisión admiten que si bien las elecciones no debían impactar en el anteproyecto, el arrollador triunfo del Partido Republicano despertó alertas y consideran que es necesario mostrar un anteproyecto transversal de manera que no sea fácil hacerlo a un lado en el Consejo. Y lo lograron en varios puntos, pues la mayoría de las enmiendas de "unidad de propósito" se aprobaron por unanimidad o con solo una abstención y el resto, votos a favor.
Otra razón por la que se buscó zanjar enmiendas en esta etapa tiene que ver con el equilibrio de fuerzas. "Fue una mirada de realidad, en el pleno existe una especie de empate técnico", explicó el comisionado Domingo Lovera (FA).
Victorias y renuncias
La búsqueda de un texto con amplio respaldo provocó victorias y renuncias de lado y lado.
Por ejemplo se aprobó una enmienda que mandata al Congreso a que en un año redacte una ley que disponga de un mecanismo de paridad de salida. En las elecciones de diputados y senadores, de no existir una proporción de equilibrio de género 60%-40%, se corregirá la distribución hasta lograr ese porcentaje. Sin embargo, se trataría de una fórmula que cesará tras las dos elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la futura ley electoral. Tras la votación, representantes del oficialismo rescataron la norma, pero dejaron claro que no era el ideal al que se apuntaba.
Otro acalorado debate se dio en la subcomisión de Derechos sobre la libertad de elección en salud. El tema que no logró ser zanjado y se aprobó que "es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley".
La enmienda reemplazó lo aprobado en general que dejaba estipulado que "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado".
Respecto del punto, la comisionada Bettina Horst (UDI) habló de una "hoja redactada parcialmente" y
tildó de "incompleta" la indicación por no estipular la libre elección de "aseguramiento y proveedores" de salud. Por su parte, el comisionado Alexis Cortés (PC) reflexionó que "educación y salud son tal vez los derechos sociales donde, en buena medida, se juega la idea de un Estado social y democrático de derecho, porque es lo que permite la reducción de las brechas".
En la subcomisión de Principios, en tanto, se aprobó una enmienda de unidad de propósito sobre el derecho a la vida. La derecha buscaba mantener que la ley protegerá la vida del que está por nacer, algo que ya está en la actual Constitución, pero no lograron incluir que "nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa". En esta discusión la izquierda consiguió sumar que "en Chile se proscribe la pena de muerte".
En Derechos, el oficialismo obtuvo que la huelga no solo quedara restringida a la negociación colectiva, como sí establecía el texto aprobado en general. Mientras, en la subcomisión de Sistema político se aprobó que "la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso", pero sin explicitar escaños reservados como buscaba la centroizquierda.
En tanto, en Función jurisdiccional el oficialismo logró excluir, por ahora, un control preventivo de las leyes en la Corte Constitucional, y en cambio la entidad podría opinar en forma no vinculante ante una solicitud de constitucionalidad hecha desde el Congreso por dudas sobre el fondo de un proyecto de ley o un tratado.
Igualmente, quedaron algunas discusiones pendientes. Lovera adelanta que buscará que se apruebe la existencia de una Defensoría de los Derechos Humanos, y que se consagren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Algunos expertos también buscarán volver a poner en tabla los derechos sexuales y reproductivos.
Al cierre de esta edición los comisionados esperaban que mañana esté listo el texto sistematizado que se deliberará en el pleno para el domingo renovar indicaciones e ingresar solicitudes de votación separada.
