El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, hizo entrega de su primera cuenta pública participativa, destacando los principales resultados de la gestión 2022 y enfatizando que hoy los esfuerzos están orientados al fortalecimiento institucional y en avanzar hacia una fiscalización más centrada en las acciones en terreno.
Según detalló Salazar, la plataforma de atención ciudadana de la Superintendencia de Educación Superior (SES) recibió durante 2022 un total de 3.831 reclamos y denuncias en contra de distintas casas de estudios del país y que el 54,3% de ellas estuvieron dirigidas en contra de universidades; un 36,3% hacia institutos profesionales y 9,2% a de centros de formación técnica.
Así
, el 34,4% de estas presentaciones respondieron a razones de tipo académicas, un 31,5% a administrativas, 25,8% a financiamiento y un 3,4% a convivencia, entre las principales categorías.
Del mismo modo, la Superintendencia de Educación Superior realizó un total de 1.347 acciones de supervigilancia sobre todo los planteles académicos que integran el sistema de educación superior, y otras 415 acciones de fiscalización, por razones de orden financiero y de cumplimiento normativo.
A su vez, la tasa de reclamos y denuncias a nivel regional por cada 10 mil estudiantes se concentran en la Región Metropolitana (33.4), le sigue Atacama (31.2) y el Maule (27.6).
Sobre los nuevos objetivos que se ha planteado, la Superintendencia tras cumplir cuatro años de ejercicio, José Miguel Salazar enfatizó que hoy las prioridades apuntan a "lograr una mayor identificación del estado actual de las instituciones de educación superior, tanto en materia financiera y normativa, de manera de contribuir a la solución de los problemas que se han detectado".
"Además, verificar el cumplimiento de las exigencias que establece la nueva ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior", agregó.
Así también precisó que se está trabajando decididamente en avanzar desde una fiscalización más formal hacia otra más centrada en acciones en terreno, que privilegie la resolución práctica de los problemas y las dificultades que se han detectado.
En esa misma línea, Salazar destacó el esfuerzo que se ha desarrollado por generar un diálogo permanente con las agrupaciones sectoriales y con otras agencias públicas, con la finalidad de establecer un trabajo articulado y colaborativo que beneficie a los estudiantes de la educación superior.
