La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió este martes el recurso de amparo presentado por la defensa del ex senador UDI Jaime Orpis, por lo que le otorgó el beneficio de libertad condicional, desestimando así la determinación hecha en abril por el organismo que revisa estas instancias.
El tribunal respondió así al requerimiento presentado este mismo día en contra de la Comisión de Libertad Condicional, que el pasado 24 de abril consideró que, si bien "el postulante ha permanecido privado de libertad por el tiempo mínimo para acceder al beneficio" y que tuvo "conducta intachable durante los cuatro últimos bimestres de su condena", se da cuenta de "la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado".
Sin embargo, la Primera Sala aseguró que, tras analizar los antecedentes, principalmente el informe psicosocial del recurrente, "es posible
advertir contradicciones que resultan palmarias, las que se extendieron a la propia decisión de la Comisión de Libertad Vigilada".
De esta forma, el tribunal citó el informe psicosocial, donde se aseguraba que Jaime Orpis "presenta bajo nivel de riesgo de reincidencia", mientras que la decisión de la Comisión de Libertad Vigilada se sustentó en la existencia de "factores de riesgo de reincidencia".
"Es claro que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación, puesto que eligiendo específicamente párrafos descontextualizados del Informe Psicosocial, omite razonar sobre todos los demás aspectos que el mismo desarrolla y que contrarían expresamente lo concluido finalmente, para al menos, exteriorizar con transparencia las razones por las cuales no se las tendrá en definitiva en consideración", aseveró la Corte.
En esa línea, agregó que "por lo anterior, debe necesariamente estimarse que en la adopción de la resolución impugnada se incurrió en una arbitrariedad, que deviene en ilegalidad, precisamente por falta de motivación".
Jaime Orpis fue condenado a 5 años y un día de presidio por fraude al fisco y 600 días por cohecho, tras ser declarado culpable de recibir dinero en 2013 de Corpesca -la mayor pesquera de Chile- para favorecerla en la tramitación de una nueva Ley de Pesca.
Actualmente está internado en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería.
