En el marco de la votación del anteproyecto de nueva Constitución, la Comisión Experta despachó este jueves el Capítulo III sobre "Representación Política y Participación". Aprobándose así las normas que establecen, entre otros cosas, las órdenes de partidos bajo ciertas circunstancias y herramientas de participación ciudadana, como la iniciativa popular de ley y la iniciativa de derogación total o parcial de ley.
En el capítulo se establece, por ejemplo, que "los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales. Corresponderá a la Corte Constitucional conocer y juzgar estas materias".
Asimismo, se señala que "la ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado". Tema que ha sido objeto de debate.
"Por primera vez existe un capítulo que trata a los partidos políticos que no desconfía de ellos, es innegable que la Constitución de 1980 partió desde la discusión hacia ellos y nos parece que es muy bueno superarlo", dijo el comisionado Juan José Ossa (RN).
Mientras que el comisionado Francisco Soto (cupo PPD), expresó que el anteproyecto "no desconfía de los partidos políticos, no ignora a los partidos políticos en su regulación. Por el contrario, comprende que de la existencia de los partidos políticos representativos y comprometidos con los principios democráticos, dependen en gran medida la buena gobernanza a largo plazo del Estado social y democrático de derecho".
Sobre este punto, el comisionado Carlos Frontaura (cupo republicanos), expresó "me parece que se ha logrado un cierto equilibrio de eliminarlas completamente a llevarlas a una situación excepcional y sobre todo que estén contemplados los casos y procedimientos en la ley, que no sea arbitrario". Y aunque no le convencen las órdenes partidarias, cree que han hecho un buen trabajo en la subcomisión.
Una de las innovaciones del anteproyecto tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el trabajo legislativo. Así se propone que "un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento de dicho padrón, podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución".
Junto a ello, se plantea que "un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al tres por ciento del último padrón electoral, podrá presentar ante el Servicio Electoral una iniciativa de derogación total o parcial de ley, para que sea votada en un referendo, dentro de los sesenta días siguientes de su publicación. Esta iniciativa deberá reunir un apoyo total no inferior al siete por ciento ni superior al doce por ciento del último padrón electoral, dentro de los sesenta días siguientes de la presentación". Ésta última ha generado reparos en parte de la oposición.
"Tengo mis reservas respecto de la iniciativa derogatoria de ley, en cuanto esta pueda favorecer formas de populismo o pueda dificultar la gobernabilidad de la autoridad. Entiendo y comparto el propósito de conexión de la autoridad con la comunidad, pero llamo a tener cuidado con lo que su ejercicio reiterado pueda significar, incluso para los cimientos de la democracia participativa", argumentó el comisionado Hernán Larraín (UDI).
Pese a ello, el artículo 38 donde se encuentra esta norma fue aprobado por unanimidad por los comisionados.
