"Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y los demás tendrán que sumarse”. La frase fue dicha en mayo de 2021 por el abogado Daniel Stingo, antes de asumir como convencional constituyente (en cupo RD), y se ha recordado en las redes sociales estas últimas semanas tras los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales.
La expresión de Stingo reflejaba que, en la Convención, las fuerzas de izquierda y centroizquierda (además de los escaños reservados para los pueblos originarios) eran mayoría y podían aprobar normas por dos tercios sin contar con la derecha, la cual no tenía siquiera los votos para vetar artículos.
Ahora, tras el rechazo a la propuesta de la Convención y con un nuevo proceso en marcha, la situación es completamente distinta. En el Consejo Constitucional —que se instala el próximo 7 de junio— habrá tres bloques: republicanos, Chile Seguro (UDI, RN y Evópoli) y Unidad para Chile (PS, PC, Convergencia Social y RD), además de un escaño del pueblo mapuche. Y la izquierda cuenta con 16 consejeros, número que no les alcanza para vetar normas (requerirían 21 votos).
El resultado y sus posibles consecuencias calaron hondo en las denominadas “fuerzas progresistas”. Mientras comisionados han resaltado los amplios consensos logrados entre derecha e izquierda como una señal al nuevo órgano, hay consejeros electos que reconocen el escenario adverso. “Para la gente de izquierda se nos viene rudo”, expresó la consejera Jocelyn Ormeño (Ind.-PS) el 19 de mayo en un conversatorio del Partido Socialista.
Encuentros y grupo de WhatsApp
En este contexto, los consejeros elegidos de Unidad para Chile ya crearon un grupo de WhatsApp en el que comparten información y han planteado trabajar coordinados como una bancada.
En la última semana, además, han tenido reuniones de coordinación con dirigentes de sus respectivos partidos, a diferencia del proceso anterior, donde hubo abiertas discrepancias entre militantes de partidos de izquierda y sus convencionales. Un ejemplo palpable fueron las críticas de senadores PS a los constituyentes cuando estos últimos apoyaron terminar con el Senado.
El consejero por Aysén Julio Ñanco (RD) cuenta que ha asistido a reuniones tanto con los miembros de su partido como con representantes de Convergencia Social. “Una de las reuniones más relevantes fue la que se hizo a nivel de Unidad para Chile el sábado pasado, donde se manifestó la extrema intención de poder actuar como bloque”, resalta.
En el encuentro —al que asistieron miembros de la Comisión Experta nominados por los partidos oficialistas— también se analizaron los puntos en común con los que llegará el bloque oficialista al Consejo.
Dos días antes, el jueves, se juntaron en Santiago los PC Karen Araya y Fernando Viveros (ambos consejeros electos), el comisionado Alexis Cortés, la integrante del Comité de Admisibilidad Julia Urquieta, el exconvencional Marcos Barraza, y el encargado de la campaña de consejeros de la tienda, Javier Albornoz. Este último explicó en El Siglo que allí abordaron “la manera de incentivar el diálogo con sectores sociales comprometidos y no comprometidos con el proceso constitucional”.
Para Barraza “los mecanismos de participación ciudadana, las audiencias, pero especialmente las iniciativas de norma popular, cobran mucha importancia a la luz de relevar el parecer de las organizaciones sociales y de la ciudadanía organizada”.
Y es que, según comentan desde la izquierda, para ellos serán claves los mecanismos de participación ciudadana. Si una iniciativa popular de norma consigue las firmas necesarias, sería una forma de obligar al Consejo a debatir temas de su interés.
En ese sentido, Ñanco menciona que “el desafío es ese: sin semanas distritales cómo nos vamos a comunicar con los territorios. Necesitamos mantener la conexión con las organizaciones locales”.
Para la consejera María Pardo (CS) también es primordial la participación: “Tenemos que recordar que lo que estamos viviendo es un proceso constituyente. El poder constituyente pertenece al pueblo y (nosotros) somos los representantes del pueblo”. Viveros es más explícito y dice ver en las iniciativas populares “el eje para poder instalar temas clave”.
Respecto de los temas que propondrán en el Consejo, Viveros y Ñanco consideran relevante la descentralización y para Pardo es importante “defender los derechos de las mujeres”. Todos coinciden en la importancia de las 12 bases, en especial la que habla sobre un Estado social.
“Retroceso”
El 12 de mayo, a través de Twitter, la consejera Araya (PC) escribió: “A solo días de que el P. Republicano obtuviese la mayoría de consejeros electos al Consejo Constitucional, ya han dado muestras claras de cuál será su postura en ese órgano al rechazar el aumento del sueldo mínimo (...). Hay que ser conscientes del peligro y retroceso que ellos representan para la democracia y para nuestro país”.
Plantear un escenario de temor frente a republicanos —pese a que su representante en la Comisión Experta ha participado de los acuerdos transversales— es una idea que se repite en distintas declaraciones de consejeros de izquierda. El 16 de mayo, en el programa El Convencional, la consejera Paloma Zúñiga (RD) opinó que “evidentemente el Consejo en el que estoy pretende agudizar el modelo neoliberal”, aunque reconoció que “esa es la impresión del prejuicio que tengo”. “Es el momento de reactivar la unidad de las fuerzas progresistas de Atacama ante la arremetida conservadora”, expresó, por su parte, la consejera PS Marcela Araya, según consignaron medios regionales el 17 de mayo.
Críticas
Mientras los partidos con consejeros elegidos recalcan que buscarán el diálogo en el Consejo, existen dirigentes, organizaciones e intelectuales (como los historiadores Gabriel Salazar y Sergio Grez, y filósofos como Rodrigo Karmy) críticos del proceso.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el programa La Voz de los que Sobran aseguró que artículos en el anteproyecto de los expertos son “bien de 4° medio”, con propuestas que reflejarían que “estamos en un minuto de involución total”.
En tanto, publicaciones de intelectuales de izquierda como Revista Rosa han esgrimido que la elección de consejeros “devela un problema grave en la coalición de gobierno: su lealtad más relevante es con el Estado y su ficcional neutralidad, y no con las mayorías populares o las ideas y principios de eso que se llama izquierda. Esto es lo único que puede explicar la nueva obsesión del oficialismo con la consigna ‘una Constitución hecha en democracia’. Después del domingo (de las elecciones de consejeros), la frase no puede ser más que una cáscara vacía y lista para ser llenada —otra vez— por el pinochetismo”.
