Casi 500 mil personas vieron afectadas su calidad de vida, tuvieron un impacto en su sensación de seguridad y debieron modificar sus rutinas y gastos de desplazamientos producto de 36 atentados incendiarios ocurridos entre el 24 de abril y el 22 de mayo en 17 comunas de la macrozona sur, según revela un estudio realizado por Atisba Monitor. El objetivo de la investigación, explica el arquitecto, urbanista y director de la identidad, Iván Poduje, es establecer patrones comunes en los episodios de fuerza y localidades más afectadas, y determinar cómo estas acciones consolidan o modifican las tendencias de violencia advertidas en los últimos años. En su análisis, Poduje considera "que está ocurriendo una situación muy dramática, porque la gente se está acostumbrando a vivir en este contexto", y detalla que "hemos conversado con personas de esas comunas y nos cuentan que viajan con chalecos antibalas, que evitan transitar por algunas rutas, que se ven obligados a realizar trayectos más largos y, por lo mismo, gastan más en combustible y que, por algunos sectores, como Pidima, en Ercilla, nunca se trasladan niños".
