Durante la tarde de este lunes, la Comisión Experta despachó al anteproyecto una serie de normas sobre los organismos que conformarán el Poder judicial, además de aprobar la creación de una Corte Constitucional, la que reemplazará al actual Tribunal Constitucional.
En esa línea, el artículo 155 señala que "la Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional, autónomo y técnico, cuya función es garantizar la supremacía de la Constitución". Su función es regular la organización, funcionamiento y procedimientos de la carta fundamental. "Asimismo, fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal".
Estará conformada por nueve personas. Éstas serán designadas por la Corte Suprema, que confeccionará una quina tras un concurso público. Luego, de ese listado, el Presidente elegirá a dos nominados, los que pasarán al Senado. Será la Cámara Alta quien deberá elegir a un candidato de ese binomio con una votación de tres quintos de los presentes.
El artículo 159 contempla las atribuciones de la instancia, que básicamente deberá "resolver, por las dos terceras partes de sus integrantes en ejercicio, las cuestiones por infracciones de procedimiento o de competencia establecidas en la Constitución o en la ley institucional del Congreso Nacional y que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley, de reforma constitucional y de los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso".
Al artículo anterior, comisionados de Chile Vamos buscaron renovar una enmienda para incluir dentro de sus atribuciones un mecanismo de control preventivo sustantivo. Para su aprobación necesitaba 14 votos, los que no logró al conseguir 12, faltando el apoyo de expertos de izquierda, centro y la DC.
Ministerio Público
En la instancia también se aprobaron normas sobre el Ministerio Público. En el anteproyecto figura que éste es " organismo autónomo, jerarquizado, que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito".
Su organización seguirá igual a la vigente, con una Fiscalía Nacional que dirigirá su trabajo a través de Fiscalías Regionales.
El Fiscal Nacional seguirá como la máxima autoridad del Ministerio Público. Aunque ahora tendrá un Consejo Consultivo que asesorará al persecutor jefe, quien presidirá la instancia. Estará conformada por el ministro/a del Interior, general director de Carabineros, director general de la PDI, director nacional de Gendarmería, dos académicos universitarios escogidos mediante concurso público y dos ex fiscales regionales.
