El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha estado en el ojo del huracán durante las últimas horas y parlamentarios de oposición han manifestado su inconformidad con la gestión del secretario de Estado.
Malestar que llevó a diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano a anunciar una interpelación contra Ávila mientras que las diputadas del Comité Social Cristiano, Sara Concha y Francesa Muñoz, apuntaron a avanzar a Acusación Constitucional.
Ambas iniciativas ya contarían con las firmas comprometidos para que pudieran prosperar, para la interpelación 52 y para la Acusación Constitucional 10.
La decisión de la oposición surgió a raíz de las diferencias que suscitaron por la guía del Ministerio de Educación sobre "sexualidad afectiva" con ejercicios para niños de kínder. Donde acusaron que existiría "vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".
A esto se sumo la preocupación por la brecha educacional, los índices de deserción escolar y la violencia al interior de los establecimientos educacionales.
No obstante, los dardos contra Ávila no quedaron ahí, ya que el diputado Tomás Lagomarsino ofició al Gobierno por la suspensión de clases en 27 colegios de Valparaíso por la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric que se desarrollará el próximo 1 de junio en el Congreso Nacional.
En el documento presentando el parlamentario explica que "al revisar los perímetros y desvíos de tránsito informados por Carabineros de Chile parece poco razonable la cantidad de colegios que deberán cerrar sus puertas en dicha jornada".
"Conociendo la voluntad y énfasis del Presidente de la República en el tema educacional, no me parece concordante la medida que habría autorizado la Secretaría Regional con la visión del Gobierno", puntualiza el oficio.
