Con la satisfacción de la tarea cumplida, Sebastián Soto, abogado y vicepresidente de la Comisión Experta —que este martes terminó de votar su anteproyecto—, se sienta a reflexionar sobre los vertiginosos últimos tres meses.
Desde el inicio, cuenta, el órgano “buscó construir una Constitución que no le gustara a un grupo o a un partido en especial, sino que fuera un anteproyecto que incorporara diversas visiones”. Y la razón era clara: “No repetir la experiencia de la Convención, que fue excluyente, no convocante”.
Así, afirma que se llegó a un texto mejor que la Constitución vigente por varias razones: “En primer lugar porque
intenta resolver problemas concretos que tiene hoy esta Constitución en diversas áreas, por ejemplo, el sistema político. Segundo,
mantiene disposiciones relevantes para la tradición constitucional chilena. En tercer lugar,
innova, se pone al día con una serie de materias, por ejemplo, nuevos derechos. Cuarto:
logra acomodar en un mismo texto diversas visiones políticas que reflejan el pluralismo de Chile haciéndolo más convocante. Y, por último, el contexto en el cual se ha elaborado este anteproyecto es uno que busca genuinamente acoger e incorporar distintas visiones:
no es la Constitución de los sueños de nadie, pero sí es el texto posible para todos. Es un óptimo colectivo, pese a que no sea el óptimo individual”.
—¿Cuál es ese contexto? Porque no es el mismo que el de la Convención.
—Yo creo que tiene al menos tres facetas. Es una reacción a las prácticas y la forma de deliberar de la Convención que ha marcado a fuego el trabajo de la Comisión y que, espero, siga marcando el trabajo del Consejo para no repetir esos errores. La segunda es el Acuerdo por Chile, de fuerzas políticas de derechas e izquierdas, desafortunadamente no todas, que estuvieron disponibles para pagar costos políticos y, tercera, asumir que tenemos un problema constitucional que debe solucionarse.
—El Partido Republicano, que tendrá mayoría en el Consejo, no firmó el acuerdo. ¿Qué se puede esperar entonces?
—Yo creo que buenos resultados electorales exigen mayor responsabilidad, que es lo que espero del P. Republicano. Lo que hemos visto en las declaraciones de sus líderes es que han decidido asumir con responsabilidad la tarea. Espero que ese tono se extienda por todos los miembros del Consejo para que desde el primer día se aprecie una vocación genuina por escribir una Constitución que sea casa común, lo que puede implicar renuncias de todos los sectores.
—¿Qué aspectos se deben mejorar del texto de la Comisión?
—Yo creo que hay algunos temas que el Consejo debiera mirar con atención ya sea porque no se mencionan o porque pudieran profundizarse. Por ejemplo, algo que se discutió, pero respecto del cual no se avanzó con mayor profundidad es el lugar de los tratados internacionales de Derechos Humanos en el sistema de fuentes del derecho y el modo como estos son aplicados por los jueces. Hoy día en el mundo los tratados internacionales tienen incidencia en la definición de una serie de casos y en el modelamiento de políticas públicas y leyes.
—¿Qué se debiera revisar ahí?
—La relación entre el derecho interno y el derecho internacional, que en Chile ha sido configurada principalmente a través del trabajo de la doctrina y la jurisprudencia, pudiera perfectamente ser guiada de modo mucho más explícito por reglas constitucionales como se hace en otras partes del mundo. Tal vez el Consejo pudiera ahí poner mayor atención.
—¿Hay otros temas que perfeccionar?
—Es que tanto el sector del cual yo formo parte como la centroizquierda plantearon temas que no prosperaron en el texto final. Son parte, como se suele decir al interior de la Comisión, de nuestros dolores. Son estas ausencias, precisamente, las que permiten que el anteproyecto no satisfaga 100% a todos, pero sí sea lo posible dentro de un acuerdo plural. Y entonces ahí yo he mencionado el control sustantivo del Tribunal Constitucional, la libertad de elección en salud, la protección de la vida del que está por nacer. Y la contraparte ha mencionado otra serie de normas que para ellos son importantes como la protección de los animales o el derecho a cuidados, entre otros.
—La exconvencional Marcela Cubillos ha criticado la ausencia de la libertad de elección en salud, que no están la propiedad, herencia, ni inexpropiabilidad de los fondos previsionales, la paridad de salida, la huelga sin negociación colectiva, entre otras. ¿Comparte esas críticas?
—La pregunta creo que no es si a mí o alguien en particular le gusta más o menos una cláusula específica. La exconvencional Marcela Cubillos, a mi juicio, hizo un gran trabajo en desnudar la exclusión que habitó la Convención. Tenemos que aprender de esa experiencia y eso significa que el nuevo texto puede tener cláusulas que a mí no me gusten, pero que nacen de un consenso. Eso nos enseñó en la Convención.
—Se ha dicho que la norma de reemplazo constitucional estaría sembrando la destrucción del propio texto. ¿Por qué incluyeron esta norma?
—Es común en el constitucionalismo global que las constituciones tengan mecanismos de reemplazo que logren equilibrar una tensión entre el eterno retorno, es decir, estar permanentemente discutiendo una nueva Constitución, y el creer que la Constitución nunca dejará de ser funcional. Entendiendo que había que mantener ese equilibrio, nosotros incorporamos un mecanismo que es democrático porque participan la ciudadanía, el Congreso y el Presidente; que es institucional, porque entrega un procedimiento preestablecido, que se configura antes de que llegue la crisis para de esa forma aprobarlo con un velo de ignorancia respecto de a quién beneficia y a quién eventualmente perjudica; y es además un procedimiento que permite descomprimir por medio del paso del tiempo. Es decir, no ocurre en un breve período.
—¿Y cómo evita este eterno retorno?
—A través de una serie de fórmulas y requisitos que exigen una concurrencia de un quorum muy alto de parlamentarios, más el Presidente del momento; que exige la concurrencia de un segundo Congreso que revise lo aprobado por el primero, que exige además, la existencia de bases que se establecerán en ese momento de crisis; también de un grupo que redacte un anteproyecto. Esto es común en el derecho comparado. La Comisión de Venecia sugiere que estos mecanismos de reemplazo se elaboren con ciertas reglas que nosotros seguimos. Países europeos y Estados Unidos los tienen.
—El único capítulo donde un comisionado (Flavio Quezada, PS) rechazó o se abstuvo en todos los artículos es el de Poder Judicial. ¿Es este el capítulo más débil?
—No lo creo. Yo creo que este capítulo nace de un permanente diálogo con el Poder Judicial, de una reflexión teórica y académica y que refleja consensos razonables. El primero es separar las labores jurisdiccionales de las administrativas de la Corte Suprema y el segundo es no concentrar el poder en un Consejo de la Magistratura, que era lo que hacía la Convención y lo que se ha hecho en muchas partes del mundo con muy malos resultados. Se establece un sistema que separa lo jurisdiccional de lo administrativo y transfiere facultades a distintos órganos con integración judicial y externa para evitar la concentración de poder.
—¿Pero no dificulta la administración?
—No lo creo, puesto que cada órgano tiene definidas de modo muy preciso sus atribuciones y hay además una instancia de coordinación. Cada uno va a tener expertise especial y una forma de ejercer sus atribuciones con ciertas cualidades. No veo que haya complejidad en distribuir el poder, de hecho, esa es una máxima del constitucionalismo de todos los tiempos: evitar la concentración del poder.
—¿Cómo evita este texto que los jueces terminen delineando políticas públicas?
—Creo que el principal camino para evitar que los jueces sean activistas es la contención de los propios jueces y su comprensión del rol que tienen. Nosotros podemos poner con letras mayúsculas en la Constitución una serie de disposiciones, pero son los jueces los que tienen que tomar conciencia de su responsabilidad. Dicho eso, la Comisión ha hecho importantes avances para intentar contener a los jueces activistas. El primero es la regulación del recurso de protección donde si bien se amplía a todos los derechos, en algunos como educación, salud, seguridad social, agua y saneamiento, la vivienda, se establece que es el legislador el primer llamado a definir el contenido del derecho y el juez solo debe verificar si se cumple o no la ley. Adicionalmente, en el capítulo Poder Judicial se han incorporado cláusulas que señalan que los jueces no pueden diseñar e intervenir en políticas públicas ni tampoco intervenir en las atribuciones de otros poderes del Estado.
—¿Se terminarían, por ejemplo, esos fallos que ordenan a Fonasa cubrir determinados tratamientos?
—No quisiera definir una aplicación única porque los casos pueden ser diversos, pero es cierto que desde hace algún tiempo los jueces están definiendo gasto público a espaldas de leyes como la Ley Ricarte Soto, que establece un mecanismo para financiar medicamentos de alto costo. Yo esperaría que las normas que hemos incorporado lleven a los jueces a revisar esa práctica.
—¿Permite este anteproyecto enfrentar lo que se ha llamado la crisis de la política?
—Lo que nosotros intentamos es colaborar en resolver problemas de gobernabilidad y para eso hicimos una propuesta con tres pilares. El primero son modificaciones al régimen de gobierno para intentar avanzar hacia lo que se denomina presidencialismo de coalición. El segundo es fortalecer el sistema de partidos políticos porque teníamos convicción de que en democracia no es cierto eso de que “el pueblo unido avanza sin partidos”, y junto con ello, creamos mecanismos de participación ciudadana que permitieran compensar esta forma de tomar decisiones. Y como tercer pilar, corregir malas prácticas de las últimas décadas en la relación Ejecutivo-Legislativo.
—Entre los mecanismos de participación está la iniciativa popular de derogación de ley. ¿Le gusta esa norma?
—Yo confesé en el pleno que esa es una de las normas que más me costó aprobar, pero el comisionado Francisco Soto, quien ha estudiado mucho esto, nos terminó persuadiendo en cuanto a que es un mecanismo que finalmente lo que permite es que al legislar en los temas relevantes, el Congreso siempre tenga el radar puesto también en la ciudadanía (...). Desde el principio miré con distancia esa norma y la aprobé para efectos de lograr una Constitución en que todos se sintieran representados. Era una cláusula muy importante para la izquierda.
—¿Hay artículos que crea que el Consejo no debiese modificar?
—No me atrevería nunca a recomendarles a quienes fueron elegidos por la ciudadanía que no revisaran ni hicieran cambios. Ellos tienen toda la legitimidad y atribuciones para hacerlo. Lo importante es que se pueda discutir, que si se hacen cambios, estos sean por una amplia mayoría y se ponderen las razones por las que se escribieron.
—¿Cuál debe ser la actitud de los comisionados cuando se integren al Consejo?
—Ante todo, de mucha humildad. Explicar y fundamentar, sin pontificar, por qué se tomaron esas decisiones y no otras. Debemos colaborar en el debate de los consejeros, no reemplazarlo ni acapararlo.
—Parlamentarios PS plantearon acotar el rol del Consejo, adelantar el plebiscito e incluir una pregunta sobre el texto de la Comisión. ¿Qué le parece esa idea?
—En el proceso anterior también se planteó la posibilidad de cambiar la pregunta del plebiscito de salida y la Comisión de Venecia sostuvo que no era buena idea (...). La ciudadanía eligió a un grupo de consejeros para hacer su trabajo por un tiempo determinado, sabiendo que el 17 de diciembre debe responderse una pregunta. Creo que no es conveniente ni hoy ni mañana modificar ese itinerario ni las reglas del juego.
—¿Qué pasa si se rechaza la propuesta en diciembre?
—Me parece que el Consejo, junto con tener el deber de mantener el tono también tiene una vocación de mucha más proximidad con la ciudadanía, por lo tanto, creo a través de los mecanismos de participación ciudadana y por la propia vocación de quienes están ahí va a haber incentivos naturales a conectar mucho más con la ciudadanía.
“Yo creo que puede haber algo de ingenuidad al creer que un rechazo resucita con fuerza la Constitución actual. Mi impresión es que un rechazo mantiene vivo el problema constitucional. Lo que Chile necesita es un momento de adhesión a un nuevo pacto político y un rechazo es un momento de distancia. Para resolver nuestro problema constitucional, yo espero que las fuerzas políticas en el Consejo estén disponibles a pagar costos y a transmitirle a la ciudadanía que una nueva Constitución no va a resolver todos sus problemas, pero puede permitir que una vez empecemos a discutir la política pública específica, que es la que de verdad cambia la vida de los chilenos”.
—La última encuesta Cadem mostró que la mayoría se inclina por rechazar en diciembre. ¿Cree que eso se puede revertir?
—A medida que pase el tiempo yo esperaría que la ciudadanía vaya comprendiendo que resolver el problema constitucional es mejor para todos porque los países no progresan si su pacto constitucional es un pacto débil.
“Lograr un plebiscito de salida masivo y unificador a favor del apruebo implica generar un momento de adhesión que permitirá empezar a sembrar mayor legitimidad a nuestras instituciones”.
