A la mesa de la comisión investigadora de indultos llegaron dos informes con conclusiones diametralmente distintas y este miércoles los miembros de la instancia se tuvieron que manifestar sobre los documentos. Por un solo voto, perdió la propuesta de la oposición.
El texto elaborado por Chile Vamos concluía que los beneficios otorgados por el mandatario no cumplían con los estándares legales requeridos, mientras que el del oficiamos descartaba cualquier tipo de irregularidad.
Cabe recordar que la creación de esta comisión fue impulsada por la bancada de Renovación Nacional a raíz de los 13 indultos entregados por el Presidente de la República Gabriel Boric en diciembre del 2022. 12 de ellos correspondían a condenados en el marco del estallido social y el otro fue al exfrentista Jorge Mateluna.
En una reñida votación, el documento presentado por los parlamentarios oficialista alcanzó la mayoría de los votos y este será presentado en la sala y sometido a votación.
El voto clave fue el del diputado Roberto Arroyo (IND), quien a último minuto confirmo su adherencia a la propuesta oficialista. Sumado al voto de Eric Aedo (DC), Jaime Araya (IND-PPD), Lorena Fries (CS), Marcos Ilabaca (PS), Claudia Mix (comunes) y Matías Ramírez (PC), alcanzaron la mayoría necesaria.
Por otro lado, la propuesta de Sofía Cid (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Henry Leal (UDI), Diego Schalper (RN) fue rechazada. A este documento también se sumaron los diputados Cristián Araya (Rep) y Gaspar Rivas (PDG).
"Me ceñí estrictamente al mandato de la comisión, la comisión estaba mandatada para determinar irregularidades dentro en el otorgamiento de los indultos. Pero establecer que hubo ilegalidades, está fuera del mandato, por lo tanto, rechacé el informe de la oposición", argumentó Arroyo.
Por su parte, la presidenta de la comisión, Sofía Cid lamentó la votación de la votación y a pesar del resultado, reafirmó que en la entrega de los indultos "hubo una falta de legalidad en el cumplimiento de la ley de indultos".
"Mateluna no tenía nada que ver con el estallido social y era una persona que ya había sido indultada. En el caso de Castillo, tenía cinco condenas y no cumplía lo establecido en la ley".
Qué dice el documento aprobado
El informe oficialista sostiene que "la tramitación de las solicitudes aquí en cuestión se han sujetado estrictamente a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente, de la misma forma en que se ha venido haciendo en los últimos años y que constituye la práctica administrativa asentada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
Respecto a los informes del tribunal de conducta de Gendarmería, afirman que "estos no son vinculantes en sí mismos, pues la decisión se adopta considerando todos los antecedentes adicionales y el contexto en que se ejerce la atribución en análisis".
Finalmente, aseguran la "inexistencia de irregularidades en la tramitación" y que los indultos en cuestión "han sido correctamente dictados desde el punto de vista del derecho administrativo. Desde el punto de vista de un examen legal, los decretos cumplen con todos los requisitos legales para producir sus efectos".
