Ex ministros, ex subsecretarios e incluso parlamentarios, salieron a desmentir y reprochar los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró este domingo que la Pensión Garantizada Universal (PGU) -que se legisló durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera-, se hizo sin financiamiento.
"La PGU se legisló en enero-febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU, pero al año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este presupuesto, sólo para financiar el efecto año completo de la PGU con el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023", reveló en conversación con Mesa Central.
Karla Rubilar, quien fue ministra de Desarrollo Social en la administración pasada, calificó como "grave" que el secretario de Estado "falte así a la verdad".
Según precisó a través de Twitter, "la PGU quedó completamente financiada, el Congreso veló por ello. Sala cuna también tiene informe financiero y mecanismo propio. ¡Basta ya! Requerimos un debate serio de un ministro que se supone serio".
En la misma línea, Máximo Pavez dijo que como "ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuya función es colaborar con el trámite de proyectos de ley, afirmo que el ministro Mario Marcel falta a la verdad y a la buena fe, diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento".
Agregó que, a su juicio, "se debe disculpar, en especial con el Congreso Nacional, pues insinúa que la ley se aprobó mal. Inaceptable".
Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) señaló en tanto, que el titular de Hacienda "no tiene la razón y no puede tener la razón. Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero, o sea, como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y el financiamiento estaba. Yo me acuerdo que parte de ello era el término de exenciones tributarias".
También desde la Cámara Alta, el senador Luciano Cruz-Coke (EVO)
indicó que "el Gobierno desconoce financiamiento PGU y Sala Cuna Universal, ambos con informe financiero en el Congreso. La mala fe con que se está abordando el debate subraya que la Cámara Diputados tuvo razón en rechazar una mala reforma tributaria que está apoyada en argumentos falaces".
Por último, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "es decepcionante escuchar al ministro Marcel mentir ante todo el país con esta liviandad. Cuando nosotros aprobamos la Pensión Garantizada Universal antes de que terminara el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se mandó un proyecto para aumentar tributos, se aumentó un 2% a los bienes de lujo, se terminaron una serie de exenciones mineras. Además, se puso una sobre tasa a todas las vivienda que tenían un avalúo fiscal mayor a 900 millones de pesos y se agregó IVA a una serie de servicios que se consideran no esenciales, por lo tanto, la PGU actual tiene financiamiento. Lo que no tiene financiamiento es la promesa del Presidente Boric de aumentar a 250 mil pesos la PGU".
Desde el ministerio señalaron que dos entidades autónomas alertaron que PGU no estaba financiada en su totalidad
Frente a las críticas emitidas hacia al ministro Mario Marcel, el Ministerio de Hacienda señaló que dos entidades autónomas de la época alertaron que la PGU no estaba financiada en su totalidad, expresando sus dudas respecto a la sostenibilidad de las cuentas fiscales a largo plazo.
En primer término, la cartera compartió el estudio "Análisis del Consejo Fiscal Autónomo sobre el financiamiento de la PGU" del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En el documento, el CFA indica que "al realizar proyecciones de largo plazo, es deseable que los escenarios consideren hipótesis suficientes y adecuadas para evaluar el régimen de acuerdo con sus objetivos, y que sean coherentes con las perspectivas demográficas, sociales y económicas del país".
Y agrega: "En cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados. A la vez, la deuda neta aumentaría, debido a que la modificación implica un menor flujo de ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad".
"En particular, dada la situación de déficit efectivos proyectados para el período de programación financiera (2022-2026), el aporte mínimo al FRP sería cumplido con mayor endeudamiento y/o con desahorro de activos financieros (e.g. uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, FEES), por lo que la redestinación del 0,1% del PIB anual para financiar la PGU se realizaría de la misma forma", añade el CFA.
A su vez, el estudio realizado por "LarrainVial" expone que "tan solo la mitad del costo del proyecto PGU se financia con ingresos recurrentes. El financiamiento que se propone es incompleto y la generación futura de ingresos no cubriría la provisión para financiamientos comprometidos".
"El proyecto PGU, parcialmente financiado también implica una ausencia de compromiso de la Administración de Piñera por la estabilidad fiscal a largo plazo, ya que la "provisión para financiamientos comprometidos no estaría cubierta por futuros ingresos recurrentes".
Finalmente, "Larrain Vial" señala que "el deterioro El deterioro de las cuentas fiscales de Chile impulsaría significativamente el aumento de la deuda pública, que perfectamente podría llegar a 50% del PIB en 2024, si es que no hay disposición de la Administración Boric por estabilizar las cuentas fiscales".
