El jefe de la bancada de diputados RN,
Frank Sauerbaum, anunció este martes una serie de acciones fiscalizadoras a raíz de los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ocasión en que indicó que en dos regiones son las autoridades son de RD se "utiliza una figura similar" con esta organización.
"Vamos a enviar los antecedentes a Contraloría en dos aristas, primero, la responsabilidad del ministro (Carlos) Montes, porque lo que ha hecho, ha sido pedirle la renuncia al seremi (Carlos Contreras), sin hacer un sumario previo y ha aceptado esta renuncia sin hacer el procedimiento que establece la norma", comentó el diputado RN.
En segundo lugar, Sauerbaum indicó que entregarán también antecedentes sobre "la transferencia de recursos que se han hecho desde el Minvu a esta organización dependiente de RD. Y también respecto de remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado".
En ese contexto, aseguró que "tenemos antecedentes de que esta misma figura, se está utilizando en Revolución Democrática en otras regiones del país y es lo que vamos a investigar. El Ministerio de Vivienda no se puede transformar en la caja pagadora de RD, ni en financista de su proyecto político".
"No le puedo nombrar hoy las regiones, pero hay dos regiones donde los seremis son RD y utilizan una figura similar con esta misma corporación y organización. Además, tenemos antecedentes de que esta organización se ha formado para promover opciones políticas como el Apruebo, por tanto, la investigación debe ser profunda para velar por el buen uso de los recursos públicos", acotó.
El jefe de bancada RN detalló además que enviaron una carta al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, buscando "congelar todos los recursos que la vicepresidenta (Catalina Pérez) utiliza, ya que la figura legal de la suspensión del cargo no existe (...) debió renuncia apropiadamente".
El partido no sólo ha cuestionado la decisión de la diputada Pérez, sino que también que no se avanzara en la censura de la mesa de la corporación, que fue retirada por la UDI.
También enviaron una carta para vitar al ministro de Vivienda, a la comisión de Vivienda de la Cámara.
A raíz de este caso, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, opinó que "estas cosas pasan y van a seguir pasando porque las fundaciones que reciben dineros del Estado no están sometidas a la Ley de Transparencia y tampoco son fiscalizadas por Contraloría. No podemos depender de que haya un periodista o un medio de comunicación que divulgue esto para que podamos ejercer control y fiscalizar. Desde hace mucho tiempo hay varias leyes dormidas; la Ley de Transparencia 2.0 soluciona este tipo de cosas y sigue estando paralizada en el Congreso. Mientras eso no avance, estas cosas van a seguir pasando".