El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
El Mercurio
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la polémica por el convenio suscrito entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi vinculada a su cartera de Antofagasta, ambas lideradas por militantes de Revolución Democrática (RD) al momento de firmar el acuerdo por $426 millones.
"Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existen y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Nuestro mensaje es claro:
esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable", aseguró el secretario de Estado este miércoles.
La controversia surgió debido a que el acuerdo fue suscrito entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD), mientras que el segundo es su actual pareja.
En esa línea, emplazó a la organización a restituir los recursos asignados, y en caso de que lo anterior no se concrete, advirtió que el Ministerio iniciará "un proceso de término para la restitución de los recursos".
"Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición", apuntó, remarcando que "el Gobierno no descarta presentar una querella".
Respecto a las indagaciones, el titular del Minvu comentó que "enviamos un equipo investigador a la región de Antofagasta, para informarnos de todas las situaciones que se están provocando y los antecedentes que lograron recabar, y logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía".
"Esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable"
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo
Junto con ello, indicó que como Ministerio instruyeron un sumario administrativo que tiene por objeto
"esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicados por primera vez en 2019".
En relación a por qué no se detectó antes, Montes expuso que ellos son "críticos del sistema que entrega recursos con una discrecionalidad que no contribuye a un resguardo adecuado de los recursos públicos. Este sistema debe cambiar y los equipos ya están trabajando en aquellos".
Y señaló que "se descartan más irregularidades, nunca se pueden descartar otras posibilidades, no hay indicios definidos de nuevas irregularidades, pero de haber se entregarán los antecedentes a las instituciones que corresponden".
