Imagen de la fachada de la fundación Democracia Viva.
Cristian Carvallo, El Mercurio.
El polémico "caso convenios" que involucra a la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y a la fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática (RD), continúa generando coletazos.
Esta vez tanto Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron medidas a fin de aclarar el caso y que se asuman responsabilidades políticas y administrativas.
En el caso de RN, el jefe de bancada de diputados, Frank Sauerbaum, anunció un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que indague el caso.
"Vamos a hacer una presentación en la Contraloría para solicitar una auditoría de todas las seremías del país, de los programas dependientes de ellos y de todos los recursos pagados a estas organizaciones ligadas al Frente Amplio", manifestó el legislador.
Asimismo, informó que la acción buscará evaluar "la responsabilidad del ministro Montes, por aceptar la renuncia del seremi de Antofagasta sin hacer una auditoría previa, lo que impidió establecer una responsabilidad política y administrativa".
"Además, pondremos estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de la investigación que está llevando de oficio la Fiscalía de Antofagasta. Esto es especialmente grave cuando se trata de recursos que son utilizados justamente para beneficiar a los más pobres, a los que menos tienen, a la gente que vive en campamentos", acotó.
Por su parte, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira adelantaron que mañana solicitarán a la Fiscalía que allane todos los inmuebles que estén en nombre de la fundación Democracia Viva, además de pedir el levantamiento del secreto bancario de los involucrados en la controversia.
Junto con esto, confirmaron que ingresarán una querella criminal por el eventual delito de fraude al fisco.
"Tal como lo adelantamos durante esta semana, mañana jueves vamos a presentar una querella criminal para perseguir todas las responsabilidades penales que puedan existir en este caso. Y en ese marco es que hemos solicitado una serie de diligencias a la Fiscalía, entre ellas levantar el secreto bancario del ex seremi del Minvu y también de la pareja de la diputada Pérez, además de pedir que se allanen las oficinas que tenga a su nombre la fundación, porque todo indicaría que estamos enfrente de una organización política más que social", manifestaron los parlamentarios gremialistas.
Adicionalmente, los diputados pedirán que, además de los dos involucrados y la diputada Pérez, se cite a declarar a los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Camila Vallejo (Segegob) y Carlos Montes (Minvu).
Los primeros dos, para transparentar la relación que mantendrían con dicha fundación, según señalaron desde el gremialismo. Y el tercero, por su responsabilidad como superior jerárquico del seremi que asignó los $426 millones.
"Cuando los tres principales involucrados en este escándalo deciden renunciar a sus cargos, es porque estamos hablando de algo serio que, a nuestro juicio, podría ser constitutivo de delito. Y si la Fiscalía lo entiende así, es indispensable que se adopten cada una de estas diligencias investigativas, hasta llegar a las últimas consecuencias de este caso", reiteraron los diputados UDI, quienes finalmente conminaron al Presidente Boric a presentar una querella, asegurando que "esto también involucra al Gobierno, y él tiene la obligación de hacerse parte de este proceso".
