Una serie de acciones de fiscalización llevarán adelante este jueves las bancadas de diputados de RN y la UDI, esto en el marco del caso sobre los convenios por $426 millones, entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación
Democracia Viva, la cual ha sido ligada a la pareja de la diputada
Catalina Pérez (RD).
A las 11:00 horas, el jefe de la bancada RN Frank Sauerbaum, acompañado de los diputados Ximena Ossandón, Camila Flores y Miguel Becker, José Miguel Castro y Eduardo Durán, llegarán hasta la Contraloría para pedirle un pronunciamiento sobre la responsabilidad del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por aceptar la renuncia del Seremi de Antofagasta, acusando que "es inaceptable que el ministro no instruyera un sumario, reteniendo la renuncia del ex secretario regional ministerial".
"Pareciera existir una lógica de 'impunidad administrativa' instalada por esta Administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones", sostienen en el requerimiento al que tuvo acceso Emol. Por ello, piden al contralor Jorge Bermúdez, que señale si el accionar de Montes "se ajustó al marco legal y los principios que informan el accionar de la Administración del Estado".
En el segundo requerimiento, en tanto, se ahonda en las advertencias formuladas a la Subsecretaría de Vivienda, liderada por Tatiana Rojas, cuando el 2 de mayo pasado, "la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, doña Carla Olivares, envió un correo electrónico a diversas autoridades del Ministerio alertando lo que calificaron como irregularidades en relación con el programa de Asentamientos Precarios. Concretamente, la autoridad gremial transmitía los reparos que existían en el equipo de Asentamientos Precarios, específicamente por la gestión del entonces secretario regional ministerial de Antofagasta, don Carlos Contreras".
Por ello, piden que se "disponga un sumario administrativo destinado a determinar la responsabilidad de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, doña Tatiana Roja Leiva -u otros funcionarios que estime conveniente-, por la falta de diligencia con la que acogió la denuncia de las irregularidades que habrían sido puestas en su conocimiento".
Además, los diputados esperan que Contraloría disponga una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos. Y que se realice una auditoría especial de las trasferencias de recursos por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo en todo el país, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023.
Evópoli oficia a Contraloría
Los diputados Evópoli también pedirán a Contraloría investigar la legitimidad de convenios con otras instituciones, sin fines de lucro a lo largo del país con el mismo modo de operar. Al respecto, el jefe de la bancada, Francisco Undurraga, indicó que "la superioridad moral y escala de principios valores a los que alguna vez hizo mención el actual ministro Giorgio Jackson, quedaron en palabra muerta. Aquí, estamos viendo cómo lamentablemente recursos millonarios que debieran llegar a las personas con mayores urgencias de nuestro país, se quedan entrampadas en una caja pagadora".
"Es urgente que se investigue no sólo en Antofagasta, sino también en otras regiones, ya que hemos identificado el mismo modus operandi en otros proyectos sociales del Minvu", apuntó Undurraga.
En tanto, el diputado Jorge Guzmán, señaló que "entre más información tenemos de las transferencias que ha ejecutado el Minvu a distintas fundaciones del país, más dudas se nos generan, respecto a la correcta ejecución de recursos públicos".
UDI pide levantar secreto bancario a diputada Pérez
Un rato después, a las 11:45 horas, los diputados de la UDI Cristián Labbé, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, arribarán hasta el Centro de Justicia para presentar una querella criminal -contra todos quienes resulten responsables- para que se investiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.
En el escrito, los diputados plantean en el texto que "resulta al menos cuestionable, y de ahí según el parecer de esta parte de que se investiguen los hechos en sede penal, que se hayan desvirtuado fondos relativos a las funciones propias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, en una fundación cuya naturaleza propia es de carácter político, y con sede en Santiago".
"En virtud de lo anterior, tampoco resulta inocua la pertenencia política de las personas encargadas de los órganos involucrados, así como de sus lazos afectivos y personales, toda vez que conforme lo que ha sostenido la doctrina, es precisamente en la reunión de todos los elementos mencionados, en los que esta parte entiende que existen las condiciones para revestir las características de delito", argumentan.
Los legisladores gremialistas además pidieron que se realicen las siguientes diligencias, primero, ordenar el levantamiento del secreto bancario de la diputada Catalina Pérez; de su pareja Daniel Andrade, de Catalina Guzmán, del ex seremi Carlos Contreras y de la fundación Democracia Viva.
También pidieron que se cite a declarar a la diputada Pérez, Andrade, Guzmán y Contreras. Con ello, esperan que se oficie a los siguientes órganos, a fin de que informen de todos los contratos, convenios y operaciones celebrados con la Fundación Democracia Viva: La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ayer, en tanto, el Mercurio informó ayer que los diputados del Partido Republicano, Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya, ingresaron el martes en la tarde una querella por los eventuales delitos de fraude al fisco y cohecho agravado .
