El ministro de Vivienda,
Carlos Montes, abordó la arista del convenio entre el Serviu de Antofagasta y fundación Democracia Viva que tiene bajo particular cuestionamiento a la subsecretaria de Vivienda y militante de Revolución Democrática,
Tatiana Rojas.
Como ha trascendido, Rojas y a una serie de funcionarios de la cartera, se les advirtió el pasado 3 de mayo vía correo electrónico sobre una presunta irregularidad entre el convenio suscrito entre los dos militantes de RD: Carlos Contreras -ex Serviu- y Daniel Andrade -representante de la fundación.
De tal manera, la subsecretaría ha sido apuntada por su actuar, siendo defendida por el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, esta mañana al asegurar que Rojas puso bajo alerta a la cartera y hasta al propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre la irregularidad.
Una cuestión que fue desmentida esta tarde por el secretario de Estado. "El presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a ser una aclaración próximamente, si ya no la hizo en este rato, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena y ella va seguir siendo" funcionaria de la partición, indicó.
En ese sentido, Montes señaló que "la historia hay que conocerla mucho más en detalle porque había un proceso en marcha que yo no conocía, pero había un proceso de recabar información previa a propósito de unas denuncias".
Comunicado ministerio
Complementando las palabras del ministro, el Minvu emanó un comunicado público en el que afirman que Rojas "ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos".
"El 3 de mayo de 2023, al día siguiente de la recepción de un correo de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta y previo a que esto fuera conocido ante la opinión pública, la subsecretaria Tatiana Rojas, solicitó de inmediato al seremi Carlos Contreras, un informe detallado a fin de esclarecer cada uno de los puntos denunciados, entre los que se encuentran posibles irregularidades en la firma del
convenio con la fundación previamente mencionada", apuntaron.
Y añadieron que "tras varios correos de insistencia por parte de la autoridad nacional, el seremi Carlos Contreras envió el informe final con los antecedentes solicitados. La subsecretaria Rojas remite inmediatamente dicho informe al Encargado Nacional del
Departamento de Asentamientos Precarios, junto con la carta emitida por la Asociación de Funcionarios, solicitando realizar un análisis de la situación que oriente futuras medidas y pasos a seguir".
"El Jefe Nacional de Asentamientos Precarios envía dicho análisis a la subsecretaria, realizando una serie de recomendaciones relativas al desarrollo de los convenios suscritos con instituciones relacionadas", añadieron, explicando que "la subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio".
Por tanto, en la cartera aseveraron que "la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, como parte de las responsabilidades que
le corresponden en tanto jefa de servicio, ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y responsabilidades sobre lo ocurrido en la región de Antofagasta".
