Más de una efecto ha surgido con el polémico convenio entre el Serviu de Antofagasta y Democracia Viva. La mirada de la Fiscalía y de escrutinio público está puesta en otras organizaciones que han estado bajo el liderazgo de militantes de RD, o bien, con directivos afines al Presidente Boric y a la línea del Gobierno, que han recibido millonarios recursos de la partición pública para la contención de los campamentos.
La situación ha sido condenada fuertemente en el Congreso Nacional. El senador socialista y presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, Fidel Espinoza, consideró que "esta es una caja de Pandora que debe abrirse y conocerse en su cabalidad. Este puede ser el caso, lamentablemente doloroso para nuestro gobierno, el caso Caval de este gobierno, porque la verdad es que esto es un tema de alta sensibilidad".
Urbanismo Social
Una de las organizaciones en la mira es la Fundación Urbanismo Social, que tuvo como director jurídico durante seis años, y hasta el 2022, al militante de RD, Rodrigo Hernández. El correligionario de Contreras y Andrade es actualmente seremi de Vivienda del Maule.
Según reportó Meganoticias, la organización recibió $941,5 millones entre 2021 y 2022, sumando convenios, fondos concursables y subsidios. Ahora bien, el 91% de estos recursos correspondieron a dineros entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta -que antes comandaba Contreras-, recibiendo un total de $804 millones en 14 meses.
El medio consigna que el 85% de las transferencias recibidas por Urbanismo Social corresponde a convenios con el Serviu de Antofagasta, aún cuando la organización trabaja en siete regiones.
Pidiendo investigar el caso, la diputada Paula Labra (Ind-RN) señaló que "hay al menos un conflicto de interés. Por eso he solicitado al Minvu que entregue información respecto a todas las transferencias de recursos que ha hecho esta seremía a distintas fundaciones, y a la vez, he solicitado al ministro que haga un sumario administrativo para identificar si hay posible conflicto de interés".
ProCultura
La fundación que es liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, tiene 14 años de antigüedad y en ella se desempeñó hasta marzo del 2022 Irina Karamanos. La organización ha sido cuestionada por el pago anticipado de un arriendo en Antofagasta por $54 millones y por la asignación de otros cuatro proyectos en la región que acumulan un total de $500 millones.
En su defensa, Larraín ha sostenido que "no es justo comparar el trabajo de fundaciones consolidadas (...) con organizaciones que surgen porque vieron una oportunidad para lucrar y encontraron el mecanismo para hacerlo".
Sobre Democracia Viva, el psiquiatra cuestionó: "¿Por qué esta fundación pudo obtener estos recursos no cumpliendo, por ejemplo, con el requisito de antigüedad, que a nosotros nos han exigido de al menos cinco años? No lo sé".
Sobre la arista del arriendo anticipado, Larraín explicó que la fundación funciona a través un espacio físico permanente para trabajar y que los contratos los realizan con un solo pago anticipado para negociar mejor el precio. "Tenemos toda la documentación en orden y siempre ha estado disponible", afirmó a La Segunda.
Otras fundaciones bajo el radar
Otra organización que ha caído bajo cuestionamiento es la Asociación Campamento de Ideas. Como consignó la unidad de investigación de radio Biobío, la plataforma ha recibido nueve asignaciones directas por un monto de $797.593.752 de la Seremi Minvu de Antofagasta. Su presidente y socio fundador es Ernesto Espinoza Illanes, quien en sus redes sociales compartió imágenes apoyando al entonces candidato Gabriel Boric.
En el radar también está la Fundación Cultural TomArte, que también recibió dineros para el trabajo en campamentos en Antofagasta. Esta organización estuvo por el "Apruebo" en el plebiscito del 4 de septiembre y recibió de parte de la Seremi Minvu de Antofagasta tres transferencias que totalizaron $400 millones.
