Mientras esta mañana en Antofagasta el ministro de Vivienda Carlos Montes entregaba tres archivadores con información relativa al caso Convenios al Ministerio Público, en Santiago el magistrado Ponciano Sallés, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, acogió a trámite la querella presentada por diputados de la UDI, pero decidió que la causa debía seguir siendo tramitada en la Segunda Región, por considerar que "el principio de ejecución del (...) delito está radicado en Antofagasta".
La acción penal de los congresistas se da en el contexto de la investigación que encabezan el fiscal regional (s) Cristián Aliaga y el persecutor jefe de Antofagasta Cristian Aguilar por las transferencias de recursos a la Fundación Democracia Viva —cuyo representante es Daniel Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez—, mediante tres convenios suscritos por el exseremi de Vivienda de la región Carlos Contreras (RD), que sumaron $426 millones y cuyo uso y rendición aún no están claros.
Así, al resolver la admisibilidad de la querella, el magistrado Sallés plantea que, si bien la constitución de la fundación se materializó en la comuna de Ñuñoa, "los delitos que se atribuyen en la presentación dicen relación que hechos acontecidos respecto de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región de Antofagasta, (...) estimando este juez que el principio de ejecución de los hechos constitutivos de delito se encuentra radicado en Antofagasta, lugar desde el cual se dispusieron los fondos presuntamente malversados".
Por ello, concluye el juez, "me declaro incompetente para conocer de los hechos de la querella, debiendo remitirse al Juzgado de Garantía de Antofagasta por corresponderle le competencia territorial". Aunque, advierte que "si dicho tribunal rechazara la competencia, deberá devolver los antecedentes para la dictación de la respectiva contienda de competencia".
Solicitudes de congresistas de oposición
A la querella de los diputados UDI, se suma la de sus pares republicanos. Ayer el 8º Juzgado de Garantía de Santiago también se declaró incompetente para tramitar el libelo de estos últimos —que igualmente intentaron traer la causa a la capital— y envió los antecedentes a Antofagasta.
Según la presentación del gremialismo "llama la atención la naturaleza y el objeto de los convenios celebrados" y que sean de trato directo, lo cual siempre "debe ser una decisión razonada, cosa que al parecer en este caso no ocurriría".
El documento también menciona que la función de la ONG habría era "la intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios" y que "resulta al menos cuestionable (...) que se hayan desvirtuados fondos relativos a las funciones propias del Minvu en la región de Antofagasta, en una fundación cuya naturaleza propia es de carácter político y con sede en Santiago".
Tanto los querellantes republicanos como RN, en tanto, han expresado públicamente que esperan que sea la máxima autoridad del Ministerio Público la que asuma la instrucción de esta indagatoria, en que tanto Andrade como Contreras tienen calidad de imputados, según informó esta mañana la fiscalía
Allanamientos a dos domicilios
Ahora, mientras se resuelven estas acciones judiciales, continúan las diligencias del caso. Hasta distintos domicilios llegó ayer la PDI para recuperar documentos y aparatos electrónicos de propiedad de Andrade. La fundación que representa, Democracia Viva, está en el centro de las pesquisas por un presunto caso de corrupción con fondos del Estado.
Uno de estos domicilios habría sido el que compartía con su expareja, la diputada Pérez, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pero también se realizó una entrada y registro en un segundo inmueble. Los investigadores buscaban documentos y aparatos electrónicos asociados con Andrade y consiguieron incautar distintos elementos.
En el segundo domicilio, se habría ubicado al representante de la fundación. Conocedores de la diligencia explicaron a este medio que, primero, hubo cierta resistencia, afirmándose que no se trataba de su dirección, pero los policías indicaron que Andrade había usado esa ubicación para un trámite.
